~En actitud prepotente, los guardianes han bloqueado la entrada y la salida de presos de las cárceles, atentando de manera flagrante contra la Justicia, los intereses ciudadanos y las necesidades del país, mientras privilegian su bienestar y sus exageradas aspiraciones.~ Son 15 mil y están armados. Y aunque de ellos, unos 4 mil están en paro desde hace cinco meses, los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tienen al país en vilo, y al gobierno en jaque, con sus 64 sindicatos, a cual más intransigente y, si se observa en detalle, desbordado en sus exigencias.

Mientras tanto, miles de hombres y mujeres pasan los días hacinados en pasillos y oficinas de Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y en estaciones de Policía, en espera de que puedan ir a las cárceles, hoy feudo privado e inviolable de los sindicalistas armados y de sus simpatizantes.

En esto del paro del Inpec hay varias situaciones aberrantes.

Los guardianes son una fuerza armada oficial, que, siendo realmente sensatos, no debería sindicalizarse. Pero, por alguna razón, en vez de uno, tienen 64 sindicatos, cada uno con orientación y objetivos propios, aspiraciones diferentes y exigencias de diversa índole. En situaciones así, cualquier intento de negociar está, de antemano, condenado a un fracaso estruendoso.

En actitud prepotente, los guardianes han bloqueado la entrada y la salida de presos de las cárceles, atentando de manera flagrante contra la Justicia, los intereses ciudadanos y las necesidades del país, mientras privilegian su bienestar y sus exageradas aspiraciones.

El paro, disfrazado de ’operación reglamento’, lo protagonizan funcionarios sobre los que recae la mayor cantidad de críticas por su falta de transparencia y su escasa idoneidad, y crecientes acusaciones de actos de corrupción, en las que los involucran en episodios de tráfico de drogas, teléfonos celulares, privilegios personalizados, personas, y hasta armas.

No pretendemos desconocer la legitimidad del derecho a la protesta social, que por lo demás acompaña a todo colombiano, pero sí consideramos que en este caso, el sindicalismo del Inpec no tiene legitimidad alguna, en la medida en que atropella a colombianos que, por decisión de la Justicia, se encuentran en estado de indefensión detrás de rejas y candados.

Los sindicatos perdieron ya toda la justificación del paro, desde cuando comenzaron a violar derechos fundamentales de los reclusos, a los que les impiden asistir a diligencias judiciales, que en algunos casos podrían determinar su libertad. ¿Qué pueden argumentar a su favor, si en su contra tienen una larga serie de atentados contra la población reclusa?

Creado en 1992 para unificar recursos y centralizar el manejo penitenciario, el Inpec ha fallado en sus objetivos y se ha convertido en una especie de tumor maligno del sistema de Justicia, que debe ser extirpado y removido pronto, o al menos despojado del privilegio que lo hace un sindicato armado que se da el lujo de disponer de las principales cárceles como si hicieran parte de su patrimonio exclusivo.

Vale la pena plantear de nuevo la idea de al menos someter a análisis la posibilidad de entregarle al sector privado parte del sistema carcelario, como en otros países, donde las cárceles dejaron de ser centros de creciente inquietud, para convertirse en reclusorios que son manejados con el rigor, la eficacia y la eficiencia de la iniciativa empresarial.

En realidad, cualquier cosa que se haga en beneficio del sistema penitenciario será recibida con agrado por la ciudadanía, cansada de que por un lado los jueces decidan en un sentido que contradice el criterio de la comunidad, y por el otro, los presos vayan a prisiones donde son presa de un sistema corrupto por todos los costados, y donde es más fácil terminar de corromperse, ante que reformarse. Y en la génesis de este fenómeno está el guardián, señor todopoderoso de un reino podrido y amenazante.