Cuando los habitantes del Catatumbo muestran preocupación y desconcierto porque la implementación del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, en materia financiera aparece cada vez más embolatada, llega un alivio desde el sector de las regalías.
El inquietante panorama lo dibujan los 125 años que se tardaría el Estado para indemnizar a las víctimas del conflicto y porque el dinero es insuficiente para programas como el de la sustitución de cultivos ilícitos, por ejemplo.
Se debería, para claridad del país y de la comunidad internacional que ha hecho aportes, hacer un detallado balance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en los últimos cuatro años, contrastando las cifras con la realidad en el terreno.
Mientras algo así sucede y se buscan más financiación y apoyos externos, quién lo creyera, pues las regalías siguen siendo una fuente importante para apoyar a poblaciones martirizadas por más de medio siglo de conflicto.
Y decimos quién lo creyera, por aquello de que en las esferas del alto gobierno al extractivismo se le ve como un problema, pero en este momento y en el futuro próximo, debe seguir siendo una buena fuente de ayuda y no solo para la paz.
Así lo confirma lo ocurrido en la sesión 66 del OCAD-Paz que le dio luz verde a 55 proyectos por $163.197 millones que serán financiados con regalías, para beneficio de 500.000 habitantes en 16 departamentos.
Dentro del paquete figuran 13 planes por $43.000 millones para comunidades rurales vinculadas a los PDET en seis subregiones afectadas por la violencia y la pobreza.
Por sectores de inversión, el rubro más alto corresponde a minas y energía con 22 proyectos por $76.000 millones, seguido por transporte con $50.000 millones, luego vivienda, ciudad y territorio con $18.000 millones y $9.000 millones para educación.
Los departamentos de las poblaciones beneficiadas son Antioquia, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Tolima.
En esa reunión que contó, entre otros delegados al OCAD Paz, con la participación del gobernador Silvano Serrano, se expusieron un par de planteamientos que abrirán nuevas ventanas al debate sobre la financiación del Acuerdo de Paz.
Uno, que según Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, “este gobierno recibe $1.6 billones menos en el OCAD Paz que fueron adelantados por el gobierno del expresidente Iván Duque para el cuatrienio 2023-2026”.
Y dos, la presentación de la propuesta metodológica con los criterios de priorización de los proyectos de las fuentes de asignación para la paz y del ahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Pensionales (Fonpet).
Vendrá, entonces, una interesante deliberación sobre la mejor forma de priorizar los proyectos en este sentido, fundamentada en unas reglas de distribución más equitativa de los recursos de regalías destinados para la raquíticamente financiada implementación del Acuerdo de Paz.
