Dentro de las filosofías que hacen parte de la estrategia de gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra la defensa, preservación y conservación del medioambiente, línea de acción dentro de la que deben de estar, obviamente, los ríos como fuente natural de vida.

Será bueno conocer como encajará Norte de Santander en esa materia, al conocerse recientemente que el famoso proyecto para construir las plantas de tratamiento de aguas residuales en la región, podría quedarse en veremos, porque el pasado gobierno no le asignó recursos y del actual mandato no se sabe nada sobre el particular.

Es decir, los ríos Pamplonita y Zulia, ambos alimentadores importantes de dos acueductos y que bañan a varios municipios del departamento, parecen continuar condenados a la contaminación  con las aguas servidas que arrojan los habitantes.

Lo anterior se sintetiza en la siguiente lapidaria afirmación del director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Gregorio Angarita Lamk: “Corponor siempre dijo que a partir del 7 de agosto del año pasado era casi un imposible poner la primera piedra de las PTAR, y hoy los hechos nos dieron la razón”.

¿Cómo así?  ¿Qué sucedió? ¿Luego ya no se vislumbraba un apoyo gubernamental para salvar a la región de esta  emergencia sanitaria y ambiental?

Aquí es indispensable el contexto para luego entrar en la cruda realidad. Recordemos que el entonces ministro de Vivienda, Jonathan Malagón de la administración del expresidente Iván Duque, afirmó que aquí padecemos algo semejante a lo sucedido en África subsahariana.

Según su afirmación que ha  quedado sonando, pero lamentablemente sin convertirse en nada concreto, mientras en el país en un 43 por ciento se tratan las aguas negras, en Norte de Santander se hace solo con el 5 por ciento, lo que quiere decir que el 95 por ciento va derecho a los ríos tal como sale de las viviendas,

Es preocupante  que a estas plantas les vaya a pasar lo mismo que a las famosas lagunas de oxidación de las que mucho se habló hace más de 30 años y se quedaron en el papel, porque debemos tener presente que Cúcuta tiene una generación de carga contaminante de 2.000  litros por segundo de los cuales más del 60% va al Pamplonita y el restante cae al Zulia, por las aguas negras que llevan Quebrada Seca y la quebrada Tonchalá.

Hay que hacer algo urgente para que lo dicho por Angarita, de que el convenio  entre la Alcaldía de Cúcuta, la gobernación de Norte de Santander y Corponor, para ir abonando el terreno de cara a la consecución de los recursos que se requieren para las dos plantas para tratar las aguas servidas que se encuentra vencido.

Y un lamento adicional es que aunque hubo un acompañamiento desde del Viceministerio de Agua para impulsar la iniciativa,  “desafortunadamente no se aprobaron recursos para ello del gobierno de Iván Duque”, según lo que se le escuchó decir al director de Corponor en la pasada rendición de cuentas.

Aquí es indispensable lanzar una voz de alerta para que el megaproyecto de saneamiento de vertimientos no se vaya a empantanar  y adelantar las diligencias pertinentes ante las esferas nacionales e internacionales  en una acción concertada entre los gremios, la dirigencia política y la ciudadanía para dejar de ser uno de los departamentos más atrasados en ese campo y que se encuentre el verdadero respaldo financiero nacional.

Ya es hora que Cúcuta deje de ser, como si ya no fuera suficiente, la única capital de departamento con más de 500.000 habitantes, que no tiene planta para tratar las aguas negras.

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