Con justísima razón, el país está indignado porque, además del escándalo por la sospechosa subasta de un solo oferente de Isagén, reventó el caso Reficar, en el que las obras, que debían costar cuatro mil millones de dólares, terminaron costando ocho mil dólares, 25,6 billones de pesos, lo que cuestan 640 mil viviendas de las de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras.

La Contraloría calificó lo ocurrido como la “feria de las adiciones de los contratos de Reficar”, porque, de 2460 contratos, el 18 % tuvo incrementos del ciento por ciento y el 27 %, del quinientos por ciento.

El de los andamios, que se pactó en 23 millones de pesos, terminó costando 8615 millones, 37.528 %. Una marca mundial. Y la misma entidad calcula en otros mil millones de dólares el costo de los 27 meses de retraso de las obras.

Este negocio es el caso del árbol que nació torcido y no se endereza jamás.

Porque el primer mal paso consistió en que Ecopetrol decidió privatizar su vieja refinería en Cartagena, vendiéndole el 51 % a Glencore International AG, porcentaje calculado para que fuera ella la que controlara y modernizara la empresa nacida de ese negocio, Reficar S.A. Con apenas el dos por ciento más de las acciones, a la trasnacional se le entregó el poder de determinar cómo y con qué otras empresas se invertirían los recursos.

Y Glencore, ni corta ni perezosa, contrató con la Chicago Bridge & Iron –CB&I– el diseño y dirección de las obras, a pesar de que esta compañía, al igual que Glencore, no tenía ninguna experiencia en construcción de refinerías.

Muy dicente resulta que en 2009 la Contraloría advirtiera que “Reficar S.A. en su estructura organizacional cuenta con vicepresidencias administrativas y financieras que bien podrían encargarse de las actividades encomendadas a CB&I” y que en 2012 la revista Dinero informara que “Glencore y CB&I habían subcontratado sin límite de cuantía.

Varios de los contratos estaban en inglés y nunca fueron  traducidos, lo que, según los emisarios del organismo de control, afectó la transparencia debida”. “Como en las grandes fiestas –resume Semana– CB&I no reparaba en gastos y comenzó a celebrar cientos de contratos con la chequera de Ecopetrol”.

Para completar, en 2009, Glencore logró que Ecopetrol le recomprara sus acciones y se retiró de Reficar y de la financiación de la mitad del proyecto, sin que se le impusiera sanción alguna.

En junio de 2010, cediendo ante CB&I, Reficar, controlada ya al ciento por ciento por Ecopetrol y por una empresa suya, aceptó cambiar el contrato, que inicialmente debía ser de llave en mano, por uno de costos reembolsables, con lo que le dio patente de corso a la trasnacional para gastar y gastar, como en efecto ocurrió. Y Ecopetrol también le entregó a otra empresa extranjera, la Foster Wheeler, la supervisión del proyecto y de sus costos, pero sin que ello fuera una auténtica interventoría (contralor Edgardo Maya).

Una de las cosas que más han irritado en este escándalo de desgreño y corrupción han sido las explicaciones de los altos funcionarios de Reficar y Ecopetrol a la pregunta de por qué toleraron que CB&I siguiera con sus andanzas cuando ya se sabía de sus malos manejos. Porque su respuesta ha sido –aunque parezca mentira– que en la Junta Directiva de Reficar del 27 de septiembre de 2011 –¡hace casi cinco años!– decidieron mantener el negocio con CB&I y, como gran cosa, empezar a recoger información que les permitiera en el futuro plantearle algún resarcimiento o demandarla, una vez concluyeran las obras, como podría suceder, pero ni siquiera ante la Justicia colombiana, sino en un tribunal de arbitramento en Nueva York. ¡Cómo el que descubre que alguien lo está robando y se sienta a esperar a que el caco termine, para, luego, ahí sí, tomar alguna medida!

No debe sorprender la decisión de la Procuraduría de abrirle investigación al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien desde 2008 tiene silla en la junta directiva de Ecopetrol; al presidente de esta, Juan Carlos Echeverry, y a otros altos funcionarios. Y tampoco sería raro que algunos terminaran sancionados. Porque si bien los problemas empezaron en el gobierno de Álvaro Uribe, continuaron en el de Juan Manuel Santos. El corolario de este desastre, que se ampliará en el debate en el Senado, es que Reficar le generó una deuda a Ecopetrol de 3071 millones de dólares y que sus problemas están siendo aprovechados para avanzar en su privatización –ya pusieron en venta a Propilco–, el sueño de Santos y de la panda neoliberal.