A la reapertura del comercio bilateral colombo-venezolano por esta zona de frontera, aparte del necesario balance sobre el movimiento de mercancías y la generación de divisas, también se le debe poner en el otro fiel de la balanza los asuntos que pueden estar generando hechos perturbadores.
Es indispensable que, bien sea a nivel de Cancillería o mediante intercambio de información de los ministerios de Defensa y de Comercio de los dos países haya claridad en torno a la delicada denuncia dada a conocer por el diputado Juan Carlos Palencia de la Comisión de Fronteras de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Según él, tractomulas cargadas de mercancías importadas que ingresan desde Colombia hacia ese país por las aduanas de San Antonio y Ureña están siendo asaltadas en el trayecto entre Valencia y Caracas, por ejemplo, por parte de bandas que tendrían la complicidad de miembros de los cuerpos de seguridad y defensa.
Eso ocurre en unas vías en las que se cuentan hasta 189 alcabalas desde el municipio Bolívar, en el Táchira, hasta Caracas, donde se supone que las autoridades deben ejercer los controles y la vigilancia requeridas para evitar inconvenientes en las vías.
“Pero esas alcabalas no sirven para nada, queda demostrado, porque si roban en la Autopista Regional del Centro y secuestran las gandolas, quiere decir que solo están pendiente es de la matraca y hostigar a los empresarios”, según la afirmación del dirigente.
Hechos como el referenciado ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de ese país, en el sentido que los encargados de interceptar las tractomulas son dos motorizados de la Guardia Nacional y luego llegan los vándalos a saquear y secuestrar a los conductores, debe conducir a una reacción inmediata del gobierno venezolano.
Estos casos pueden derivar en un desaliento por parte de los importadores de ese país que adquieren productos colombianos que son negociados cumpliendo todos los requisitos, pero que ahora se ven expuestos a este riesgo, que puede llegar a afectar el proceso de reanimación del intercambio comercial de los dos países.
Lo narrado hace recordar el informe de Transparencia Venezuela sobre las economías ilícitas en ese país y donde las alcabalas aparecen como una fuente generadora de recursos ilegales por intermedio de la extorsión.
El informe en el que participó Ecoanalítica, con datos al primer trimestre del año pasado, dice que la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana son las más mencionadas en relación con las extorsiones en las vías del vecino país, seguidas por las policías municipales y la estatal.
Además, el reporte contempla otro dato interesante, que se resume en los siguientes términos en cuanto a los puestos de control en las carreteras:
-La sistematización de los datos permitió́ identificar 322 puntos de control ubicados sobre las troncales y vías regionales, distribuidos así: 223 de la Guardia Nacional Bolivariana, 55 de la Policía Nacional Bolivariana, 33 de las policías estatales, 3 de las policías municipales, 3 de la policía judicial y 3 del Ejército Bolivariano.
Luego sí hay suficientes elementos que permiten elevar aunque sea una nota de inquietud o de pedido sobre la necesidad de combatir la corrupción de los organismos de seguridad venezolanos, con el propósito de evitar que su escalonamiento pueda llevar al traste la recuperación a niveles importantes de las importaciones y exportaciones entre Colombia y Venezuela, puesto que esos delitos son enemigos peligrosos para el comercio bilateral.
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