Hasta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) encuentra en sus mediciones que los habitantes de Cúcuta no la pasan muy bien en materia de seguridad, resultando elocuente que un día después del ataque con explosivos en el parque Mercedes Ábrego se revelaron los datos de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
La conclusión es dramática: los cucuteños no se sienten seguros ni en la calle ni en los buses ni en las busetas.
La ciudad ocupó el décimo lugar nacional con el 62,9% de los encuestados expresando su sentimiento de inseguridad en la vía pública y el octavo lugar con un 48,8% que no percibe ningún tipo de seguridad en el servicio de transporte urbano, grupo que es encabezado por Bogotá (81%), Bucaramanga (70,4%), Barranquilla (68,5%), Villavicencio (65,2%), Cartagena (65,1%), Cali (62,2%) y Pasto (52,6%).
¿Entonces? Los habitantes de esta zona de frontera creerían que si el organismo nacional que mide las situaciones que afectan a la sociedad detecta esa complicada situación, lógicamente ministerios como el de Defensa y el Interior, tendrían que usarlos para enfrentar el problema de inseguridad.
Sin embargo, por los hechos ocurridos en la ciudad en por lo menos los últimos doce meses, indican que ni nacional ni localmente el Gobierno ha tomado las medidas acertadas desde el campo de la operatividad, la inteligencia, el control y la inversión en tecnología de vigilancia.
Tristemente, lo que gritan las estadísticas se está cumpliendo al pie de la letra, o sea, cada día más hay atracos en las busetas, mientras que en la calle se está expuesto al robo del celular y de otras pertenencias y además a ser víctima inocente de ataques con artefactos explosivos que están ocurriendo en vías de alta congestión vehicular y de personas y, lo que es peor, a pocas cuadras de la Alcaldía.
Por tal razón, un reciente pedido hecho desde el Concejo de Cúcuta al ministro de Defensa, Iván Velásquez, a la final resulta inoficioso, porque él se presume debe tener a profundidad todos esos datos recogidos por la encuesta de seguridad y convivencia, al igual que los reportes del Ejército y Policía, aunque parece no importarle mucho.
¿Para qué otra reunión aquí de los altos mandos militares con presencia de varios ministros? Las condiciones de alto riesgo de inseguridad que tiene la capital de Norte de Santander no se arreglan con más consejos de seguridad sino con medidas contundentes que deriven en cerrar las venas rotas que han permitido el desbordamiento del problema.
Si allá en Bogotá, en el centro del poder saben qué nos está pasando, pues se supone que estas encuestas tienen que servir como elemento base para sus determinaciones que garanticen la seguridad al ciudadano, porque de lo contrario, esas mediciones tendrán el destino de convertirse en testimonio mudo de la descontrolada acción del hampa común y organizada en el país y la región fronteriza con Venezuela.
La guerrilla, el narcotráfico, las bandas criminales y el llamado multicrimen sumado al microtráfico y a la ocurrencia de los demás delitos, como la extorsión y el sicariato, es un coctel que necesita de manera urgente y rápida las más fuertes decisiones en cuanto a patrullajes combinados, pago de recompensas, cerrar los caminos a la impunidad e insistir en una coordinación con el vecino país, puesto que la frontera porosa es tierra fértil para el delito.
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