Una buena noticia para las víctimas, La Paz y el país en medio de las graves dificultades que vivimos. La Corte Constitucional hizo justicia al ratificar que la decisión del Senado de noviembre del 2017 tuvo los votos suficientes para aprobar el acto legislativo que creaba las 16 circunscripciones transitorias de paz, en las que se elegirían a los líderes de víctimas de los 170 municipios PDET. Hablamos entonces de una decisión que reconoce a las más de 9 millones y medio de víctimas del conflicto y casi 7 millones de compatriotas que viven en las zonas más afectadas por la guerra.
Durante los últimos cuatro años el gobierno y su partido se opusieron sistemáticamente a que las víctimas llegaran al Congreso con argumentos mentirosos. Desde la firma del acuerdo de paz se dedicaron a repetir la calumnia de que las curules de paz serían para las Farc, sin tomarse siquiera la molestia de leer los textos del acuerdo y el acto legislativo sometido a consideración del Congreso. Se inventaron la teoría de que en esos municipios las Farc impondrían por la fuerza sus candidatos. Desconocieron de mala fe que la guerrilla se desarmó y desmovilizó. También ignoraron que en la norma se prohíbe a los partidos con personería jurídica, incluyendo al partido de los comunes, presentar candidatos para competir por esas curules en la Cámara.
Después sostuvieron que se trataba de las zonas con más cultivos ilícitos del país y que sería entonces el narcotráfico el que tendría sus voceros. Las elecciones presidenciales y de Congreso del 2018 desmontaron todas las falacias pues los resultados en esos 170 municipios demostraron con claridad que la gente votó con la mayor tranquilidad y libertad en décadas, gracias al acuerdo de paz. Además, en esas zonas triunfaron los partidos tradicionales y el propio uribismo, y el partido de las extintas Farc fue estruendosamente derrotado con ínfimas votaciones.
Todo este arsenal de mentiras esconde el desprecio del uribismo por las víctimas en Colombia, desde que impulsamos en el Congreso la Ley de Víctimas que intentaron hundir por todos los medios. Las resucitadas curules de la Paz permitirán por primera vez en la historia democrática del país que los ciudadanos más marginados ejerzan sus derechos en libertad y puedan elegir sus propios voceros. Habitantes de las zonas rurales del Catatumbo, del sur del Tolima, del Urabá, del Chocó, tendrán acceso a la reparación política.
En marzo del 2022 los habitantes de las zonas PDET podrán elegir sus voceros y los nuevos representantes a la cámara saldrán de las propias comunidades, porque en el acto legislativo se tomaron todas las precauciones para garantizar que así sea. Los elegidos serán la voz de esa gente discriminada y abandonada por los distintos grupos violentos y el propio estado en los últimos cincuenta años. Podrán hacer seguimiento estricto a la implementación el acuerdo de paz en sus territorios; vigilar la correcta inversión de los recursos en los PDET y denunciar las amenazas a los líderes sociales en esos municipios, que es precisamente en donde se presentan la mayoría de los asesinatos.
Ahora vendrá la promulgación del acto legislativo y su reglamentación, que esperamos no encuentre argumentos leguleyos en el Palacio de Nariño para torpedear o dilatar. Después vendrá una campaña y una elección histórica, en la que veremos a los principales líderes de las comunidades indígenas, afros y de víctimas, luchando en democracia por sus propios espacios. Sin duda, será un gran paso para ampliar la participación ciudadana y democrática, al tiempo que mejorará la representatividad del poder legislativo, tan debilitado y desprestigiado en los últimos años. Bienvenidas por fin, las víctimas y sus voceros a la democracia.
