Mientras buena parte de los colombianos celebraban las festividades de fin de año, el gobierno del presidente Gustavo Petro intentaba dar muestras del avance de su política bandera, ‘la paz total’, con la que busca llegar al fin del conflicto con los diferentes grupos armados ilegales.

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El 31 de diciembre, faltando apenas unos minutos para darle la bienvenida al 2023, el jefe de Estado anunció que había llegado a un acuerdo con cinco organizaciones para poner en marcha un cese bilateral del fuego.

En un comienzo, su declaración generó esperanza y tranquilidad entre los colombianos, pero esa emoción se tradujo después en una suerte de desilusión e incertidumbre, pues el Ejército de Liberación Nacional (Eln) desmintió al mandatario nacional y señaló que el acuerdo anunciado por Petro no existía todavía.

Ante la sorpresiva postura de la guerrilla, el Gobierno suspendió el decreto de cese con ese grupo armado y convocó de inmediato a sus delegados a una reunión urgente en Caracas (Venezuela) que tendrá lugar mañana 17 de enero.

Además de la advertencia de una aparente crisis en el proceso, al fallido intento del Gobierno por avanzar en su apuesta de paz con el Eln se sumó la fuerte crítica de uno de los principales acompañantes de los diálogos: la iglesia Católica. En el editorial del periódico El Catolicismo, le hicieron duros cuestionamientos a esa estrategia y alertaron que en el propósito de consolidar la ‘paz total’ los obispos colombianos podrían terminar siendo usados.

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“Es absolutamente ingenuo pensar que unos grupos que llevan décadas en la guerra, en el narcotráfico, en la trata de personas, en la explotación minera ilegal, es decir, ejerciendo el poder de hecho en amplios territorios y enriqueciéndose a manos llenas, van a renunciar a todo eso porque el presidente de la República habla de ‘paz total’”, dice el artículo.

Pese a lo ocurrido con el Eln, que deja en evidencia las fracturas en la negociación, el Ejecutivo anunció que con las disidencias de la Segunda Marquetalia, el autodenominado Estado Mayor Central, y los grupos Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN) sí se continuaría con el cese bilateral.

El acuerdo señala que las Fuerzas Militares no adelantarán acciones ofensivas en contra de los grupos armados, mientras que estos últimos no atenten contra la población y no cometan hechos violentos.

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Sin embargo, las condiciones del cese y su cumplimiento parecen no estar tan claras para los grupos armados ilegales, pues en los últimos días se conoció que miembros de las disidencias lideradas por Iván Mordisco habrían secuestraron a dos militares.

El primer militar secuestrado fue identificado como el sargento segundo del Ejército, Juan Gabriel Chachinoy, quien fue retenido en cercanías al municipio del Tambo, Cauca, cuando se movilizaba en un bus de servicio público.

El otro militar que estuvo en poder de esa disidencia, pero que ya fue liberado, es el soldado Luis Domingo Morelos González, secuestrado en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, cuando se encontraba de permiso. Frente a los recientes casos, el Gobierno no se ha referido hasta el momento.

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La apuesta del presidente de la República tuvo un tropiezo más la semana anterior, toda vez que la Fiscalía General de la Nación se negó a levantar las órdenes de captura vigentes contra algunos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN), con el argumento de que, siendo grupos delincuenciales y no políticos, no hay posibilidad de negociación sino de sometimiento a la justicia.

¿Está en crisis la búsqueda de la ‘paz total’?

Desde distintos sectores se viene insistiendo en que los tropiezos con los que se ha encontrado el gobierno de Gustavo Petro para consolidar la paz en el país tienen que ver, necesariamente, con los errores, la improvisación y el afán por querer mostrar resultados.

Para el exministro y exnegociador de paz Juan Camilo Restrepo, el manejo de las comunicaciones en este caso ha sido errático.

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“Esto requerirá de mucho cuidado, de mucho esmero en todo lo que se está haciendo. La gran lección que va saliendo de todo esto es que estos temas, por lo delicados, no pueden manejarse a punta de Twitter desde la Presidencia. Para eso existen las mesas conjuntas de trabajo, para eso se están dando los contactos”, explicó Restrepo.

Por su parte, el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, aseguró que, particularmente, el impase con el Eln evidencia que los mismos grupos armados estarían siendo más meticulosos en medio de las negociaciones.

“Hubo un exceso de deseos de pasar a una fase nueva de cese al fuego y no se llegaron a los formalismos, que curiosamente, los grupos ilegales han demostrado más que el propio Gobierno”, expresó González.

El director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo (Cerac), Jorge Restrepo, considera, por su parte, que no se ha contado con las capacidades suficientes para consolidar una de las negociaciones, tal vez de las más complicadas, que se han intentado en Colombia.

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“Es una multiplicidad de conflictos armados, con grupos muy difíciles, y sin una capacidad segura del control que tienen esos grupos de la violencia. La falta de capacidades hacen muy difícil afrontar una negociación tan difícil”, afirmó.

Para el director de la Cerac: “Intentar negociar con grupos que usan la violencia con muchos propósitos requiere unas capacidades legales y judiciales muy importantes. Hay que considerar la necesidad de un dispositivo de la Fuerza Pública que acompañe la negociación”.

Procesos de alta complejidad

El exministro Restrepo asegura que este tipo de conversaciones de paz necesitan protocolos que sean acordados bilateralmente. "Estableciendo compromisos de parte y parte, que todo esto se puede avanzar hacia un mejor escenario, más tranquilo, y pueda Colombia, como lo merece, andar por un camino en mayor concreción en la búsqueda de la paz total".

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El presidente de Indepaz coincide en que hay que hacer énfasis en los protocolos y la verificación. Sobre el rifirrafe que hay entre el Gobierno y la Fiscalía, Camilo González Posso considera que ahí existe una dificultad, “un impase jurídico que tendrían que solucionar, pero que son problemas que forman parte de este camino".

Y desde la Cerac sugieren que frente a la complejidad que rodean estos procesos de paz y acuerdos de cese al fuego, los anuncios en torno a esas negociaciones deben ser más ordenados: "Es una cuestión de orden, de secuencia, de voceros. Es una cuestión más de método, falta de método".

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