Si bien el Decreto 380 expedido el lunes por el Gobierno Nacional, regulando los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de las erradicaciones de cultivos ilícitos con glifosato, no activa de manera automática la aspersión aérea, este anticipo no fue bien recibido en Norte de Santander y las críticas por las consecuencias que traería esta práctica en la región, no se hicieron esperar. 

El malestar es aún mayor, por cuanto el propio ministro de Justicia, Wilson Ruiz, sugirió, ayer, que el departamento sería la primera zona del país en reiniciar este proceso, de ser avalado finalmente.

Ese visto bueno recae en el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), que tendrá la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional. 

En el documento que se conoció por parte del Gobierno se establece que en caso de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) evidencien impactos o riesgos no contemplados en los instrumentos de evaluación y seguimiento del programa, estas entidades deben revisar y enviar el correspondiente informe al CNE y este a su vez debe pronunciarse, si mantiene, modifica o suspende el programa.  

Junior Maldonado, miembro de la comisión política de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), considera que el Gobierno Nacional no puede pasar por encima de la Corte Constitucional, que puso sobre la mesa tres requerimientos para que las fumigaciones se puedan reiniciar. 

“La Corte pidió un estudio científico de salud, de organismos independientes al Estado, sobre las consecuencias del glifosato. Este estudio no se ha dado imparcialmente. El segundo impedimento es el tema de la licencia ambiental; la ANLA y la Policía pretendían hacer este proceso virtual, se presentó una acción de tutela y terminó en la Corte, donde hay unos vicios, porque no se hizo el debido proceso de la participación de la comunidad”, le dijo a La Opinión. 

El tercer impedimento, asegura Maldonado, está relacionado con lo que ha dicho la Corte, en el sentido de que se debe priorizar la sustitución de cultivos en municipios que se hayan acogido al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) como es el caso de Tibú y Sardinata. 

“Los tres impedimentos no se han cumplido. Este decreto no reactiva las fumigaciones de una vez, hay que surtir un proceso jurídico que tiene que pasar por la ANLA, el estudio de salud y se tiene que hacer una revisión de la Corte para poder avanzar”, recalcó. 

Por su parte, Olger Pérez Quintero, vocero político de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), denunció que el Gobierno Nacional quiere actuar en dirección contraria a lo pactado en el Acuerdo de Paz, específicamente en el punto 4.

“Siempre hemos dicho que el campesinado tiene voluntad de generar espacios de diálogo donde se posibilite cambiar los cultivos. Este Gobierno quiere volver a implementar esas fumigaciones que en los años 2000 envenenaron al Catatumbo y esa no fue la solución, lo que hizo fue incrementar el problema”, manifestó Pérez. 

Urge tecnificación de cultivos 

Luis Serafín Vega, personero de Teorama, expresó su preocupación respecto a las alteraciones del orden público que podría traer la implementación de las fumigaciones aéreas, por lo que considera que esa no es la solución. Resaltó que el camino es la inversión para desarrollar el potencial agropecuario de la zona. 

“A los representantes del Gobierno se les ha hecho saber las innumerables consecuencias al erradicar los cultivos ilícitos sin concertar con los campesinos, sin traer solución, ellos mismos (los campesinos) dicen que arrancan los cultivos, pero que el Gobierno traiga inversión. En Bogotá quieren a la fuerza, sin concertar, sin tener una política de inversión”, manifestó. 

Vega dijo que el campesinado ha estado alerta a la implementación de las fumigaciones con glifosato desde el 20 de julio de 2020, cuando se ordenó la erradicación terrestre, porque su puesta en funcionamiento traería unas consecuencias incalculables en el Catatumbo.  

“En el 2013 hubo un paro de 52 días; eso es solamente que intenten entrar a la región y en dos días vamos a ver un asentamiento de más de 20.000 campesinos pidiendo una solución. Como personeros, no vamos a permitir violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, sostuvo. 

En sintonía con Vega, la concejala de Tibú, Jackeline Gómez, ve el regreso de la aspersión aérea como una forma de atropellar a los campesinos que, por el incumplimiento del Estado, no han tenido otra opción diferente que los cultivos ilícitos. 

“Ellos (Gobierno) no saben la necesidad de la gente. Esto puede generar un daño catastrófico no solamente en Tibú, sino a los municipios vecinos, porque no solamente van a traer las enfermedades a la comunidad, a los niños, a los campesinos, sino que sería en medio de una pandemia que nos ha puesto un reto extra a todos”, expresó.  

Es un golpe contra la construcción de paz: Coccam 

En un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) también rechazó la aprobación del decreto, denunciando que no se entiende “por qué el Gobierno Nacional insiste en hacer trizas el Acuerdo de Paz y pisotear la confianza de las comunidades”. 

“Según informes de la UNODC, el 98% de las familias inscritas en el PNIS ha cumplido con lo pactado, a pesar del incumplimiento del Gobierno que, de 99.097 familias, solo ha atendido a 67.665”, aseguraron en la misiva. 

La Coccam señaló que en 2017 fueron 17 los departamentos en los que se firmaron acuerdos colectivos, regionales y municipales de sustitución, “los cuales no fueron valorados efectivamente por el gobierno Santos y han sido perseguidos, estigmatizados y desbaratados por el gobierno de Duque”. 

Por su parte, el senador de origen ocañero Antonio Sanguino, aseguró que la política de erradicar con glifosato no ha mostrado resultados en sus aplicaciones en el país, además de que requiere una millonaria inversión. 

“Le ha costado al Estado $80 billones entre 2005 y 2014 y no ha servido para nada. Los niveles de resiembra en zonas de fumigación son más altos que las de erradicación voluntaria”, cuestionó.