Dijo el MinDefensa que el asesinato de policías por parte del Eln es un “incidente” y que en “el propósito de llegar a un acuerdo de paz” no debería “conducir a la terminación del cese [al fuego]”.

Las declaraciones son muy graves. Por un lado, son mentirosas. La muerte premeditada y provocada de un policía o de un soldado no es un “incidente”, no es un mero percance, un accidente, un contratiempo, es un homicidio. Y no un homicidio cualquiera.

De acuerdo con el art. 104 del Código Penal, es una circunstancia de agravación de la pena asesinar una “persona que, siendo miembro de la fuerza pública […] se encuentre en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento”. Las normas penales pretenden sancionar con mayor dureza el asesinato de policías y soldados porque cumplen funciones fundamentales para la sociedad.

El Ministro, que debería apoyar y defender a las Fuerzas Militares y la Policía, las menosprecia. Es el mismo personaje que prohibió que se les llamara héroes, el que recortó su presupuesto, el que protege a los grupos armados ilegales al impedir que se use el poder aéreo contra sus campamentos. El mismo que suspendió la erradicación forzada, el que hizo que se devolviera el glifosato que la Policía ya había comprado porque ahora tampoco se hace erradicación manual aunque estemos ahogándonos en coca.

El mismo que ha frenado las operaciones de la Fuerza Pública en un 70% en el último trimestre del 2022 y en cifras seguramente peores en lo que va de este año, todo en beneficio de los mafiosos. De hecho, si se comparan febrero del 22 y el de este año, no es solo que ahora no se haga ninguna erradicación sino que las incautaciones cayeron de 24 toneladas a apenas 7 y la destrucción de laboratorios se desplomó de 127 a 45, los datos más bajos en al menos 14 meses.

El mismo que permite que los costosos Blackhawk de las Fuerzas Militares se usen para pasear a Francia Márquez y que, en cambio, se demoró tres días para permitir la evacuación del patrullero Samuel Rivera, herido en el ataque con francotirador en el “incidente” en el que los elenos asesinaron a su compañero Jiménez Charrys.

Por el otro, la afirmación de Velásquez supone implícitamente que el cese del fuego con el Eln está vigente. El mismo cese del fuego que se anunció en nochevieja y que en realidad no se había acordado con ninguno de los grupos violentos con los que según Petro se había pactado. El mismo que el viernes Pablo Beltrán, cabeza de los elenos, negó con vehemencia que existiera.

Una entelequia de cese del fuego que supone que los grupos violentos y la Fuerza Pública dejen de enfrentarse pero que no exige que esos violentos dejen de atacar a los civiles ni de delinquir. Un cese del fuego que, en realidad, solo protege a los bandidos y deja en absoluta indefensión a los civiles, no solo porque no se le exige a los criminales que dejen de atacarlos, sino porque paraliza a quienes tienen que cuidarlos.

Un cese del fuego que Velásquez defiende y usa para justificar lo injustificable. Un cese del fuego que generó una dura advertencia de Barbosa, en la que resaltaba que quienes no cumplieran con sus obligaciones constitucionales y legales incurrirían en prevaricato, entre otros eventuales delitos.

Un cese del fuego que ha dejado sin ejecutar más de 2.200 órdenes de captura en zonas rurales, entre ellas más de 300 de asesinos de líderes sociales sobre cuyo lomo se montó el Pacto Histórico como bandera electoral.