Un nuevo capítulo jurídico surge por la polémica suscitada entre la administración municipal y la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO) ante el inconformismo de los socios mayoritarios quienes reclaman participación en los cuadros directivos.

La disputa está como para ‘alquilar balcones’ en donde el primer mandatario de los ocañeros, Samir Casadiego, califica como un atropello la manera como se manejó la votación nominal por parte del gerente, Gabriel Álvarez, quien defiende su posición e indica que luchará hasta las últimas consecuencias por los intereses de los abonados.

Mientras el alcalde esgrime argumentos jurídicos para retomar el control de los servicios públicos, su contrincante asegura que no hay vuelta de hoja y se está perdiendo tiempo en esa discusión ‘bizantina’.

La discordia

El alcalde convocó a una Asamblea Extraordinaria de accionistas para definir la suerte de la ESPO.

Anunció una herramienta jurídica encaminada a dirimir el conflicto, lograr una mayor participación y defender los derechos de los usuarios en la reunión fijada para el 8 de junio a partir de las 7:30 de la mañana de manera virtual.

“Encontramos en el artículo 25 de la Ley 222 del 95, una figura jurídica llamada la Acción de Responsabilidad Social de los Administradores que permite convocar a una Asamblea Extraordinaria donde se argumenta la pérdida de confianza de los accionistas”, puntualizó el mandatario.

El socio, Fernando Gaona Sánchez, señaló que se debe acabar con esa ‘dictadura’ montada desde el año 2018 y que ha generado desconfianza con grandes consecuencias para los abonados.    

El gerente de la ESPO, Gabriel Ángel Álvarez Duarte, asegura que esa convocatoria no es válida pues el alcalde aceptó hacer parte de la Junta Directiva avalada por la Cámara de Comercio.

Desmiente una posible crisis financiera que supera los 10 mil millones de pesos  y señala que los libros contables están abiertos para demostrar lo contrario.

Buscan una decisión salomónica

El alcalde como mayor accionista con el 33%, coordina con los asesores jurídicos y socios inconformes de la empresa una salida viable a las discrepancias sin afectar a los usuarios.

El punto álgido descubierto durante la Asamblea ordinaria de la ESPO está en el sistema empleado para la escogencia de los miembros de la Junta Directiva. El voto nominal dejó en inferioridad de condiciones a la administración municipal a pesar de contar con la mayoría de las acciones.

“Queremos la participación efectiva para defender los derechos de todos los usuarios y que no se maneje al antojo de un gerente encargado que se ha perpetuado en el poder sin tener el perfil exigido en los estatutos. En tal sentido, se eleva una consulta al ente rector como es la Superintendencia de Sociedades explicando de la manera como veníamos votando y la forma correcta de acuerdo con la ley y los estatutos. Seguimos explorando las posibilidades para salir en la defensa de las 10 mil acciones, buscando el mecanismo más expedito y rápido que ofrece el ordenamiento jurídico para aclarar esa situación que hace tanto daño a la empresa”, indicó el alcalde.

Fue así como, después de una reunión con algunos accionistas de la ESPO en la que se hizo un estudio legal se ofrece el ordenamiento jurídico llamado ‘Acción de Responsabilidad Social de los Administradores’, que permite a los accionistas de una empresa convocar a una asamblea extraordinaria donde se puede argumentar algunos motivos como la pérdida de confianza de los miembros con los administradores, caso que se presenta con la ESPO.