Que la aplicación de la justicia en Colombia opere de manera eficiente contra el terrorismo es una forma de combatir a las organizaciones que mediante estas tácticas intentan poner contra la pared a la institucionalidad y atemorizar a  la población como ha ocurrido en los últimos años en Cúcuta.

Debe  destacarse que ya sean tres los condenados, hasta el momento, por el atentado contra el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, en el que murieron dos técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional cuando atacantes al servicio de la  disidencia de las Farc activaron dos maletas-bomba en diciembre de 2021.

Evitar la impunidad a toda costa para esta clase de acciones criminales es fundamental para  responderles con toda la fuerza de las normas penales y del aparato judicial en firme, en perfecta coordinación con los organismos investigativos que laboriosamente logran desenredar la madeja hasta llegar a los perpetradores.

En este caso, por el momento, estamos hablando de los autores materiales de esta osada acción dinamitera que iba dirigida contra aeronaves del Ejército que se encontraban en la plataforma del Camilo Daza, lo cual prueba la magnitud del plan ideado y financiado por el frente 33 de las Farc que  hace presencia en Norte de Santander.

Es destacable, igualmente, la tarea de intensa y cuidadosa investigación desarrollada por el grupo especial que la Dijín envió desde Bogotá a Cúcuta para detectar todos los rastros y las conexiones que condujeron a descubrir el entramado montado por esa organización guerrillera que ‘contrató’ a una banda de delincuentes de Medellín para que viniera a ejecutar la  operación.

O sea, estamos hablando que este grupo que se distanció del acuerdo de paz de las desmovilizadas Farc está ‘subcontratando’ delincuentes para que cometan los atentados y de esa forma intentar borrar o hacer más complicado que las confusas pistas puedan conducir hacia sus cabecillas en calidad de autores intelectuales.

Finalmente, la Fiscalía precisó que en los campamentos de Jhon Mechas y Darwin, máximos líderes de este grupo armado ilegal, en la frontera con Venezuela,  se entregaron las instrucciones  para la preparación y manipulación de los dos explosivos usados en el atentado.

Aunque todavía no se puede cantar victoria, porque los máximos responsables todavía no son llevados ante los estrados para que respondan por terrorismo y homicidio agravado, entre otros, la ciudadanía espera que ojalá  se empiecen a dar resultados concretos para los casos de la granada y el artefacto explosivo que recientemente estallaron en Cúcuta.

Ya sabemos los detalles, pero es determinante que a los estrados vayan quienes siembran el miedo y la zozobra en la ciudad, porque solo cuando la delincuencia y el terrorismo advierten que el brazo de la justicia los alcanza en donde se encuentren y los somete, ellos quedan notificados que ya no resulta muy fácil por los caminos de la impunidad.

En estos momentos en que la capital de Norte de Santander insiste en más seguridad, noticias como las condenas a casi de 30 años de prisión a varios de los implicados en el ataque al aeropuerto producen un alivio pero al igual elevan la ansiedad  ciudadana y el nivel de exigencia para a las autoridades policivas y judiciales con el fin de que esclarezcan y lleven a la cárcel a los autores de los reciente casos.

Saber que por 20 papeletas de basuco un habitante de calle llevó el explosivo hasta el sitio en que se cometió el atentado en el parque Mercedes Ábrego  advierte los riesgos en los que está una ciudad con elevado microtráfico y consumo de drogas  y como ya, las bombas suenan más cerca del parque Santander y la Alcaldía.

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