La salida en falso del Fiscal General de la Nación, no pudo ser mayor, luego de anunciar, una vez posesionado, que muy pronto “el país conocería de un hecho estremecedor en relación con la Farcpolítica”, al final ha tenido que recoger sus palabras y poner en libertad, a quien inicialmente consideró el portaestandarte de ese proceso judicial, el ex diputado del Valle, Sigifredo López.

La bocanada de expresiones con que el Fiscal Montealegre le endilgó a Sigifredo delito de lesa humanidad, toma de rehenes, homicidio y secuestro de 10 de sus compañeros de Asamblea, tuvieron que ser reversadas posteriormente, dada la inconsistencia probatoria de aquellos. De nada sirvieron los conceptos previos de inminentes juristas, especializados en derecho penal y en el tema probatorio, ni menos aún, las advertencias de columnistas especializados en temas judiciales, quienes se habían referido a la fragilidad de los cargos materia de las imputaciones contra el ex diputado.

La forma descomedida y en cierta forma altanera con que el Fiscal General restó importancia a tales conceptos, lo llevaron a que, de manera arrogante, diera por evidentes sus afirmaciones y respaldara plenamente el proceder equivocado y apresurado del Fiscal que adelantaba la respectiva investigación.

Inicialmente se habló de que todo había partido de la existencia de un carrusel de testigos con asiento en la Fiscalía, donde los criminales se aprovechan de las ventajas que brinda el sistema acusatorio. Sin embargo la verdad fue otra totalmente distinta.

La captura de Sigifredo López, no se sustentó en testimonio o testigo alguno. Su fundamento fue un video aportado por la Policía Nacional, en el que presuntamente aparecía el ex diputado dando instrucciones sobre cómo asaltar de manera exitosa la Asamblea del Valle. Nadie, ni en la Policía Judicial, ni en la Fiscalía, previó en ningún momento, en la posibilidad de que quien aparecía en el video, no fuera Sigifredo, Sino “J.J”, el hombre que dirigió el plagio y cuya voz era muy parecida a la de López.

Cuando el peritazgo del FBI demostró que esa no era la voz de Sigifredo, la Fiscalía, en vez de reconocer su error, se dedicó a encontrar testigos, buscando un sustento testimonial en que respaldar su debilidad probatoria y poder así mantener al ex diputado en la cárcel. De esta manera torticera logró prolongar su encierro, escribiendo con ese nefasto proceder uno de los más vergonzosos capítulos de la justicia colombiana. Aún no se conoce como se negocio con esa clase de testigos y a qué clase de acuerdos se llegó con ellos, pues nadie accede a dicho sistema, sin recibir alguna clase de beneficios.

Todo conduce a pensar, que el Fiscal General y sus colaboradores, en su afán de conseguir un chivo expiatorio que les permitiera demostrar, de una manera contundente, que en Colombia existía la Farcpolítica, utilizaron a Sigfredo López, para mostrar una falsa eficiencia.

Lo verdaderamente grave de este caso, es el mal ejemplo que deja en toda la esfera institucional. El costo político y social que tiene para la credibilidad de su sistema judicial, es absolutamente devastador. El Fiscal que profirió  medida de aseguramiento contra Sigifredo López y que posteriormente fue removido del cargo, debería ser investigado penalmente.

Mal se puede abusar de la potestad de disponer de la libertad ajena.

Universalmente es el poder más grande que existe sobre la tierra. Atentar contra él, es un crimen que no puede permanecer en la impunidad.