~La petición, el año pasado, de al menos 16 excomandantes paramilitares pertenecientes al Bloque Catatumbo y al Frente Fronteras, para recobrar su libertad, luego de ser juzgados y condenados bajo la Ley de Justicia y Paz, disparó la zozobra y la incertidumbre.~

andres.gonzalez@laopinion.com.co

Recordar la oleada violenta que protagonizaron los paramilitares en Norte de Santander no deja de quitarles el sueño y de generarles temor y miedo a las víctimas de los escuadrones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La petición, el año pasado, de al menos 16 comandantes paramilitares pertenecientes al Bloque Catatumbo y al Frente Fronteras, para recobrar su libertad, luego de ser juzgados y condenados bajo la Ley de Justicia y Paz, disparó la zozobra y la incertidumbre en las personas y entidades vinculadas a estos procesos judiciales, por un posible nuevo ciclo de violencia en la región, tras la eventual salida de la cárcel de los señalados ‘paracos’.

Y no es para menos. La cifra de víctimas en Norte de Santander asciende a 210.000 personas de las que sus victimarios son los paramilitares que operaron en el departamento entre 1999 y 2004.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, organización defensora de los Derechos Humanos, explicó que Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como ‘El Iguano’, excomandante del Frente Fronteras; John Mario Salazar, ‘El Pecoso’, del Bloque Catatumbo, entre otros, son responsables de por lo menos 5.000 homicidios en el departamento.

Sin embargo, la cifra del accionar paramilitar es aterradora: Norte de Santander sufrió 10.000 actos delictivos, entre masacres, extorsiones y torturas.

Cañizares alertó que existen escenarios de riesgo para la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, las víctimas de abusos sexuales, los reclamantes de tierras y los defensores de Derechos Humanos, al momento en el que los paramilitares recobren su libertad, debido a que estos pueden tomar represalias y, por consiguiente, se generen nuevos hechos violentos en la zona.

Aseguró que en octubre de 2014 se reunió en Bogotá con el ministro de Justicia, Yesid Reyes; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; representantes de la Fiscalía General de la Nación, instituciones de la comunidad internacional, y con delegados de las organizaciones de los Derechos Humanos del país, en donde se analizó, entre otros, la situación del riesgo en la región, y que se abrió el espacio para hacer seguimiento a la situación.

Asimismo, dijo que en diciembre se reunió la comisión y en marzo tendrá un nuevo encuentro.

“Desde el año pasado les hemos planteado al Gobierno Nacional que cuál es el plan de contingencia para evitar esto y no lo tiene”, dijo el defensor.

Según Cañizares, el Gobierno no tiene ningún plan, porque “cree que los que van a salir de la cárcel se van a dedicar a actividades normales como ciudadanos, y no cree que vaya a haber ningún riesgo de violencia”, dijo.

La hipótesis de una nueva ola de violencia, que plantea Cañizares se basa en que situación de ilegalidad y criminalidad en la región, con el narcotráfico y el contrabando, puede facilitarles a los excombatientes de las Auc el retorno a sus actividades delictivas.

“Porque es posible que algunos de ellos o todos se vayan a fortalecer los grupos armados de las bandas criminales o se creen nuevas bandas. Sabiendo que lo ha dicho el Gobierno, de que desde las cárceles muchos de ellos siguen delinquiendo”, precisó Cañizares.

Contrario a lo que expresa el defensor de los derechos humanos, el director de la Fiscalía en Norte de Santander, César Rojas, aseguró que es “apresurado” hacer apreciaciones acerca de que estos comandantes paramilitares reincidan al recobrar su libertad.

“Ellos hicieron compromisos. Se supone que pasaron por un centro carcelario donde se sometieron a un proceso de resocialización. Partiendo de la base de que las cosas son como tienen que ser, ellos salen y tienen que vincularse a una sociedad buena, tienen que contribuir a un proceso de paz, de bienestar y tranquilidad en el país”, dijo Rojas.

No obstante, reconoció que “desafortunadamente” las condenas fueron muy cortas.

Desde su punto de vista, existe la mitad de las probabilidades de que estos paramilitares puedan volver a cometer hechos de violencia, pero que hay que tener en cuenta que ya cumplieron los acuerdos con el Estado y pagaron la pena para saldar su deuda con la sociedad.

Por su parte, el representante de las víctimas de los desplazados en Norte de Santander, Alberto Rojas, expresó la preocupación de esta población por las posibles retaliaciones que se pueden presentar en su contra.

“Estamos preocupados por toda la violencia que se ha venido haciendo. Nos preocupa, pero no vemos salida con estas nuevas normas de la ley. Esperamos que solamente a través del pueblo nos puedan defender de lo que se viene contra nosotros”, dijo Rojas.

‘Es una alerta temprana’

Según el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, lo que se está presentando al Gobierno Nacional es una alerta temprana, para que se tenga un plan que garantice la seguridad y los derechos a las personas que han estado vinculadas en estos procesos judiciales y que, además, fueron blanco de amenazas en el auge del paramilitarismo.

“El temor que hay no es infundado, es real, teniendo en cuenta todos los escenarios de riesgo y la dificultad que tiene el Estado para garantizar que estos paramilitares cumplan la ley, y no delincan”, dijo.

Cañizares aseguró que los riesgos se agudizan, debido a la fuerte presencia en Cúcuta y el área metropolitana de las bandas criminales como los Urabeños y Rastrojos, así como del narcotráfico y las mafias del contrabando.

Asimismo, cuestionó que a pesar de que el tiempo pasa, aún no se conocen los autores intelectuales de los asesinatos de al menos 150 líderes de la izquierda democrática en la región.

Según él, todavá no se tiene ni siquiera una investigación contra más de 100 empresas y comerciantes que estuvieron vinculados a las autodefensas.

Por ahora, la expectativa de estos gremios se centra en que se logre evitar una posible nueva etapa de violencia en Norte de Santander para que, así como los paramilitares pueden retomar su libertad, luego de cumplir los acuerdos con el Estado, estas personas no se conviertan en un blanco del ‘renacer’ de las acciones criminales que azotaron, en el pasado, a lo ancho y largo del departamento.

Una eficaz reincorporación

Para el defensor de los derechos humanos de las víctimas de la violencia, ante un eventual acuerdo del proceso de paz que adelanta el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc, en Cuba, se debe tener un plan de reincorporación eficaz, que permita que los excombatientes se integren a la sociedad para evitar alteraciones del orden público.

Cañizares recordó que hay que fortalecer las garantías de la implementación de los acuerdos que se logren en la mesa de negociación.

Insistió en que para que los acuerdos tengan efectividad en la sociedad civil, se debe afianzar en la reincorporación de los exguerilleros no solamente con garantías políticas, sino que también puedan reconstruir su vida, y tener un trabajo, para que puedan tener las condiciones para adelantar un proyecto productivo que les garantice ingresos y así se cambie el estilo de vida.

Dijo que esto permitiría reducir los cultivos ilícitos que en “los últimos dos años se han triplicado en la región y es el ‘carburante’ más importante  que tienen los grupos ilegales en el departamento”, aseguró Cañizares.

Esto lo denunció el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en el pasado consejo de ministros que se desarrolló en Cúcuta, el 6 de febrero, con la presencia del presidente Juan Manuel Santos.