La Fundación Ideas para la paz (FIP), elaboró su primer informe del año sobre el comportamiento de la violencia en el país durante los cuatro primeros meses de 2021 y la conclusión principal a la que llegaron los investigadores es que, si bien disminuyó la confrontación entre el Estado y las organizaciones armadas ilegales, los ataques contra la población civil aumentaron, así como los impactos humanitarios.

Según la investigación, los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos delincuenciales que hacen presencia en los territorios, como Norte de Santander, se redujeron en un 47%, mientras que los combates con organizaciones como el Eln disminuyeron en un 48%.

El informe de la FIP señala, igualmente, que las capturas de integrantes el Ejército de Liberación Nacional se redujeron en un 14%, sin embargo, las muertes en medio del conflicto con este grupo armado pasaron de 2 a 8.

Entre enero y abril, los ataques contra la infraestructura y los bienes civiles, así como los hostigamientos y las emboscadas también tuvieron una baja considerable del 58%, en contraste con el mismo periodo de 2020.

De acuerdo con los datos recogidos y analizados por la FIP, la reducción más notoria se dio en las zonas de influencia del Eln, como Norte de Santander. En este departamento se pasó de 32 acciones en 2020 a 11 este año; Arauca tuvo 8 acciones, 8 menos que el año pasado y Cauca tuvo 5, es decir, 13 menos que en 2020.

Los investigadores consideran que esta disminución puede ser resultado de:

-La baja capacidad armada de los grupos ilegales para enfrentar al Estado.

-La presencia de la Fuerza Pública genera un efecto disuasivo y los grupos optan por replegarse y no adelantan acciones que llamen la atención.

-Cambio de estrategia de los grupos armados: tratan de evadir los enfrentamientos directos con la Fuerza Pública para evitar su debilitamiento.

-Presencia en zonas de difícil acceso y de baja intervención de la Fuerza Pública, donde la confrontación es poco frecuente.

-La fácil movilidad entre Colombia y Venezuela ayuda a eludir a la Fuerza Pública.

La FIP encontró que la confrontación en el Bajo Cauca se mantiene, pero en zonas como Nariño y Cauca los enfrentamientos entre los grupos armados disminuyeron en un 44%. En 2020 hubo 26 enfrentamientos de grupos sin identificar, mientras que en 2021 se presentaron 12. 

Con las disidencias de las Farc, el año pasado se presentaron 18 combates, mientras que este año fueron 16. Con el Eln, la cifra pasó de 17 combates a solo uno.

Aumento del impacto humanitario

Pese a estas reducciones, la Fundación Ideas para la Paz advirtió que el impacto humanitario del conflicto ha aumentado significativamente.

Así, por ejemplo, los datos recopilados por los investigadores dan cuenta de que mientras los homicidios a nivel nacional subieron en un 15%, en los municipios priorizados para la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) esa cifra ascendió a 19%.

Para la FIP, el aumento de los asesinatos en estos lugares es preocupante, toda vez que estas son zonas en las que particularmente la presencia de actores armados también está en ascenso, como ocurre en la subregión del Catatumbo.

Según el informe, en Tarazá (Antioquia), los homicidios aumentaron en 87%; en Buenaventura (Valle) 82%, en Santander 72 %, en Tumaco (Nariño) 48 %, mientras que en Tibú (Norte de Santander), el incremento fue del 33 %.

“Comparar lo que ocurrió el primer cuatrimestre de 2021 con el mismo periodo del año anterior no es del todo posible, por las restricciones impuestas por la COVID-19. Sin embargo, el número de homicidios en 2021 es más alto que en 2019 y 2017, lo que confirma la tendencia al incremento”, precisa el informe.

La FIP también alerta en su informe el aumento significativo en el número de víctimas de masacres: 71%. Según la Fundación, esta es la cifra más alta desde 2012.

“No hay un único grupo armado responsable, ni un solo patrón, aunque parte de las masacres ocurrieron en zonas de disputa entre grupos. Contrario a las versiones oficiales, las zonas no siempre tienen presencia de cultivos ilícitos”, señalaron los investigadores.

Los excombatientes de las Farc también siguen en riesgo y los homicidios se mantienen. Solo en este año se han presentado 24 homicidios de exintegrantes de la desaparecida guerrilla, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, un caso más que 2020.

Por otro lado, se incrementaron las víctimas de desplazamiento forzado en un 80%. De 13.000 víctimas en los primeros cuatro meses de 2020 se pasó a cerca de 23.500 en el mismo periodo de 2021, según OCHA. Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia son los departamentos más afectados. 

Entre tanto, el confinamiento en estas zonas subió un 132% y el país pasó de 8.700 víctimas de este hecho a 20.000.

¿Cómo se explica el comportamiento?

Juan Carlos Garzón Vergara, director temático de la FIP, asegura que, si bien la pandemia puede ser una explicación a lo ocurrido en los primeros meses del año, la estrategia de seguridad del Estado, así como la fragmentación de los grupos armados ilegales, juegan un papel central en este fenómeno.

“En el trabajo de campo que hemos realizado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP), alcaldes, líderes sociales, víctimas y pobladores coinciden en afirmar que la presencia de las Fuerzas Militares se ha incrementado, pero que esto no necesariamente se ha traducido en mejores condiciones de seguridad”, señala Garzón Vergara.

El director destaca que los desplazamientos y confinamientos no suelen ser consecuencia de combates y enfrentamientos abiertos y prolongados, sino que se producen por las amenazas de grupos armados ilegales y como consecuencia de hechos de violencia. “En algunos casos, las comunidades se ven obligadas a restringir su movilidad ante la instalación de campos minados”, dice.

Andrés Cajiao, investigador del área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, explicó que en medio de la investigación adelantada pudieron observar que las dinámicas de control que tienen los grupos armados han cambiado a lo largo del tiempo.

Dijo que, por ejemplo, los actores armados tienen poca capacidad de mantener los enfrentamientos, han optado por irse a territorios como la frontera con Venezuela y así evitar la exposición con la Fuerza Pública, pero que han incrementado sus actos de violencia, lo que explicaría el incremento de la fuerza contra la población civil.

“Como no tienen la capacidad de mantener un combate, como lo hicieron en su momento, por poner un ejemplo, las estructuras de las Farc, lo que más hacen estos grupos es llegar a zonas de difícil acceso en donde no hay Fuerza Pública, pero tampoco se enfrentan entre ellos para no debilitarse”, dijo Cajiao.

El investigador aseguró que la violencia no se reduce porque se sigue manteniendo el control territorial de los grupos armados. “Lo que hemos visto en los territorios es que, de alguna manera, esta falta de confrontación de los grupos armados de toda clase ha venido generando que la población tenga una interacción con los grupos armados, entonces, por ejemplo, los desplazamientos forzados están siendo utilizados como forma de mantener ese control territorial”, explicó el investigador.

Cajiao señaló que la violencia contra la población civil se puede explicar también en los resultados operaciones de la Fuerza Pública. “No ayudan las campañas en las que salen mencionando continuamente que los resultados operacionales son gracias a la información recibida por la comunidad. Esto lo que genera es que la población se vuelva un posible objetivo o enemigo, entonces, endurecen las formas de control social”, advirtió.

Dijo que, el aumento de la violencia se explica en que las dinámicas han ido cambiando con el pasar del tiempo y a estos grupos no les interesa crear lazos con la comunidad, ni crear una base social (como por ejemplo lo hacía las Farc), sino que la única forma de control resultan siendo los ataques.

Lo que dice CORE

Ángela Olaya, cofundadora e investigadora de la Fundación Conflict Responses (CORE), piensa que la realidad es distinta. Según su análisis, si aumentan las víctimas, hay más confrontaciones y menos presencia del Estado en zonas marginadas.

“La información que tenemos en CORE es distinta. Para mí no es tan evidente la conclusión de que se haya disminuido la confrontación entre el Estado y los grupos ilegales, creo que se puede hablar de disminuciones cuantitativas, localizadas, pero a nivel nacional la conclusión es distinta. Nosotros lo que hemos visto es que no se podría decir que hay una disminución, sino todo lo contrario, lo que hemos visto es que hay más afectación a la población civil y que han aumentado las víctimas”, sostuvo.

Para Olaya, el impacto humanitario indica que sí hay más confrontación y que contrario a la información de la FIP, “no hay evidencias de aumento de la Fuerza Pública en los territorios a nivel nacional. Nosotros no hemos visto que haya cambiado en relación con 2020. Si se pone sobre la mesa lo que está pasando con las víctimas, lo que implica es que hay menos presencia de la Fuerza Pública, eso es lo que muestran los indicadores humanitarios”.