El alcalde Samir Fernando Casadiego se encuentra en una encrucijada jurídica ante la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que ordena retomar los activos y convocar a licitación los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ocaña.
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El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cúcuta, en un auto interlocutorio de trámite proferido el 11 de octubre de 2022, ratificó el veredicto y recuerda al mandatario local, como máximo representante legal de la administración municipal, cumplir al pie de la letra los requerimientos del alto tribunal.
Según el nuevo pronunciamiento de la justicia se debe acatar lo ordenado e iniciar el proceso de licitación para entregar en concesión el servicio de agua potable y alcantarillado.
Casadiego manifestó que los fallos judiciales son para cumplirlos y por eso pidió facultades al Concejo sobre la licitación pública, pues no quiere verse envuelto en investigaciones disciplinarias.
Mientras el alcalde asegura que los activos están en manos de la administración local, los opositores señalan que no existe un decreto como piso jurídico soportado en un inventario y los costos reales del mismo.
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Ahora el primer mandatario deberá responder por ese presunto error de revivir el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, sin establecer esa cláusula, indicó el abogado Silvano Calvo, quien emprende las acciones jurídicas encaminadas a declarar la nulidad del acuerdo.
Sentencia que tiene en jaque al alcalde
El dolor de cabeza radica en la decisión donde se ordena cumplir fielmente lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en providencia del 21 de octubre de 2021, por el cual se dirime el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ocaña y el Segundo Oral de Cúcuta, disponiendo que este último es el competente para conocer y tramitar el incidente de desacato adelantado dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.
En el mismo, el juez procede a “requerir al municipio y Empresa de Servicios Públicos de Ocaña sobre el cumplimiento de la orden impartida del veintiocho (28) de abril de dos mil quince (2015) y del veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que revoca el numeral primero y segundo de la sentencia proferida por ese despacho, concediendo el amparo del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
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Ordena al municipio de Ocaña, que en término de 6 meses se sirviera expedir actos administrativos necesarios para obtener la devolución de los bienes que hacen parte del ente territorial y que fueron entregados en calidad de arrendamiento a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliario de Ocaña ESPO S.A. mediante contratos números 005 y 006 del 13 de octubre de 1994, teniendo en cuenta las causales de incumplimiento contractual evidenciados en resoluciones 566, 714 y 1394 del 2001. Así como, prever los términos para realizar proceso licitatorio contractual sin exceder seis meses y respetar los principios en materia contractual.
Quién dice la verdad?
El enredo radica en un acto administrativo que debe reposar en la oficina jurídica del municipio de Ocaña donde se determine que efectivamente la alcaldía ha retomado los activos para iniciar la licitación pública.
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Mientras el mandatario asegura que esa cláusula está incluida dentro del acta de entrega del contrato suscrito con la Empresa para la devolución de los activos, una vez surta efecto la licitación pública, el ex alcalde y abogado Francisco Antonio Coronel Julio, quien suspendió los contratos 005 y 006 en el 2001, manifestó que existe ese vacío jurídico, pues no hay decreto que así lo demuestre.
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