Ya me había referido en dos columnas, a este tema,  apoyado en “Principios y votos”, una de las  últimas obras del magistrado y presidente de la Corte Constitucional Italiana, Gustavo Sagrebelsky.

No todo juez puede serlo constitucional.

Es más, es un despropósito tornar a un juez ordinario, civil, penal, laboral, mercantil en constitucional. Lo dijo Sagrebelsky: “No hay nada que diferencie a los jueces del resto de los mortales. Pero en el desempeño del cargo deben asumir una actitud que no tienen todas las demás personas: deben ser fieles a la Constitución, de tal suerte que el texto constitucional pase a formar parte de sus hábitos mentales y morales”.

Hace seis años, Humberto de la Calle, escribió que la ley es la fuente del Derecho por excelencia y las demás como la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales, han venido siendo escasamente instrumentos auxiliares. La costumbre no tiene fuerza contra la ley. Nos lo había enseñado Filiberto Botero en Manizales hace años. Así nos  llegó la Constitución del  91 y mantuvo el principio que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley. Y la nueva Constitución agregó que era norma de normas y sus preceptos de aplicación directa. De ahí en adelante, los jueces por vía de tutela comenzaron a ir directamente a los principios dejando de lado la ley, y esta así manoseada, comenzó a perder eficiencia como fuente. Comenzó a valer la dignidad humana, la igualdad, la equidad  y soportados en ellas los valores, sustancia de los derechos fundamentales, se volvieron prioritarios y, aparentemente, hoy tenemos un derecho más justo.

Hasta aquí, todo iba muy bien. Pero como la Ley se devaluó,  los jueces constitucionales comenzaron a legislar y a llenar espacios, por arriba. Pero la sabiduría y el conocimiento, como que anestesiaban el abuso, el desbordamiento. Pero lo grave fue el desbordamiento por abajo, el de los jueces ordinarios y magistrados regionales, poco doctos en el nuevo constitucionalismo. Y se nos perdió el “garantismo”, se nos refundió el Derecho de Tutela, se nos politizó, se nos esfumó y casi tocó el lindero del prevaricato.

Por ello no podemos tornar en jueces constitucionales a los jueces municipales, penales, civiles, laborales y se hace imperiosa la jurisdicción constitucional.

Esa es la razón de tanta inseguridad jurídica no solo nacional, sino la que intranquiliza la región. La inseguridad jurídica nacional se agigantó no solo por el poder legislador de los más altos jueces constitucionales, ante un Congreso disminuido y desprestigiado, deslegitimado corrupto y venal, es impotente para reaccionar ante los jueces.  

Para agravar la crisis, los más altos jueces constitucionales se politizaron, los rumores de venalidad no de uno solo de los jueces, sino de casi todos, nos asusta. ¿Entonces en quién creer? Pero no podemos seguir a la deriva,  con jueces incompetentes y sin tener la culpa. Pues no hay jurisdicción  constitucional. ¿O sí tendrán la culpa? Porque producir resolución contraria a la ley y a las pruebas es un prevaricato.