La Ley 724 de 2001 estableció el Día de la Niñez y la Recreación para homenajear a la niñez colombiana y con el propósito de avanzar en la sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a los niños y niñas para garantizarles su desarrollo armónico e integral.
Atendiendo lo expuesto en un aparte del artículo segundo de la citada norma- que habla de la generación de espacios de reflexión sobre la niñez entre los adultos- hay situaciones que delinean una compleja realidad para los menores de edad en el país.
Vale la pena tener presente que aunque hay una línea descendente en la tasa de trabajo infantil en Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, correspondiente al cuarto trimestre de cada año entre 2012 y 2022, todavía hoy están en esa condición 5.000 niños, como lo reportó el DANE.
Si a esto lo tratáramos en términos de una competencia, diríamos que tenemos la ‘medalla de bronce’ en el orden nacional, con el 2,3%; Popayán sería oro con 2,7% y Cali plata con 2,4%.
Sin embargo, hay un elemento que dispara todo, como es el de aquellos que ejercen labores domésticas no remuneradas en su hogar, por 15 horas o más en la región, la cantidad se trepa a los 15.000, según la estadística oficial.
Entre las razones para que ellos tengan que trabajar se encuentran la de participar en la actividad económica de la familia, ayudar con los gastos de la casa y costearse el estudio.
En este campo la celebración debería servir para que los gobiernos nacional y regional den las garantías y la estabilidad necesaria para que los derechos de los niños a la educación, la salud, bienestar y recreación no se queden en declaraciones o enunciados normativos.
Si esto no bastara, el Día de Niño se encuentra con otro tropiezo igual o más delicado, porque en él la vida de quienes apenas empiezan a disfrutarla queda altamente comprometida.
A la representante Especial del Secretario General para los Niños y el Conflicto Armado de la ONU, la Defensoría del Pueblo le hizo llegar una advertencia sobre el aumento del riesgo de reclutamiento de niñas y niños en Colombia. La Defensoría se refirió a lo ocurrido el primero de abril en Tibú donde presuntos miembros del Eln fueron fotografiados con niños. En ese sentido, el defensor Carlos Camargo envió un anexo con las imágenes “en las que las infracciones del principio de distinción son evidentes, así como la instrumentalización de menores de edad que configura un crimen de lesa humanidad”.
Si este grupo guerrillero en realidad quiere avanzar en un proceso para la desactivación del conflicto armado, le ha llegado la hora para que no solo prometa sino que comprometa a cesar este tipo de hostilidades contra la población civil y le ponga término a la práctica de enrolar, por la fuerza, a menores en sus filas.
Tristemente esto no es solamente de ahora. La Unidad de Víctimas de Colombia, en un informe relacionado con 1985 y 2021, el conflicto armado en el país afectó a más de dos millones de niños, niñas y adolescentes a través del desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento, el abuso y la violencia sexual, entre otros.
Entendamos que no solamente son regalos. Ni fiestas. Hay muchas cuestiones de fondo que tienen que ver con las estrategias y políticas nacionales que muestran protuberantes fallas para garantizarles el presente y futuro a nuestros niños.
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