Domingo, 1 de Marzo de 2015
La prueba de que el casco de protección de un soldado fue impactado en medio de los combates resultó falsa.
Ningún argumento de la defensa convenció al Tribunal Superior de Cúcuta que confirmó la condena a 35 años de prisión del coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado por uno de los falsos positivos cometidos en Ocaña.
El 21 de abril de 2007 en la página judicial de La Opinión fue publicada la noticia de lo que sería el comienzo de esta historia: El padre de Luis Antonio Sánchez Guerrero, pedía a grito entero que se aclararan los hechos en que su hijo perdió la vida a manos del Ejército en un combate que los militares reportaron en la vereda Agua de la Virgen, zona rural de Ocaña.
El padre alegaba que su hijo, de 27 años, nunca empuñó un arma de fuego y afirmaba que de niño Luis Antonio vendía chicharrones en la calle (por lo que fue apodado Chicharrón) y en los últimos años trabajó como mototaxista.
A la denuncia del padre, hizo frente ante los medios de comunicación el coronel Santiago Herrera Fajardo, entonces comandante de la Brigada Móvil 15, quien ratificó que el occiso murió en enfrentamientos y añadió que pertenecía a las bandas criminales al servicio del narcotráfico. Además, que en los hechos, un soldado se salvó de morir tras recibir dos impactos en el casco de protección.
Según el boletín de prensa emitido por la unidad militar, a Luis Antonio le incautaron una pistola, calibre 9 milímetros y una granada de mano.
El coronel Herrera Fajardo dijo con certeza que tuvieron información precisa de la red de cooperantes lo que ameritó el despliegue de las tropas a dicha vereda.
Así las cosas, el padre del Luis Antonio reclamó el cadáver de su hijo en la morgue del Instituto de Medicina Legal en Cúcuta y lo llevó a sepultar con la incertidumbre que lo amargaba, mientras que la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario inició las investigaciones del caso.
En el orden jerárquico, detrás del coronel Herrera Fajardo estaba el coronel Rincón Amado, como comandante operativo, y el capitán Daladier Jácome Rivera, quienes estaban al tanto de las órdenes de su superior.
Para el 2007, la central de inteligencia militar de la Brigada 15 (Cioca), que tenía asignado el blanco de las bandas criminales, estaba conformado por el mayor Jayson Velandia y como subalternos el sargento Rafael Urbano y el cabo Eduardo Mora. Todos ellos, vinculados posteriormente a procesos judiciales por falsos positivos.
El coronel Rincón Amado cayó en la purga de 27 militares en octubre de 2008 tras el escándalo por el asesinato de civiles en Ocaña traídos del municipio de Soacha (Cundinamarca).
El 10 de marzo de 2014, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cúcuta condenó al coronel Rincón Amado por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y municiones y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautor.
Dicha decisión fue apelada por la defensa del coronel y esta semana, en segunda instancia, el Tribunal la ratificó hallándolo responsable de la ejecución extrajudicial de Chicharrón.
Según consta en el proceso, las declaraciones entregadas por los cabos Eduardo Mora y Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, además del desmovilizado paramilitar John Jairo Pabón Vega y de un reclutador identificado como Víctor Manuel López Manosalva (quien daba al Ejército civiles para matar) fueron pieza fundamental para contarle al país sobre la macabra alianza entre el Ejército y los ‘paras’ de la época al mando del comandante Leo o Manuel.
Según el testimonio del expara, alias Loquillo, quien participó en la muerte de Chicharrón, él le entregó la pistola, enviada por la organización paramilitar, al sargento Urbano para que la colocaran al cadáver de Chicharrón en un intercambio de intereses entre los paras y el Ejército “que consistía en que la agrupación ilegal le daba miembros que ya no les servían o civiles para que los militares los mataran a cambio de que los dejaran delinquir en la zona”, dijo en su declaración.
Todo ello, ejecutado por la presión que los militares decían tener por parte de los altos mandos de entregar resultados operacionales en Norte de Santander.
De forma concreta, Loquillo narró que él contactó a la víctima, a las 6:00 de la tarde, para que le hiciera una carrera en la mototaxi y que iban en el barrio Los Lagos de Ocaña cuando se atravesó un carro del que se bajaron los alias de Eduardo y Giovanni.
Eduardo –dijo- bajo de la moto a Chicharrón y lo subió a un carro Mazda 3, gris y más adelante, en el barrio Junín, lo estaba esperando alias Hitler, como conocían al sargento Urbano (vestido de civil y en una moto), quienes finalmente se lo llevaron y ‘desaparecieron’. Él –precisó- se encargó de llevarse la motocicleta de la víctima hasta un parqueadero donde le quitó la placa.
“El trato que yo tenía con Hitler era de darle información, entregarle armas, dinero y personas para los llamados ahora falsos positivos (…) las armas las mandaba el comandante Manuel (…) Hitler siempre manifestaba que las órdenes venían de la Casa Grande o los papás refiriéndose a los coroneles de la Móvil 15 que eran los coroneles Herrera Fajardo y Rincón Amado. Hitler decía que colaboráramos sino la arremetida sería contra nosotros”, señaló Loquillo en su declaración.
Por su parte, el cabo Mora contó ante el estrado que le tenía miedo al sargento Urbano, pues era el hombre de confianza del coronel Rincón Amado, quien lo amenazó para que no lo delatará a él ni a los demás procesados.
Por su parte, el mayor Velandia, quien estaba a cargo de la oficina de inteligencia, relató que su firma fue falsificada en la orden de operación y que sus subalternos reportaban directamente las informaciones a los coroneles.
El cabo Gutiérrez Salazar confesó que de los coroneles Rincón Amado y Herrera Fajardo, surgió la idea de los falsos positivos.
Por estos hechos, el sargento Urbano fue condenado a 32 años de prisión y el coronel Herrera Fajardo enfrenta un juicio por los mismos delitos del coronel Rincón Amado.
La prueba de que el casco de protección de un soldado fue impactado en medio de los combates resultó falsa.
hugo.gonzalez@laopinion.com.co
Ningún argumento de la defensa convenció al Tribunal Superior de Cúcuta que confirmó la condena a 35 años de prisión del coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado por uno de los falsos positivos cometidos en Ocaña.
El 21 de abril de 2007 en la página judicial de La Opinión fue publicada la noticia de lo que sería el comienzo de esta historia: El padre de Luis Antonio Sánchez Guerrero, pedía a grito entero que se aclararan los hechos en que su hijo perdió la vida a manos del Ejército en un combate que los militares reportaron en la vereda Agua de la Virgen, zona rural de Ocaña.
El padre alegaba que su hijo, de 27 años, nunca empuñó un arma de fuego y afirmaba que de niño Luis Antonio vendía chicharrones en la calle (por lo que fue apodado Chicharrón) y en los últimos años trabajó como mototaxista.
A la denuncia del padre, hizo frente ante los medios de comunicación el coronel Santiago Herrera Fajardo, entonces comandante de la Brigada Móvil 15, quien ratificó que el occiso murió en enfrentamientos y añadió que pertenecía a las bandas criminales al servicio del narcotráfico. Además, que en los hechos, un soldado se salvó de morir tras recibir dos impactos en el casco de protección.
Según el boletín de prensa emitido por la unidad militar, a Luis Antonio le incautaron una pistola, calibre 9 milímetros y una granada de mano.
El coronel Herrera Fajardo dijo con certeza que tuvieron información precisa de la red de cooperantes lo que ameritó el despliegue de las tropas a dicha vereda.
Así las cosas, el padre del Luis Antonio reclamó el cadáver de su hijo en la morgue del Instituto de Medicina Legal en Cúcuta y lo llevó a sepultar con la incertidumbre que lo amargaba, mientras que la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario inició las investigaciones del caso.
Culpable
En el orden jerárquico, detrás del coronel Herrera Fajardo estaba el coronel Rincón Amado, como comandante operativo, y el capitán Daladier Jácome Rivera, quienes estaban al tanto de las órdenes de su superior.
Para el 2007, la central de inteligencia militar de la Brigada 15 (Cioca), que tenía asignado el blanco de las bandas criminales, estaba conformado por el mayor Jayson Velandia y como subalternos el sargento Rafael Urbano y el cabo Eduardo Mora. Todos ellos, vinculados posteriormente a procesos judiciales por falsos positivos.
El coronel Rincón Amado cayó en la purga de 27 militares en octubre de 2008 tras el escándalo por el asesinato de civiles en Ocaña traídos del municipio de Soacha (Cundinamarca).
El 10 de marzo de 2014, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cúcuta condenó al coronel Rincón Amado por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y municiones y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautor.
Dicha decisión fue apelada por la defensa del coronel y esta semana, en segunda instancia, el Tribunal la ratificó hallándolo responsable de la ejecución extrajudicial de Chicharrón.
¿Cómo ocurrió?
Según consta en el proceso, las declaraciones entregadas por los cabos Eduardo Mora y Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, además del desmovilizado paramilitar John Jairo Pabón Vega y de un reclutador identificado como Víctor Manuel López Manosalva (quien daba al Ejército civiles para matar) fueron pieza fundamental para contarle al país sobre la macabra alianza entre el Ejército y los ‘paras’ de la época al mando del comandante Leo o Manuel.
Según el testimonio del expara, alias Loquillo, quien participó en la muerte de Chicharrón, él le entregó la pistola, enviada por la organización paramilitar, al sargento Urbano para que la colocaran al cadáver de Chicharrón en un intercambio de intereses entre los paras y el Ejército “que consistía en que la agrupación ilegal le daba miembros que ya no les servían o civiles para que los militares los mataran a cambio de que los dejaran delinquir en la zona”, dijo en su declaración.
Todo ello, ejecutado por la presión que los militares decían tener por parte de los altos mandos de entregar resultados operacionales en Norte de Santander.
De forma concreta, Loquillo narró que él contactó a la víctima, a las 6:00 de la tarde, para que le hiciera una carrera en la mototaxi y que iban en el barrio Los Lagos de Ocaña cuando se atravesó un carro del que se bajaron los alias de Eduardo y Giovanni.
Eduardo –dijo- bajo de la moto a Chicharrón y lo subió a un carro Mazda 3, gris y más adelante, en el barrio Junín, lo estaba esperando alias Hitler, como conocían al sargento Urbano (vestido de civil y en una moto), quienes finalmente se lo llevaron y ‘desaparecieron’. Él –precisó- se encargó de llevarse la motocicleta de la víctima hasta un parqueadero donde le quitó la placa.
“El trato que yo tenía con Hitler era de darle información, entregarle armas, dinero y personas para los llamados ahora falsos positivos (…) las armas las mandaba el comandante Manuel (…) Hitler siempre manifestaba que las órdenes venían de la Casa Grande o los papás refiriéndose a los coroneles de la Móvil 15 que eran los coroneles Herrera Fajardo y Rincón Amado. Hitler decía que colaboráramos sino la arremetida sería contra nosotros”, señaló Loquillo en su declaración.
Por su parte, el cabo Mora contó ante el estrado que le tenía miedo al sargento Urbano, pues era el hombre de confianza del coronel Rincón Amado, quien lo amenazó para que no lo delatará a él ni a los demás procesados.
Por su parte, el mayor Velandia, quien estaba a cargo de la oficina de inteligencia, relató que su firma fue falsificada en la orden de operación y que sus subalternos reportaban directamente las informaciones a los coroneles.
El cabo Gutiérrez Salazar confesó que de los coroneles Rincón Amado y Herrera Fajardo, surgió la idea de los falsos positivos.
Por estos hechos, el sargento Urbano fue condenado a 32 años de prisión y el coronel Herrera Fajardo enfrenta un juicio por los mismos delitos del coronel Rincón Amado.
