La creación de la jurisdicción agraria, una de las tareas pendientes que dejó el acuerdo de paz y que es muy necesaria para resolver los conflictos por la tierra en el país, que han sido una de las principales causas de la confrontación armada, se ha chocado en el Congreso con la discusión sobre si se debe crear o no una Corte que esté a la cabeza de esta jurisdicción.

La propuesta es defendida por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien sostiene que es necesario contar con un solo órgano judicial que concentre todo el tema agrario. Eso implica contar con magistrados especializados en este tipo de litigios, que tienen similaridades con las otras áreas del derecho pero también particularidades que las distancian de los casos civiles o de otro tipo.

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La Corte Suprema de Justicia le salió al paso a esta propuesta, manifestando, en una carta a los miembros de la comisión primera de la Cámara, que la creación de una corte agraria es innecesaria, ya que estas funciones "desde siempre las ha ejercido de manera imparcial e independiente la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Civil y Agraria, en tratándose de conflictos particulares, y el Consejo de Estado cuando la controversia involucra actos administrativos".

De acuerdo con la Corte, la reforma que se tramita actualmente en el Congreso, debería centrarse en la "creación amplia y suficiente de cargos de jueces y magistrados agrarios y rurales".

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La posición de la Corte fue respaldada a su vez por el fiscal general, Francisco Barbosa, quien pidió respeto por la Corte Suprema, y por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que sostuvieron que la existencia de una jurisdicción agraria no implica necesariamente la creación de una corte agraria.

¿Más magistrados o más jueces?

Sobre la necesidad de una jurisdicción agraria no existe mayor discusión. Los expertos coinciden en que una de las principales causas del conflicto armado en el país han sido la informalidad en la tenencia de la tierra y los litigios en torno de ella, que en la gran mayoría de los casos no tienen una solución institucional.

Sin embargo, como lo explica el profesor universitario e investigador Germán Vallejo el análisis que debe hacerse es cuál es el mecanismo más eficaz y más ágil para implementar esta jurisdicción. La creación de una Corte implica "un acto legislativo, ya que eso significa cambiar la Constitución y luego modificar la ley estatutaria de administración de justicia y eso es más demorado y más costoso”.

Por su parte, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), coincide con lo señalado por la Corte: en vez de orientar los recursos a la cabeza de la jurisdicción, deben destinarse a su base, que es donde más se requiere.

“La solución es crear más juzgados, más despachos judiciales en las zonas más lejanas a los centros urbanos sin necesidad de crear una alta corte, quitándole facultades a las que ya existen y que vienen siendo órganos de cierre para estos conflictos”, asegura.

Y plantea otro inconveniente que puede generar la creación de una corte agraria. Si bien, dice, el objetivo sería darle más independencia a la jurisdicción, a lo que puede llevar es a más conflictos entre jurisdicciones.

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“Parte de la base equivocada de que crear una alta corte le daría más independencia (a la jurisdicción) cuando lo que realmente haría es que incrementaría el choque de trenes entre ellas mismas”, agrega.

Y Vallejo advierte que, incluso, la creación de más jueces para esta jurisdicción no es suficiente, pues si en las grandes ciudades existen problemas para acceder a la justicia, aún más los hay en las zonas rurales.

“Los campesinos no confían en la justicia, no conocen sus derechos porque no saben en cuánto tiempo puede ejercer una acción adquisitiva de dominio; ni las rutas de la justicia, a cuál juez acudir o cómo, etc., o cómo contratar un abogado para que les haga una demanda de pertenencia o deslinde, donde lo consigo. Esas son las barreras que tiene la justicia”, dijo.

Por eso, en vez de pensar en crear una corte, con toda la infraestructura técnica y el personal que se requiere, debería pensarse mejor, en su opinión, en desarrollar un sistema de justicia rural que integre a toda las formas de justicia presentes en el territorio como la jurisdicción indígena, los esquemas de justicia afro, campesinas y los conciliadores.

"Todos deberían estar articulados en un sistema de manera que la cobertura sea mayor y que la cercanía al campesino sea mayor y no dejar solo a un juez que se quede esperando a la gente”, señala.

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