Son cada vez más los analistas, expertos internacionales, ex cancilleres, organizaciones sociales, empresarios y ciudadanos del común, que insisten en la necesidad de revisar nuestra política con respecto a Venezuela. Desde las elecciones de la constituyente del vecino país, en julio del 2017 durante la administración Santos, Colombia decidió, con poderosas razones, desconocer su resultado ante la evidente falta de garantías y transparencia. Desde entonces se deterioraron las relaciones bilaterales, hasta llegar al episodio del concierto humanitario montado por Duque con la administración Trump, que tenía como propósito final la caída del régimen de Maduro.
Han pasado ya casi cuatro años desde que Santos y la canciller Holguín tomaron la decisión de desconocer la constituyente venezolana e impulsar el denominado grupo de Lima para buscar una salida democrática y pacífica a la crisis política, económica, social y humanitaria de los vecinos. El balance no puede ser peor. Al iniciar el gobierno Duque la presión de Latinoamérica buscaba el restablecimiento de la democracia en Venezuela a través de una fuerte presión internacional y la negociación entre gobierno y oposición. El nuevo gobierno, con el apoyo de Trump, elevó las apuestas y jugó a la caída del régimen dictatorial de Maduro, sin descartar incluso la intervención militar.
Mientras se frustra cualquier solución a la grave crisis vecina, Colombia sufre en la forma más severa las consecuencias del drama humanitario al otro lado de la frontera, sin que veamos una efectiva cooperación internacional. Los millones de compatriotas que aún viven en Venezuela no cuentan con ningún funcionario consular que los atienda y defienda; la frontera con los estados Táchira, El Zulia y Apure son territorios con presencia de toda clase de grupos ilegales, sin que exista la más mínima cooperación para enfrentarlos; el comercio formal entre ambas naciones desapareció en la práctica y el contrabando se disparó; el flujo migratorio no se detiene y regiones como la nuestra no reciben el apoyo debido para atender una emergencia humanitaria desbordada. En fin, en los casi tres años de Duque en el poder, su política hacia Venezuela sólo ha empeorado la situación de colombianos y venezolanos en ambos lados de la frontera.
Si el Gobierno Nacional tuviera una política exterior pragmática de defensa de los intereses nacionales y no una con base en ideología partidista e intereses políticos particulares, debería evaluar con seriedad un cambio frente al rotundo fracaso que nadie puede desconocer. Ya el mundo bajo el nuevo liderazgo de Biden, en conjunto con la Unión Europea y con una fuerte acción multilateral, abre caminos para una salida democrática a la crisis, sin reducir la presión internacional ni renunciar a las sanciones económicas al régimen. Mientras tanto, el grupo de Lima se disuelve ante su inutilidad y Colombia se queda cada vez más sola en el continente en su beligerante e ideologizada posición. No jugamos hoy ningún papel en la solución a la crisis del vecino. Por el contrario, nos convertimos en parte del problema.
La frontera seguirá en el mismo sitio con sus pasos legales e ilegales; los grupos irregulares persistirán en sus acciones delincuenciales; los ciudadanos de ambos lados de los puentes sufrirán igual y los venezolanos continuarán su camino al exilio por el hambre que sufren. Nada de esa dura realidad cambiará. Todo seguirá en el mismo sitio cuando Iván Duque termine su gobierno y su legado sean unas relaciones totalmente rotas. Dejará a Cúcuta con los más altos índices de desempleo, informalidad y pobreza del país, con la más baja inversión pública en décadas y con la menor representación política del departamento en mucho tiempo. Ante esa dramática situación, el gobernador y los alcaldes deberían romper su sepulcral silencio y liderar propuestas de salida a la crisis, más allá de un gobierno al que se le agotaron las ideas con relación a Venezuela. La apertura controlada de la frontera y un mínimo diálogo entre ambos gobiernos es un primer paso indispensable.
