La reunión que sostuvo el fin de semana el comisionado de Paz, Danilo Rueda, con miembros de las disidencias de las Farc, como parte del proceso en el que avanza el Gobierno Nacional en su intención por alcanzar una ‘paz total’, no fue bien recibida por todos los sectores y en cambio sí abrió muchos cuestionamientos sobre los alcances de esta estrategia.

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Según un comunicado divulgado por las partes, el encuentro  estaba orientado a la “exploración y acercamiento para valorar la posibilidad de iniciar diálogos en el marco de la paz total”.

Uno de los puntos que se analizó allí fue la necesidad de que los eventuales diálogos de paz estén ambientados por un cese bilateral del fuego, “cuya ejecución debe ser verificada”.

Y si bien el propio presidente Gustavo Petro salió a defender el ejercicio que están adelantando con los distintos actores alzados en armas y reconoció que “la paz siempre será criticada”, los propios exnegociadores  del acuerdo de La Habana no dudaron en mostrar su inquietud por la forma cómo ha decidido proceder el Gobierno.

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“La ‘paz total’ es un propósito que merece el apoyo de todos los colombianos, pero no se pueden meter a todos los grupos ilegales en el mismo costal. Iván Márquez y todos quienes incumplieron el acuerdo del Teatro Colón deben ir a la justicia ordinaria”, planteó el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien hizo parte del equipo que firmó la paz con las Farc.

Cristo fue enfático en que es importante establecer claras diferencias entre la negociación con un grupo de origen político como el Eln y otra muy distinta son los disidentes de las Farc.

“El acto legislativo que creó la JEP establece claramente que para aquellos que volvieron a delinquir solo cabe la justicia ordinaria. Para que accedan a la justicia transicional tendrá que modificarse la Constitución Nacional y eso no es conveniente para el país. Sería un muy mal mensaje para la sociedad colombiana y también para aquellos que están pensando en dejar las armas y negociar con el Estado”, aseguró el exnegociador.

Días atrás, el jefe de la delegación oficial que abanderó el proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle, también cuestionó la posibilidad de una nueva negociación con excomandantes guerrilleros que desertaron del acuerdo, como Iván Márquez.

“Iván Márquez y la llamada Segunda Marquetalia ya tuvieron su oportunidad y fallaron. Solo les queda el sometimiento”, dijo.

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En defensa del trabajo que viene haciendo el Gobierno, por intermedio del alto comisionado para la Paz, el senador Iván Cepeda aseguró que el presidente Gustavo Petro en ninguna circunstancia procederá a negociar o renegociar el Acuerdo de Paz que fue suscrito en 2016, pues reconoció que este es “inalterable”.

En lo que sí hizo énfasis Cepeda, es en que el cese del fuego con cualquier organización armada es urgente y por eso se mostró partidario de acordarlo en el proceso de acercamientos. “La búsqueda de un cese al fuego multilateral no es ningún acto de debilidad del Estado o concesión ingenua. No es un problema de método o táctica de negociación. Se trata de la necesidad de proteger poblaciones en los territorios como paso para construir la paz total”, consideró.

Falta claridad

En lo que no ha habido claridad todavía es en la condición bajo la cual serían aceptados los diferentes grupos con los que ya hay acercamientos, es decir, si serán llevados a una eventual negociación de paz o se avanzará en un proceso de sometimiento o acogimiento a la justicia. De ahí los interrogantes y las críticas que empiezan a surgir.

Para el docente investigador Jorge Iván Cuervo, el gobierno Petro está teniendo fallas en aspectos comunicativos y en la forma en la que se está refiriendo a cada grupo armado, sin definir cuáles serán las contemplaciones o directrices que se tendrá con cada grupo en particular.

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“El error del Gobierno, tanto en la estrategia como en la comunicación, es transmitir el mensaje de que la paz total es: voy a hablar con todo el mundo sin diferenciar el estatus de cada grupo armado. Las disidencias no pueden asimilarse como unas nuevas Farc, las Farc ya terminaron como grupo armado ilegal y las disidencias son otro grupo armado al cual no se le puede dar el mismo tratamiento que se les dio a las Farc”, manifestó Cuervo.

Por su parte, el analista político Pedro Viveros aseguró que el Gobierno deberá tener en cuenta a quienes sí cumplieron el acuerdo y están acatando lo firmado en 2016.

“El principal problema es que el país termine percibiendo que este Gobierno quiere negociar con personas que tienen tradición criminal y no con aquellos que tienen una tradición política, como es el Eln. Cuando se tiene la intención de negociar debería de hacerse de forma gradualista”, explicó Viveros.

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Además, reiteró que se deberá cumplir lo ya firmado entre las Farc y el Gobierno. “Primero, implementar los acuerdos que se firmaron con las Farc, después abrir la negociación con el Eln, que es político, y el remanente que son las bandas criminales y delincuenciales, someterlas a la justicia, pero se está haciendo lo contrario”.

Los riesgos

El investigador Jorge Iván Cuervo señaló que entre los riesgos que se corren al no diferenciar los procesos de acercamiento con los distintos actores armados que mantienen activo el conflicto en las regiones, es que se puede terminar deslegitimado lo alcanzado en La Habana.

“Si hay algo que ha tenido el acuerdo de 2016 es que las Farc han cumplido a cabalidad, están en el Congreso, han ido a la JEP. Entonces, el mensaje para los desmovilizados, para quienes han cumplido es muy complejo; traería un mensaje de desmotivación”, planteó.

Tanto Cuervo como Viveros coincidieron en asegurar que el Gobierno debería ir paso a paso en cada uno de los procesos y no llevarlos a cabo todos al tiempo, teniendo en cuenta sus diferencias e inclinaciones.

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“El Gobierno ha decidido abrir escenarios de conversación con los distintos grupos ilegales, pero deben ser distintos con cada grupo en función del estatus político y jurídico. El Gobierno no debería manejar a las disidencias igual que al Eln, ni como un segundo capítulo de las Farc”, insistió Cuervo.

Pedro Viveros también hizo énfasis en la importancia que representa la figura de quienes sí han cumplido con lo firmado y no han reincidido.

“Es darles el espacio en Colombia y mandar la señal de que ser criminal si paga. Tiene que haber un sometimiento a la justicia para los criminales que tienen vínculos, o las disidencias, o los que han sido reincidentes en materia de narcotráfico, pues que tengan un espacio con la justicia ordinaria, eso tiene unas posibilidades en materia de penas”, explicó Viveros.

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