Con bombos y platillos, y varios tuits para el autobombo, congresistas de todas las vertientes políticas anunciaron este miércoles que por fin llegaron a un acuerdo para reducir el salario de los legisladores. De hecho, dijeron al unísono que esta es una forma de mostrar que se pueden tender puentes entre oficialismo y oposición para sacar adelante reformas que generen interés común.

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Y, efectivamente, radicaron un proyecto de reforma constitucional para reducir el sueldo de 35 millones de pesos mensuales que se le paga a cada uno de los 296 legisladores que tiene Colombia, lo que implica un gasto mensual de más o menos 10.360 millones de pesos en solo los salarios.

Entre las cosas que acordaron está que, a partir de 2026, el sueldo de un congresista no supere los 23 salarios mínimos mensuales vigentes. Eso se haría a través de la modificación del artículo 187 de la Constitución para que allí quede establecido ese tope, que incluye factores salariales y no salariales.

Eso, en plata blanca, se traduce en que los congresistas sí quieren bajarse el sueldo, pero después de que se acabe el actual periodo, lo que se traduce en que aplicaría a quienes sean elegidos en las próximas elecciones legislativas. Los actuales mantendrían sus $35 millones intactos. Algo que va de lo risible a lo contradictorio, pese a la pompa de los anuncios.

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“Las bancadas de oposición y de Gobierno se unen para reducir el salario de los congresistas. Estoy completamente convencido que este Congreso será el que por fin, y por decisión propia, reducirá su salario”, aseguró el presidente de la Cámara, el representante del Pacto Histórico David Racero.

Esta postura está respaldada por congresistas del Centro Democrático, como Paloma Valencia y Hernán Cadavid, al igual que de otras colectividades.

Pero, en un intento por frenar la indignación que se desató por la negativa de que la reducción aplique de forma inmediata, acudieron a una fórmula que –de igual forma– depende de la voluntad política del Capitolio para que sea aprobada.

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En este proyecto de reforma constitucional que modifica las reglas a cumplir que tienen los congresistas, se incluyó un artículo que crea un impuesto del 20 por ciento sobre el salario de los legisladores para usarlo en gasto social. Otras voces dicen que lo quieren intentar incluir a través de una proposición en la reforma tributaria que está pendiente de comenzar trámite.

La idea, que en su momento fue esbozada por la senadora Valencia, implica una reducción cercana a los 7 millones mensuales, pero –al ser esto una reforma constitucional– su trámite dura al menos un año y es probable que los propios congresistas tumben este impuesto.

Así las cosas, el proyecto que tenía más impulso, que era el del senador Jota Pe Hernández, cuya base era quitar la “prima especial de servicios” que les dan mensualmente y que equivale a $11,5 millones, perdió el impulso que tenía. Otra contradicción más del mismo Congreso.

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En todo caso, mientras se da este debate, se sabe que la reforma también incluye una reducción de un mes y medio en las vacaciones de los congresistas, que actualmente es de 4. No se sabe aún qué tan dispuesto está el Gobierno de Gustavo Petro a apoyar esta iniciativa cuando necesita tener ‘contentos’ a todos los legisladores para que le pasen su ambiciosa agenda reformista.

Fuente: El Colombiano

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