Volver a ver en operación del Consulado de Venezuela en Cúcuta nos vuelve a hacer reflexionar sobre el hecho que la ideologización en las relaciones diplomáticas es un elemento nocivo que debe ser retirado, porque los pueblos son los que terminan siendo severamente afectados.

Ojalá muy pronto se reactiven, en el mismo sentido, las agencias consulares colombianas en San Antonio y San Cristóbal, que otrora, antes de que la diplomacia cediera el paso a posiciones irreconciliables e irreflexivas de lado y lado, eran de suma importancia para la vida en frontera.

La culminación del proceso de normalización debiera tener mayor celeridad para que la mayoría de consulados empiecen a funcionar con normalidad y para que los diferentes tratados y acuerdos regulatorios recobren vigencia para la reactivación de la convivencia colombo-venezolana.

El éxodo que ha dejado en Norte de Santander a 206.415 venezolanos, según el reporte a marzo de Migración Colombia, es de por sí un asunto que indica la importancia de contar con la representación de su país habilitada para adelantar trámites y facilitar contactos con quienes dejaron atrás al salir de su terruño.

Esa institucionalidad habilitada es fundamental para muchas actividades que antes eran complicadas de hacer porque no había ninguna clase de contacto expedito que permitiera cualquier diligencia a alguno de los  107.883 migrantes venezolanos que hoy se encuentran en la capital de Norte de Santander.

Dicha entidad, aparte de los trámites relacionados con pasaportes y otros documentos y el apostillado, también estará al tanto de las condiciones de los ciudadanos venezolanos que por violar las leyes colombianas son enviados a las cárceles.

Ojalá que al terminar esta traba de la imposibilidad de tener un punto de contacto directo con las autoridades del vecino país, ayude a solucionar complicaciones que  muchos de los migrantes tienen, especialmente en materia de documentación.

Y así como ya la edificación situada en la avenida Camilo Daza está operando de nuevo, se espera que se levanten los inconvenientes para que vuelva  a fluir el transporte transfronterizo de pasajeros.

Antes de las crisis que se desataron como consecuencia de la ‘guerra fría’ en que estuvieron inmersos los gobiernos de los dos países, por esta zona de frontera era fluido el paso de buses y taxis hacia Ureña, San Antonio, Rubio y San Cristóbal, al igual que hacia localidades nortesantandereanas fronterizas.

En este momento la queja de los empresarios de este servicio público es que en la época en que todo fluía sin problemas, podían adquirir las pólizas contractual y extracontractual, según la norma establecida por la Comunidad Andina (CAN) directamente en Venezuela, pese a que esta no la exigían las autoridades, porque era poco la distancia recorrida dentro del área metropolitana de Cúcuta.

A ellos les causa extrañeza que eso no se reactive y por  el contrario ahora les estén exigiendo que dichos seguros para sus vehículos de placa venezolana les sean expedidos en Cúcuta, donde no hay una normatividad que así lo permita, por el momento.

Lo cierto de todo es que ese ‘limbo’ está favoreciendo la piratería en la prestación del transporte de pasajeros que desde territorio venezolano vienen a Cúcuta, Villa del Rosario, así como en tránsito hacia otras  localidades.

Ahora que se produjo cambio en el Ministerio de Transporte y que el gobierno colombiano ha decidido jugar un papel protagónico para tratar de lograr un entendimiento con la sociedad venezolana   para superar la crisis, es la oportunidad  para que talanqueras como esas sean levantadas y cada día más se recupere y facilite el libre paso por la frontera.

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