“Debe considerarse la existencia de las disidencias de las FARC como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político”. Con esta intervención de la canciller Claudia Blum ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la sesión del pasado 21 de abril, a propósito de la verificación y seguimiento de ese organismo a la implementación de la paz, se confirma la actitud negativa de este gobierno frente al acuerdo. Más adelante, en el mismo discurso, la Ministra arremete contra la propia ONU, al advertir que es el gobierno colombiano, y no la misión de verificación, el que establece las prioridades de cumplimiento, dentro de las cuales por cierto no se encuentra la protección a líderes sociales y excombatientes que son asesinados todos los días en los territorios. Y para que no quede duda alguna, al día siguiente expiden un comunicado en el que se ratifica que la intervención de Blum no fue una ligereza o improvisación suya, sino la posición oficial del gobierno Duque.
La afirmación es insostenible e inverosímil. Según ellos, el Partido de los Comunes y los más de 13.000 excombatientes que se desmovilizaron, desarmaron y cumplen con el acuerdo, son los culpables del surgimiento y crecimiento de las denominadas disidencias. Quedaron a un paso de sostener la peligrosa e irresponsable tesis de la ultraderecha guerrerista del país, según la cual hay un acuerdo entre quienes hoy viven en la legalidad y aquellos que persisten en la violencia. Muy grave que el gobierno asuma esa posición, que sin duda pone en grave riesgo la vida de los desmovilizados que se encuentran en pleno proceso de reincorporación, en los espacios territoriales o por fuera de ellos. No solo no ponen en marcha los instrumentos previstos en el acuerdo para proteger la vida de los desmovilizados, sino que además con sus declaraciones agravan su situación.
Esa tesis del gobierno, contraevidente y absurda, olvida que de acuerdo con las mismas estadísticas oficiales, citadas por el Consejero Archila, más del 95% de los excombatientes han cumplido, y que esta es la cifra más alta de cualquier proceso de paz en el mundo entero. Significa, además, que el grueso de quienes conforman hoy las filas de los grupos ilegales disidentes proviene de nuevos reclutamientos y no de antiguos combatientes. Y más allá de esa realidad militar, señalar a quienes cumplieron con el acuerdo de ser los responsables del incumplimiento de quienes hoy los consideran sus peores enemigos, es una canallada que no se le había ocurrido a ningún estado firmante de pactos de paz en el mundo entero. Ni en Suráfrica, Centro América o Irlanda. Constituye realmente una audaz e insensata originalidad del gobierno Duque, que debe tener entre sorprendidos y aterrados a los embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU.
En el fondo esta confesión, cuando entramos ya casi al último año de gobierno, revela en forma descarnada la verdadera posición del gobierno Duque ante el acuerdo de paz, porque durante todo este tiempo ha mantenido un doble discurso, de respaldo afuera y ataque interno, con el fin de engañar a la comunidad internacional. Objetan la JEP, atacan sistemáticamente sus decisiones, recortan presupuesto a la implementación, paralizan la sustitución de cultivos ilícitos y se preparan a fumigar con glifosato, no hacen nada ante el asesinato de líderes sociales y excombatientes, no presentan un solo proyecto de reforma constitucional o de ley para avanzar en la implementación, obstruyen la entrada en vigencia de las curules para las víctimas, y finalmente parece que no quieren disimular más. En realidad no les interesa hacer nada por La Paz del país, mientras crece frente a sus ojos la conflictividad social y militar en zonas como el Cauca, Catatumbo o Chocó. En últimas debemos agradecer a la Canciller y a quienes escribieron su discurso leído ante la ONU, que revelaron a la comunidad internacional la verdadera cara del gobierno frente a La Paz. Por fin se quitaron la careta.
