Jazmín Torres, de 45 años, madre de cuatro hijos, vigila recostada a un portón de láminas de hierro las diez colmenas que le están dando de comer a ella y a su familia.

Su casa está localizada en la vereda Oripaya, en el corregimiento de Buena Esperanza, a escasos 45 minutos por carretera del casco urbano de Cúcuta.

Su dedicación a las abejas data de seis años atrás, obligada por el fuerte verano que azotó el caserío en el año 2008 y que dejó a las otras 35 familias que viven allí sin agua.

Se secó el único nacedero de donde tomaban el líquido para el consumo, distante cinco kilómetros de sus casas, lo cual obligó también a todas las familias a cambiar sus costumbres domésticas y de producción del campo, “debido a que no había agua para los animales ni mucho menos para los cultivos”, dice Torres manipulando una caja donde tiene instalado un panal de abejas angelitas.

Por este motivo, en su rancho, en el que antes se criaban pavos, patos, codornices y gallinas, y se tenía huerta y cultivos de cítricos, ahora se produce miel.

“No se necesita agua, solo unas cajas de madera y esperar a que venga la cosecha”, dice la mujer.

Pero no solo en casa de los Torres cambió la forma de ganarse la vida ante la falta de agua, también su estilo de vida sufrió cambios, y drásticos.

Por ejemplo, en el verano actual no se ha pasado el trapero a la casa una sola vez, solo se barre. Tampoco se lava toda la ropa que se viste en la semana, solo las camisetas. “Vivimos de lágrimas”, dice Jazmín.

Con las pocas gotas de agua que bajan por una manguera de una pulgada que está conectada a cinco kilómetros de la casa, loma arriba, en un nacedero que está a punto de secarse, apenas se cocina y se lavan sus rostros y brazos en casa de los Torres y de las 35 familias que habitan el caserío Villaluz, en la vereda Oripaya.

La sed que se padece en este sector rural es atribuida por las mismas familias campesinas a la explotación de la minería en la región, pero mucho más que a esto, a la indiferencia de los distintos gobiernos de turno. “Nunca nos han tenido en cuenta para un servicio tan vital como el agua potable, es como si nosotros fuéramos animales”, dice Luis Pinzón, un vecino de la familia Torres.

La ausencia de acueducto no solo es una necesidad de Oripaya sino de todas las veredas y corregimientos de Cúcuta, excepto Carmen de Tonchalá, en donde sus habitantes disfrutan del agua las 24 horas del día y los 365 días del año, todo porque allí funciona una de las dos plantas de tratamiento con que cuenta el acueducto de Cúcuta.

Casos como los que se viven en las veredas de Palmarito y Puerto León, donde a los campesinos les toca ir por agua a quebradas distantes cinco y seis kilómetros; o en Puerto Villamizar, en donde sus habitantes toman agua directo de la quebrada que atraviesa por el caserío, sin potabilizar, “son prueba irrefutable de que se nos viola el derecho a la oportunidad y a la igualdad, a contar con agua como sí gozan los habitantes del casco urbano”, señala Francisco Ramírez, un campesino de la vereda Agualasal.

Solo pañitos de agua tibia

El municipio, único responsable de dotar del servicio de acueducto a los campesinos, poco o casi nada ha hecho para cumplir con esta misión. Ejemplo de ello es que en el presupuesto del presente año solo hay asignados $800 millones para construir plantas de potabilización de agua en solo tres de los diez corregimientos de Cúcuta: Buena Esperanza, Aguaclara y Banco de Arena.

Otros $60 millones se destinaron para dotar de tuberías y mangueras a las familias de los sectores rurales de La Punta, Banco de Arena, Puerto León, Vereda El 25 y Vereda La Joya.

Para mantenimiento de los pozos profundos que hay en la vereda Bellavista, Aguaclara y Guaramito, se destinaron $184 millones, dijo el subsecretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Sierra Castellanos.