La magistrada Magda Victoria Acosta fue posesionada hace poco más de un mes y medio como la presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), una entidad no tan conocida, pero muy importante para la justicia en Colombia. 

La lucha sobre las mafias de abogados, jueces y funcionarios que se alían para torcer la justicia, evitar casos como las polémicas decisiones del juez que dejó en libertad a alias ‘El Gatico’ y hasta las peticiones que le hizo al presidente Gustavo Petro para mejorar los juzgamientos, fueron parte de las propuestas que tiene en la mira la magistrada.

Acosta habló sobre lo que viene para una de las entidades que administra justicia en Colombia junto a las altas cortes y lo difícil que ha sido para la entidad que no sea tan conocida y valorada por todas las esferas públicas del país.

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Quizás hay muchas personas que nunca han escuchado la entidad y su función, pero ¿qué es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y cuál es su función?

Nosotros somos el termómetro de la justicia, porque ante nuestra jurisdicción llegan las quejas contra los abogados, jueces, fiscales y magistrados de todo el país. Entonces, uno puede ir midiendo lo que está sucediendo, por ejemplo, estamos muy preocupados sobre lo que está pasando en el Atlántico, porque hay quejas de todos los niveles, hay casos muy impactantes de corrupción, desde magistrados hasta jueces de ejecución de penas y abogados.

¿Habla del tema de corrupción en la rama judicial? ¿Qué han encontrado?

Existen unas verdaderas mafias donde están todos los involucrados. Desafortunadamente encontramos que hay abogados, jueces y hasta empleados judiciales que se prestan para realizar amaños de reparto y otras investigaciones en el Atlántico y en Antioquia y otras. Estamos trabajando de la mano de las entidades.

Precisamente toca el tema del Atlántico y me llega a la mente el caso de la polémica decisión de un juez que dejó en libertad a alias ‘El Gatico’ y que, precisamente, tenía otra investigación. ¿Qué sucedió en este caso?

No paso nada y por eso tuvimos que hacer uso del poder preferente y traerlo para la Comisión Nacional en Bogotá para saber del caso. Es un tema que estamos investigando, que lo tenía nuestra seccional del Atlántico y no había hecho ninguna investigación, pese a que enviamos irregularidades iniciales en 2021.

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Eso nos lleva a plantearnos qué está pasando en el Atlántico en todas las jurisdicciones, porque hay quejas de todo lado, como la jurisdicción civil, que se está inmiscuyendo en temas de tierras y hay jueces que se están prestando para legalizar títulos o para proteger poseedores irregulares en procesos de familia.

Además de estos casos de corrupción en la justicia, que son tan importantes para tener en cuenta y eliminar, ¿qué otros retos tiene tras su llegada a la Comisión?

El mayor reto de la comisión es volverle la credibilidad y la confianza en la administración de justicia disciplinaria a la comunidad y mostrar que tenemos todas las garantías para desarrollar un proceso disciplinario jurisdiccional, precisamente para el ciudadano común, que no lo tiene muy claro y acercarlo más la justicia.

Otro reto es hacer presencia real como administradores de justicia en un tema fundamental como es el disciplinario, pero además ético, a mí me afana mucho que magistrados que han sido cuestionados éticamente a nivel seccional, involucrados en procesos penales y que sigan ejerciendo a pesar de tener procesos vinculados, porque un funcionario que evalúa una conducta ética nunca puede tener tacha en su actuar, ya que lesiona la credibilidad. Tenemos que fortalecernos en ese sentido.

La CNDJ es prácticamente nueva, fue creada con el propósito de reemplazar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cómo les ha ido con ese cambio, qué diferencias han encontrado?

Hay varias diferencias: en lo positivo si hemos avanzado en la autonomía, yo creo que un órgano jurisdiccional que este coadministrado con una sala administrativa no es sana, había salas plenas donde se intervenían presupuesto en temas realmente que no son jurisdiccionales y ahí se creaba una simbiosis extraña que no debería existir.

De alguna manera, también se dieron cosas negativas, creo que por el trauma que generó algunas decisiones muy puntuales de la sala disciplinaria, de quitarle la facultad de fallar acciones de tutela a un juez de la República y que se prive a la Comisión de Disciplina me parece inadecuado, porque se está buscando tumbar las decisiones disciplinarias mediante acciones de tutela posteriores y eso nos ha traído que procesos anteriores, ya consolidados después de años, nos anulan la decisión con una tutela.

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Yo hago un llamado a todas las corporaciones en que, si son unos organismos de cierre, yo no puedo hacer interpretaciones si yo tengo que primero ver la relevancia constitucional de esa acción de tutela, porque yo no puedo hacer interpretaciones diversas al que hace el juez natural de conocimiento. Hay que rescatar la acción de tutela como un mecanismo de acceso a la administración de justicia y un equilibrio de poderes en la rama judicial.

A su llegada a la Comisión, hace unas dos semanas conocimos que tuvieron una reunión con el presidente Gustavo Petro. ¿Qué sucedió allí, le planteó cambios para la entidad?

Le hicimos la propuesta al presidente sobre la necesidad de crear juzgados disciplinarios para que conozcan en primera instancia sobre los procesos que se adelanten en virtud de quejas por corrupción, por actuaciones inadecuadas de funcionarios judiciales en el territorio nacional, específicamente en cada municipio del país.

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