Enfermeras, exfuncionarias públicas, educadoras, contadoras, niñeras, aseadoras, embarazadas, y hasta menores de edad están ‘presas’ de un delito que se niega a ser visto con claridad por los cucuteños: la explotación sexual.

En este caso hablaremos de las migrantes venezolanas, porque según el artículo 3 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, contemplado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, varias de ellas llegaron engañadas por medio de mentiras y falsas ilusiones. Y ahora se aprovechan de sus necesidades económicas y afectivas.

Todas estas mujeres (cerca de 400) procedentes de Venezuela se reúnen en el parque Mercedes Ábrego de Cúcuta donde a diario buscan el sustento vendiendo su cuerpo, según ellas, por falta de oportunidades. En este oficio también hay abusos, ausencia de atención médica, miedo a la Policía, maltrato y señalamiento social. 

El drama es escalofriante y aunque algunas dibujan una sonrisa en su rostro mientras se cuelan en el parque que fue cerrado por el alcalde Jairo Yáñez, como medida preventiva para disminuir la inseguridad de la zona, por dentro viven un ‘infierno’. 

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“Nadie hace esto porque quiere, porque le guste, a uno le toca cuando no hay más salida, cuando tus hijos tienen hambre y todos te cierran la puerta en la cara. Es doloroso vender tu cuerpo por $15.000 o hasta $10.000 para no pasar en blanco el día”, relata *María, una venezolana que migró de su país hace un año. 

Sin embargo, aquí cabe mencionar que la migración de las mujeres ha facilitado procesos, tanto de autonomía económica como social para ellas, pero arrastró entre fronteras los efectos de la división sexual del trabajo que existe a nivel mundial, como se expone en el informe sobre las migraciones en el mundo 2020.

Trabajo en el servicio doméstico, ejercicio de la prostitución y empleo informal son las principales fuentes de ingresos de las migrantes. Éstas condiciones generan una espiral de vulnerabilidad respecto al sistema de protección social marcada por la falta de acceso a los servicios de salud, consejería en anticoncepción, educación y protección laboral en los países de destino, que se agrava en ocasiones por la situación de ilegalidad. 

Hay mujeres que ejercen la prostitución como una opción de vida perfectamente elegidas por ellas, aunque en muchos casos, como en el de María* lo hacen por falta de opciones y como el último recurso de subsistencia, y eso las hace vulnerables a otras organizaciones que en algunos casos se aprovechan y benefician de esta situación.

De esta cifra que en promedio obtiene cada una de las mujeres en condición de prostitución, deben pagar lo que ellas llaman el ‘rato’. Es decir, de ahí mismo cancelan el valor de una habitación de hotel y entregan medidas de protección al cliente. 

Así viven la pandemia

Katheryn Crespo, líder de las migrantes venezolanas del parque Mercedes Ábrego relata que se han adoptado medidas de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus, aumentando los gastos para cada una de ellas. 

“Las chicas me cuentan que incluso en el cuarto no se quitan el tapabocas, usan guantes y tienen su alcohol a la mano. La situación es crítica porque esto es más dinero para invertir cuando no lo tienen”, afirma. 

Y aunque esto representa un riesgo, no solo para ellas sino para los clientes, la necesidad las mantiene entre la espada y la pared. Muchas de ellas "de verdad están en el olvido", dice la líder.

También son personas

Según la líder Crespo, a la mayoría de estas mujeres ya les ha dado COVID-19, pero no han recibido atención médica del Estado, ni están entre las cifras positivas que maneja el Ministerio de Salud, debido a que no cuentan con una Entidad Promotora de Salud (EPS) y están en situación irregular. Todo ha corrido por su cuenta. Sin embargo, tienen derecho a una atención de urgencias según lo menciona el Ministerio de Salud:

"Al momento de ingresar al país deberá contar con una póliza de salud que permita la cobertura ante cualquier contingencia de salud, no obstante si no la adquirió y no tiene capacidad de pago, se le garantizará la atención inicial de URGENCIAS, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 67  de la Ley 715 de 2001 y Ley 1751 de 2015."

“A mí ya me dio dos veces coronavirus y llamé pero el decir de ellos es que como no tenemos EPS entonces no nos pueden atender, así les pasa a las chicas. Viven abandonadas, la gente olvida que también son personas que sienten, que tienen familia y necesidades”, agrega. 

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Las jornadas de planificación que recibían por parte de organizaciones tampoco volvieron desde diciembre de 2020, como asegura Katheryn. Sin embargo, ellas siguen trabajando, se levantan  a diario, muy temprano temprano para atender sus obligaciones y luego acudir de nuevo al parque, donde desde las 7:30 de la mañana esperan al primer cliente para asegurar el ingreso de dinero. 

Las tragedias

Cada una de estas migrantes conserva una trágica historia, ya sea de pérdida de hijos, padres, violaciones o golpes, pero todas están unidas por la indiferencia social que les ahonda sus penas. 

*Carolina es una de las 30 menores de edad venezolanas que deambulan por el parque. Ella llegó con sus 2 hijos (3 y 2 años) a Cúcuta y ha tenido 2 interrupciones involuntarias de embarazo. A sus 17 años, esta madre adolescente cruzó las trochas de San Antonio para darles a sus niños una ‘mejor vida’, que aún parece inalcanzable. 

“Pasar el río no es cualquier cosa. Hay grupos armados que te tocan, te revisan a ver si llevas algo que no has dicho. Así, según la maleta cobran el paso. Aquí nadie te espera y no saber dónde pasar la noche es duro… Un día en el parque me dio dolor de estómago y fui al baño y ahí sangrando tuve una pérdida, me llené de miedo y lo que hice fue bajar el agua”, señala *Carolina. 

Los meses pasan y ellas siguen esperanzadas en que algún día, no muy lejano, la vida les cambiará y empezará a sonreírles con propuestas de empleo formales que les permitirán tener un hogar digno.  

“Ellas sueñan con tener sus microempresas, ya sea de perros calientes, salones de belleza, restaurantes, tiendas o simplemente un trabajo con prestaciones pero no tienen el dinero y tampoco ha habido algún proyecto social que se los permita. Ni siquiera han podido convalidar sus estudios o formalizar su estatus migratorio”, advierte Katheryn Crespo, quien pide ayuda para sus connacionales del parque. 

*María y *Carolina son nombres cambiados para proteger la identidad de estas mujeres en condición de prostitución.

Fotos: Alfredo Estévez