Un menor de 14 años, habitante de la zona rural de Tibú, que caminaba junto a su abuelo, de más de 50, nunca imaginó que cumplir las labores cotidianas del campo le costaría perder sus dos piernas en cuestión de segundos. Paradójicamente, la causa no tiene nada que ver con su oficio como agricultor; su pecado fue activar accidentalmente un campo minado, ese enemigo oculto con el que las comunidades de la zona tienen que convivir diariamente.

Los hechos sucedieron el 20 de marzo en la vereda La Silla, donde los grupos armados ilegales se disputan a sangre y fuego el control del territorio, y de los negocios ilícitos, dejando a la población civil en medio de la confrontación.

El lunes, otros dos hombres, esta vez en el corregimiento Las Mercedes, de Sardinata, se sumaron a la desgarradora cifra de víctimas de minas antipersonal en Norte de Santander. Uno de ellos perdió su pierna derecha y su acompañante sufrió lesiones en su espalda y glúteos por las esquirlas ocasionadas durante la explosión. 

Estos dos episodios sucedieron antes y después de la conmemoración del Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas Antipersonal (4 de abril), una jornada que en este departamento se conmemoró, nuevamente, en medio de un panorama desolador, con cuatro víctimas en apenas tres semanas. 

Según datos de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Descontamina Colombia), de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre el primero de enero y el 28 de febrero de 2021 fueron siete las víctimas de estos explosivos en Norte de Santander. Con los hechos más recientes, el número de afectados asciende a 11 en menos de cuatro meses.

Desde 1992 hasta este año, el departamento suma un total de 929 víctimas de minas antipersonal, lo que lo ubica como el quinto con más accidentes de este tipo, detrás de Antioquia (2.610), Meta (1.141), Nariño (1.032) y Caquetá (950).

La región también ocupa un deshonroso cuarto lugar en la lista de departamentos con mayor número de víctimas civiles, con 285 casos. 

De acuerdo con los datos de Descontamina Colombia, en esta región del país se han identificado dos clases de artefactos explosivos usados por los grupos armados ilegales como parte de su estrategia de guerra: las Minas Antipersonal (MAP) y las Municiones Usadas Sin Explosionar (MUSE), los cuales “se han configurado como un problema de largo plazo y un gran reto, dada la afectación a la población que genera su uso”.

De los accidentes registrados en Norte de Santander, 917 de ellos fueron causados por artefactos MAP, mientras que los 12 restantes eran MUSE, cobrando la vida de 193 personas. 

Desminado humanitario, lejos 

Actualmente, en Colombia se adelantan dos procesos de desminado en las diferentes regiones del país: el operacional, que cumple el Ejército Nacional durante sus patrullajes, y el humanitario, que también lo hace el Ejército, a través de su brigada de desminado, y las organizaciones acreditadas The HALO Trust, Humanity & Inclusion, Danish Demining Group (DDG), Attex, Campaña Colombiana contra las Minas (CCCM) y Humanicemos DH. 

El propósito del desminado humanitario es avanzar con la eliminación de los peligros que representan estos artefactos explosivos, lo cual incluye estudios técnicos, mapeo, limpieza, marcado, documentación posterior a la limpieza, enlace comunitario de acción contra las minas, para finalmente hacer la entrega de las tierras despejadas.

Norte de Santander, pese a ser una de las regiones más afectadas por este flagelo, está lejos de tener un territorio libre de minas y de avanzar con un desminado que le permita a los habitantes, principalmente de la región del Catatumbo, caminar sin el temor de caer en un campo lleno de explosivos y hasta perder la vida.

Los datos oficiales señalan que el avance en la región ha sido muy lento, con relación a otras regiones con condiciones similares de conflicto, pues desde 2004 a la fecha apenas suman 24.210 los metros cuadrados de área despejada, lo que corresponde a tan solo un 0,30% del avance en el territorio nacional (8’106.369 metros cuadrados despejados). 

Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde 2019 hasta febrero de este año, Toledo, con 11.014 metros cuadrados, Pamplona (10.967), Salazar (1.514) y Arboledas (715 metros cuadrados), además de Santiago y Durania, cuyos datos no se especificaron, han sido los únicos municipios nortesantandereanos en los que se adelantaron procesos de desminado humanitario. 

Así las cosas, los principales resultados en temas de desminado en las zonas más impactadas como el Catatumbo, han corrido por cuenta de la Fuerza Pública, como parte de su tarea operacional.

La Brigada 30 del Ejército informó que en 2020 lograron desactivar 210 artefactos, mientras que en 2021 van 21, con un saldo de 17 uniformados heridos en medio de estas labores.

La secretaria de Gobierno de Norte de Santander, Taiz del Pilar Ortega, explicó que para avanzar con el desminado humanitario el departamento debe cumplir con tres principios fundamentales: neutralidad, humanidad e imparcialidad. 

Dijo que los cultivos ilícitos en la subregión del Catatumbo y la disputa de los grupos subversivos por ellos, se han convertido en el combustible principal para la presencia de estos artefactos, que van en contra del Derecho Internacional Humanitario, y que ese mismo conflicto es el que dificulta que haya una limpieza.

“Lastimosamente hay conflictos en la zona y es la comunidad la que lamentablemente pone las víctimas, pues en muchos casos los afectados son campesinos que no tienen nada que ver”, aseguró.

La funcionaria precisó que los procesos de desminado en los municipios que no revisten riesgos para las organizaciones que adelantan esta labor se suspendieron por cuenta de la pandemia de la COVID-19, y que el propósito es que a mediados de este año se restablezcan. 

Álvaro Giménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas, una organización no gubernamental que viene trabajando en los últimos 20 años en el desminado, considera que la salida para poder erradicar las minas antipersonal en Norte de Santander pasa por lograr un acuerdo humanitario.

“Nosotros, junto a organizaciones regionales, estamos pidiendo un acuerdo humanitario contra las minas antipersonal, apoyándonos en redes internacionales y en organizaciones de carácter nacional para que todos los actores armados respeten los derechos humanos”, le dijo a La Opinión.

Ayer, justamente, la Mesa Humanitaria del Catatumbo le pidió a un grupo de congresistas de Estados Unidos ayuda para que en esa convulsionada subregión del departamento sea posible un acuerdo que permita humanizar el conflicto, y lograr que la población civil pueda quedar al margen de la guerra que libran los actores armados.