Al considerar el acuerdo como lesivo para los usuarios, los integrantes del Comité Cívico por el Rescate del Acueducto impulsan un referéndum derogatorio de la licitación de los servicios públicos en el municipio de Ocaña.
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En sesiones extraordinarias del mes de septiembre los concejales otorgaron facultades al alcalde, Samir Fernando Casadiego Sanjuán, para concesionar el agua sin realizar un cabildo abierto para escuchar a la gente.
Los voceros cívicos radicaron la iniciativa ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para obtener los formatos y comenzar el proceso de recolección de las rúbricas encaminadas a dejar sin el piso jurídico esa disposición del orden municipal.
Los promotores indicaron que se requieren 20 mil firmas para salvar el manejo del agua, que puede quedar en manos de particulares. Buscan dejar sin efecto el acuerdo por medio del cual los concejales entregaron en las manos del alcalde la posibilidad de efectuar la licitación para la operatividad de los servicios públicos en Ocaña.
“No se puede, bajo ninguna circunstancia, permitir ni entender, y ni siquiera pensar que el alcalde siga repitiendo una mentira que no se puede sostener, que es por culpa de un fallo judicial que él infortunadamente se ve sometido, óigame, a hacer tremendo negocio con el acueducto”, anotó el abogado Silvano Calvo.
El mandatario local afirma que la decisión no tiene vuelta de hoja ya que obedece a un veredicto en última instancia de estricto cumplimiento proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Los miembros del comité desmienten esa versión, pues consideran que existen otras alternativas como la creación de una entidad de economía mixta o una empresa netamente pública y no entregar los activos al mejor postor.
“El alcalde tiene serias dificultades para abrir la licitación pública, ya que no ha cumplido con lo exigido en la sentencia, pues no ha retomado los activos, en poder de la actual Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO S.A.”, agregó el profesional del derecho.