Los indocumentados en Estados Unidos, con razón, están más angustiados que de costumbre. Desde la campaña, y ahora desde la Casa Blanca, Donald Trump ha declarado y reiterado que se propone expulsarlos a casi todos, sin contemplaciones. Si, con el fin de poder conseguir empleo, han falsificado una tarjeta de seguro social, esa falta será motivo más que suficiente para expulsarlos. Si están conduciendo un carro con los faroles rotos, para afuera! Si una cámara los agarra superando el límite de velocidad, la imposición de una multa no será suficiente. Serían expulsados. No se daría espera a que los tribunales decidan los recursos de apelación. A los que hayan ingresado por la frontera con México, los devolverían a ese país, sin importar su nacionalidad o lugar de origen. Debemos, sin embargo, advertir que resulta muy dudoso que las autoridades mexicanas acepten esa práctica.
Son tantos los temores de algunos indocumentados, que un número de ellos (quizás una minoría) están tomando medidas extremas como dejar de salir para buscar trabajos, o suspender la asistencia de sus hijos a las escuelas. Otros han dejado sus viviendas, por temor de que la policía llegue de noche a tocar a sus puertas, y han buscado refugio en iglesias que han ofrecido su apoyo.
La única excepción que el gobierno de Trump ha prometido mantener en relación con las políticas migratorias del gobierno de Obama, es la de los indocumentados que llegaron al país como niños seguirán siendo protegidos. Lo anterior querría decir que existe el riesgo de que familias resulten divididas, si los padres de los niños están indocumentados y los menores cuentan con papeles.
Colombia tiene una participación, que no es muy alta, dentro del total de indocumentados (11 millones en 2014). Los colombianos en situación de ilegalidad totalizaban, ese año, 130.000, o sea 1.1 por ciento del total. Una cifra muy por debajo de las de México y los países centroamericanos. Ocupamos, junto con Ecuador, el sexto lugar. Esa cifra ha disminuido desde 2007, cuando alcanzó un pico de 180.000. Es probable que un número significativo de colombianos indocumentados haya llegado con visas de turista o como estudiantes y, que al final, se hayan quedado después del vencimiento de las mismas. Eso querría decir que serían mejor educados que los indocumentados, en general, contarían con más recursos económicos y mejores empleos.
De acuerdo con el Pew Research Center, los indocumentados generalmente se localizan en los estados y ciudades en donde viven sus connacionales migrantes.
Los colombianos, entonces, vivirían especialmente en Florida, New York y New Jersey. La pregunta que debemos hacernos es la de si los consulados colombianos en esos estados, y en todo el territorio de los Estados Unidos, están preparados para apoyar a nuestros connacionales, para asesorarlos y ayudarlos a defenderse, con los pocos medios legales a su alcance. ¿Cuentan nuestros consulados con equipos de abogados que estén listos para apoyar?
¿Tienen contactos con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la ayuda humanitaria a los ilegales?
¿Están pensando en estrategias que puedan utilizar para proteger a los niños de origen colombiano, con nacionalidad norteamericana, que quedaran abandonados después de que sus padres sean expulsados?
Las anteriores son preguntas que la Cancillería, bajo la capaz dirección de la Ministra Mariángela Holguín, junto con nuestra Embajada en Washington, deben estar tratando de responderse en este momento. El tema es importante y el gobierno de Trump se propone no dar mucha espera para iniciar su inhumano programa de expulsión de indocumentados. Esa fue su promesa de campaña y se propone cumplirla en los menores plazos posibles.
El número de oficiales de los servicios de migración llega apenas a 11.000. Ese bajo número limitará, inicialmente, la efectividad de las medidas contra los indocumentados. Pero el gobierno se propone contratar, en el menor plazo posible, otros 11.000. Adicionalmente, están buscando la cooperación de las fuerzas de seguridad de las ciudades, para que se conviertan en fuerzas de control de indocumentados. Varios alcaldes se oponen a esta decisión, al considerar que ese no es el papel de los alguaciles y policías y que el ejercicio de esa función minaría la cooperación de las comunidades en la lucha contra el crimen. Otros, con la aprobación de las legislaturas locales, han declarado sus ciudades lugar de refugio. El gobierno federal ha amenazado con cortar aportes económicos a las ciudades que no colaboren. El debate y el tire y afloje serán interesantes.
Los indocumentados ya están advertidos. Deben tomar todas las precauciones posibles. Nuestros gobiernos tienen también un preaviso. Deben prepararse para apoyar a sus connacionales.
