El artículo 115 de la Constitución Política de Colombia señala que “el presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”, sin que ello signifique que sea omnipotente, pues de acuerdo a nuestra constitución rige la independencia de las tres ramas del poder público.
Como si ya el país no tuviera suficientes problemas e inconvenientes como los provocados por la desbocada inflación y la delicada inseguridad -por ejemplo- ahora una crisis institucional a raíz de esta clase de choques lo que hace es enrarecer más el ambiente.
Precisamente, la fortaleza democrática fundada en la autonomía del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, permitió a este último salir en defensa de una sus instituciones como es la Fiscalía y precisarle al presidente Gustavo Petro que malinterpretó el artículo 115 y que él no es el jefe del fiscal Barbosa.
Resultó oportuna, contundente y esclarecedora la intervención del máximo tribunal de justicia en este episodio donde estaba de por medio la estabilidad institucional colombiana, porque al final del día el propio Petro admitió el error en que venía incurriendo.
“Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”, como lo expuso la Corte, denota el monumental boquete que se podría estar abriendo hacia la pérdida de la independencia judicial y su subordinación con el Ejecutivo.
“Desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundamental de la democracia colombiana”, como lo manifestó la Corte Suprema, es de resaltar, porque confirma el fuerte impacto y las consecuencias impredecibles de las palabras dichas por el presidente Petro, cuando aseguró que “el fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.
Y tiene tanta razón la Corte Suprema con su inquietud por la errada interpretación presidencial al artículo constitucional sobre la autonomía del poder judicial, que sus palabras llevaron al fiscal Barbosa a lanzarle una fuerte crítica.
“Si el presidente de la República es jefe del fiscal general de la nación entonces sería básicamente el jefe de todas las cortes, los jueces, los fiscales de Colombia... se cambia el traje de demócrata y se empieza a poner el traje de dictador”.
Para bien de Colombia, al menos por el momento, Petro aceptó el llamado de la Corte Suprema de Justicia. “Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público”.
Esas palabras hay que estarlas replicando para darles la suficiente difusión e interpretación como una promesa del jefe de Estado de ceñirse a lo estipulado en la Constitución de 1991 y en el ordenamiento legal, asunto más que necesario para evitar que se tambaleen los cimientos democráticos que, en lugar de ellos, deben de ser mejorados y reforzados.
Pero igualmente, es importante que se utilicen los canales expeditos entre los poderes públicos para ventilar y tratar cuestiones de alta trascendencia para la vida nacional, y que ahí también la Constitución sea acatada en su artículo 251, para el caso de suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que esté adelantando la Fiscalía, cuando sean necesarias para la preservación del orden público.
Estos cruces de consideraciones, que por el calor del momento terminan siendo contrarias al esquema constitucional, por parte de importantes representantes del estamento nacional tampoco ayudan a buscarle las salidas más favorables para Colombia en estos complicados momentos.
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