Por primera vez desde su creación, hace 11 años, la Unidad de Restitución de Tierras territorial Norte de Santander está a cargo de una mujer. Se trata de Tatiana Abdallah, una abogada y magíster en Derechos Humanos, con una amplia experiencia en el tema de víctimas, y para quien su mayor reto es avanzar en un proceso como el de restitución en medio de un conflicto que sigue activo.

Instalada hace tres meses en la entidad, Abdallah decidió poner en marcha una nueva estrategia, con el fin de hacerle frente a los obstáculos que representa para la región del Catatumbo la presencia de grupos armados en la consolidación de la política de restitución, a la vez que se fortalece el trabajo y la generación de confianza con las comunidades.

Lea: Especiales La Opinión l Tres décadas del asesinato de Eustorgio Colmenares Baptista

“Estamos en una política de transición, pero sin final del conflicto. Entonces, el reto es cómo hacer compatible lo que la ley dice que debía hacerse en un momento que se supone ya no debería haber conflicto armado y lo que tenemos que hacer en donde un conflicto está activo y donde hay diferentes actores en pugna”, manifestó la funcionaria, en diálogo con La Opinión.

Abdallah recordó que ese mismo escenario es el que ha llevado a que sea mucho más complejo avanzar en aquellos municipios con mayor número de solicitudes de restitución, llegando, incluso, a tener que suspender los procesos administrativos.

“Arrancamos como entidad con bastante fuerza, hubo años de un buen balance, pero luego se dieron una serie de suspensiones de los procesos y quedaron quietos, más que todo en el Catatumbo y algunos sitios de la zona rural de Cúcuta”, señaló.

En los diez años que lleva de vigencia la Ley de Víctimas, en Norte de Santander se han presentado 5.395 solicitudes de restitución, de las cuales 3.398 están en trámite. Mil de estos procesos ya se encuentran ante las instancias judiciales y en 352 casos ha habido sentencias que benefician a 1.200 personas.

Así mismo, son 70 los proyectos productivos exitosos, principalmente en las áreas de frutales, café, cacao, ganadería, cereales y piscicultura, con una inversión de $2.190 millones.

“La ley se planteó en un contexto en el que ya no debería haber conflicto y no es ese el tiempo en el que estamos. Entonces, un poco por eso se ve que no avanzan las cosas como deberían avanzar, porque la ley no se está cumpliendo en tiempos de paz, sino en un marco de conflicto. Eso hace que los resultados no sean los que se esperarían”, reiteró la directora de la Unidad.

Trabajo con las comunidades

Entendiendo que el conflicto armado se sigue librando con intensidad en zonas como el Catatumbo, donde se concentra el mayor número de solicitudes por parte de quienes fueron despojados de sus bienes, la Unidad de Restitución de Tierras territorial Norte de Santander decidió iniciar un trabajo directo en terreno con las comunidades, para que sean ellas quienes ayuden a acompañar y ‘blindar” el proceso.

“Para poder destrabar esta situación que se presenta respecto del orden público lo que estamos haciendo es fortalecer el trabajo con líderes. Incluso, mantenemos el contacto con las guardias campesinas e indígenas, para que sean ellos los que nos apoyen en la entrada a territorio y que no dependamos solamente del concepto de la Fuerza Pública, que también es muy importante, pero lo que queremos es afianzar la presencia en el territorio, de la mano de las comunidades”, dijo Abdallah.

La funcionaria explicó que para ello vienen haciendo desde febrero pasado unas jornadas de socialización, con el fin de que las comunidades conozcan qué es lo que hace la Unidad, cuáles son los tipos de visitas que se hacen a los municipios y de esta forma les puedan brindar un acompañamiento.

Admitió que una década después de entrada en vigencia la ley todavía hay mucho desconocimiento sobre el proceso mismo y que suele ocurrir que se confunde el trabajo que hace la Unidad de Restitución con el que adelantan otras entidades del Estado.

Tatiana Abdallah aseguró, además, que la política de ‘paz total’ que se ha convertido en una prioridad para el gobierno de Gustavo Petro sí se constituye en un factor positivo para el avance del proceso de restitución de tierras y que la gente así lo manifiesta.

“Los líderes (del Catatumbo) dicen que se sienten en un poco más de calma y eso ha permitido más acercamientos. Vamos a empezar a trabajar con corregidores, en el territorio, y esto puede permitir un avance”, admitió.

Las proyecciones para 2023

La directora de la Unidad de Restitución de Tierras en el departamento anunció que las apuestas para este año están enfocadas, principalmente, en retomar los procesos que se encuentran suspendidos por temas de orden público e incluir nuevas zonas microfocalizadas (en condiciones para avanzar con el proceso) en el Catatumbo, como algunas veredas de Tibú.

“Necesitamos avanzar en eso para recibir nuevas solicitudes, porque sabemos que todavía hay mucha gente que no ha presentado su solicitud. La gran ventaja que tiene la restitución es que todavía se pueden presentar solicitudes”, dijo..

Consulte: Estos son los ganadores de los premios Óscar 2023

Precisamente, la funcionaria aprovechó para recordar que a pesar de que ya han pasado diez años desde que entró en vigencia la Ley 1448, las víctimas todavía pueden declarar los hechos que los afectaron y solicitar la restitución de sus predios.

“Por eso estamos muy enfocados en hacer la socialización, para que las personas tengan conocimiento de que todavía están a tiempo de presentar la solicitud y puedan iniciar los procesos. Nos hemos encontrado a muchas personas que pensaban que ya no era posible por el tiempo que ha pasado. Varias familias salieron de Ocaña y se establecieron en Venezuela y nunca retornaron, y no es su deseo retornar, pero sí están acercándose porque se enteraron que pueden todavía hacer su solicitud, después de 20 años de haberse ido”, manifestó.

Tatiana Abdallah señaló que un aspecto adicional en el que buscan avances es en el de los procesos judiciales, teniendo en cuenta que por años se ha cuestionado la lentitud en la emisión de sentencias, debido a la misma carga laboral de los juzgados.

Al respecto, anticipó que se han venido reuniendo con los jueces, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, para fortalecer acciones conjuntas que permitan una mayor agilidad en estos trámites.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion