Hoy se cumplen ya 10 años desde que fue aprobada la histórica Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que prometió atender, reparar y resarcir, en algo, el daño causado a millones de víctimas en regiones como Norte de Santander, duramente afectadas por un conflicto de más de medio siglo.

Aunque todas las expectativas estaban puestas en esta ambiciosa norma, que tuvo que dar una dura batalla en el Congreso para salir adelante, y su financiación estaba asegurada, la persistencia del conflicto, el reconocimiento del desplazamiento forzado como un hecho victimizante que también tiene que ser indemnizado, entre otros factores, generaron un vacío presupuestal que ha hecho aún más compleja su implementación.

La crisis migratoria que enfrenta Colombia desde hace algunos años ha contribuido también a aumentar el universo de víctimas, puesto que muchos colombianos retornados y venezolanos que llegaron y siguen llegando al país en busca de mejores oportunidades, han empezado a quedar inmersos en el espiral de violencia y por lo tanto están ingresando también al Registro Único de Víctimas.

A la fecha, en el departamento, 320.429 personas declararon ser víctimas del conflicto armado y de ellas 232.653 son ya sujetos de atención o reparación, es decir, que cumplen con los requisitos para acceder a las medidas y beneficios establecidos por la Ley 1448.

El principal hecho victimizante reportado es justamente el desplazamiento forzado (273.511 casos), seguido del homicidio (43.337) y el confinamiento (21.685). Al menos 5.307 personas declararon haber perdido sus bienes muebles o inmuebles, o fueron víctimas de abandono o despojo forzado de tierras.

Entre tanto, en los últimos tres años, la Unidad de Víctimas en Norte de Santander y Arauca ha indemnizado a 9.335 personas, con una inversión de $90.662 millones, destinados, principalmente, a mejorar los proyectos de vida de las víctimas.

De acuerdo con las cifras de la entidad, dos sujetos colectivos fueron reparados ya administrativamente y se han implementado 37 acciones reparadoras con una inversión de $4.474 millones en ocho sujetos.  Además, un colectivo étnico fue indemnizado por $228 millones y se ha desarrollado la medida de rehabilitación comunitaria con siete colectivos.

En el Gobierno actual, unas 3.955 víctimas han logrado acceder a la medida de rehabilitación y 6.309 a medidas de satisfacción. Igualmente, se han apoyado 17 proyectos de infraestructura social y comunitaria, con una inversión de $2.293 millones, en 14 municipios.

“Se han desarrollado iniciativas dirigidas al arraigo, la integración local y la generación de ingresos con 129 comunidades y 307 hogares, con una inversión de $5.177 millones; 91 hogares apoyados en el transporte de enseres por $115 millones; 1.104 hogares con apoyo para la sostenibilidad de su proceso por $478 millones, y la puesta en marcha de la estrategia Tejiéndonos con dos comunidades, para el fortalecimiento del tejido social”, informó la Unidad.

Agregaron que en este tiempo también han atendido a hogares víctimas de desplazamiento forzado con 126.906 giros de atención humanitaria en las etapas de emergencia o transición por $88.278 millones.

Dificultades

Uflandia Alfonso Feliciano, presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado de Cormoranes, fue víctima de desplazamiento en tres oportunidades y en 2006 llegó a Cúcuta, en donde sigue a la espera de ser indemnizada.

Esta mujer de 60 años asegura que a pesar de que la Ley 1448, como a muchos, le generó grandes esperanzas y la ilusión de que el Estado finalmente la reconocería por el sufrimiento que durante mucho tiempo padeció, 20 años después de su primer desplazamiento, continúa aguardando que eso ocurra.

Alfonso Feliciano reprochó que el sueño de recibir la tan anhelada respuesta por parte del Gobierno se esfumó en 2018, cuando establecieron una serie de condiciones prioritarias para acceder a la indemnización como la edad, la situación económica, el tener alguna discapacidad o enfermedad grave, entre otros requisitos.

“Esta Ley lo único que ha hecho es reconocer a las víctimas, pero no está haciendo nada por las víctimas. ¿Cuántos años más tenemos que esperar las víctimas que no cumplimos con esas condiciones que exigen? Cuando nos despojaron de nuestras tierras, a nosotros no nos pusieron ninguna condición, no miraron si teníamos alguna discapacidad, solo tuvimos que salir huyendo, sin esperanzas de nada”, cuestionó la lideresa.

La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Johanna Gelvez Ascanio, reconoció que uno de los mayores desafíos en estos primeros 10 años que cumple la Ley es su financiación.

“Para poder indemnizar a todas las víctimas en el país necesitaríamos más de tres billones y esos recursos no están disponibles; es complejo poder sacar todos los recursos”, aseguró.

Explicó que se ha diseñado una ruta de priorización y que siempre y cuando las víctimas cumplan con los requisitos, ellas podrán acceder a su indemnización.

Gelvez Ascanio manifestó que el mayor desafío en los próximos 10 años que seguirá vigente la histórica Ley de Víctimas, es poder continuar con el proceso de reparación, y especialmente la reparación individual, pues esto es lo que más solicitan las comunidades.

“La proyección que tenemos es que con la aprobación del Conpes para el financiamiento de la Ley, pronto nos den la buena noticia de que podemos tener los recursos disponibles para indemnizar a la mayor parte de la población en Norte de Santander y Arauca”, sostuvo.

La funcionaria explicó que la Unidad de Víctimas en el departamento tiene un plan de acción definido para este año y el próximo, pero que la prioridad es contar con unos recursos adicionales, pues solo de esa forma podrán llegar a una mayor población.

Recordó que el conflicto que persiste en Norte de Santander se constituye en otro gran reto para el cumplimiento de la Ley 1448, toda vez que el número de víctimas sigue creciendo y esto implica una mayor respuesta, pero que seguirán cumpliendo lo que dispone la norma.

“Continuamos recorriendo los territorios, escuchándolos de cerca y atendiendo sus necesidades para llevar a cabo la implementación de esta norma”, dijo.