Vuelve y juega la polémica en torno al cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo de Norte de Santander frente a la recuperación de los activos de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO).
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El fallo ordena al municipio retomar los activos de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, Espo S.A. y convocar a una licitación para la operación del sistema de acueducto y alcantarillado.
Es una sentencia definitiva en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y es estricto cumplimiento.
El alcalde Samir Fernando Casadiego Sanjuan insiste en la licitación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, por ello, convocó a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal para analizar la iniciativa y conjurar el problema jurídico que viene desde el año 2017.
Sin embargo, los opositores aseguran que no es una medida viable y proponen la conformación de una empresa de servicios públicos antes de entregarla al mejor postor.
La situación se espera quede superada antes del 30 de septiembre.
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El miembro de la junta directiva de la ESPO, Gabriel Ángel Álvarez Duarte indicó que darán la pelea y emprenderán la batalla jurídica por la defensa de los servicios públicos en Ocaña.
Tirón de orejas de la Procuraduría
El alcalde de Ocaña, Samir Fernando Casadiego Sanjuán explicó a los concejales que el fallo del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, es de última instancia y es de estricto cumplimiento.
Manifestó que la convocatoria a un proceso de licitación pública para el manejo de los servicios de acueducto y alcantarillado no obedece a caprichos e intereses personales, pues en 7 ocasiones ha sido requerido por la Procuraduría General de la Nación para que defina ese mecanismo.
Asimismo, la Superintendencia de Servicios Públicos solicitó las explicaciones por el incumplimiento de un fallo por una acción popular.
“Un tema tan álgido que se debe cumplir estrictamente, de lo contrario vendrán las consecuencias jurídicas y obviamente no queremos estar inmersos en procesos disciplinarios, penales, ni pecuniarios porque cuando son acciones populares si no se cumplen, responde el representante legal del momento”, reiteró.
Casadiego afirmó que no hay alternativa y se debe cumplir.
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“El municipio no cuenta con el músculo financiero, más allá del manejo del agua y el alcantarillado, y se debe invertir de acuerdo a un ejercicio económico unos 340 mil millones de pesos para la recuperación sistema con el cambio de la tubería de asbesto por efectos a la salud pública”, puntualizó el mandatario.
Verdades a medias
El presidente de la junta directiva de la ESPO, Gabriel Ángel Álvarez Duarte, calificó de mentiroso al alcalde y lo acusó de tener intereses en la licitación pública.
“Estoy aterrado de las mentiras dichas por el alcalde. Primero renuncia a la junta directiva acusándonos públicamente de malos manejos, ahora sale que es requerido por la Procuraduría y la Superintendencia de Servicios Públicos, pero nunca muestra los oficios”, exclamó.
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