Algunos miembros de la coalición Centro Esperanza, en cabeza del candidato presidencial Sergio Fajardo, interpusieron una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del presidente de la República, Iván Duque Márquez, por incurrir presuntamente en el delito de prevaricato por acción.
“El presidente Duque no cumplió con la ley, tramitaron una ley, él la firmó y la Corte Constitucional explicó exactamente el tipo de delito que se había cometido, yo como presidente nunca lo voy a hacer, un presidente que educa, que es profesor, tiene que enseñar con el ejemplo”, aseguró Fajardo desde el Congreso.
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El candidato además afirmó: “Lo que ocurrió aquí fue cambiar la ley de garantías para poner un montón de recursos públicos en el marco de la competencia electoral para influir en las elecciones, a Colombia hay que decirle exactamente la responsabilidad que un presidente tiene y mostrarles la responsabilidad que voy a tener con el respeto de la ley”.
Fajardo aseguró que la investigación tiene que determinar hacia donde se dirigieron los recursos autorizados y evaluar de que forma fueron utilizados en plena campaña electoral que, según el candidato, permitieron que el presidente Duque hiciera política en plenas elecciones.
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“Si la cabeza no cumple, pues de ahí para abajo no hay ningún tipo de autoridad en ningún sentido para en principio decirles a los otros que lo cumplan. La Procuraduría debería estar investigando un montón de casos, pero parece ser que es muy lenta. Sabía exactamente que estaba haciendo”, afirmó Fajardo.
El candidato presidencial le hizo un fuerte llamado al mandatario colombiano por haber permitido la contratación interadministrativa en época electoral antes de que la Corte se hubiera pronunciado frente a la modificación de la ley.
“Calculan los tiempos, después quedan los recursos, lo tramitan como lo tramitaron, ponen esa cantidad de plata a circular en época de elecciones, que es precisamente lo contrario a lo que la Ley de Garantías existía, es una violación de la ley”, destacó el candidato asegurando que este tipo de situaciones aumentan la corrupción.
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Frente al delito de prevaricato por acción, el Código Penal establece: “El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurriría en prisión de 48 a 144 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses”.
El documento fue firmado por Fajardo, Carlos Amaya, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo, Iván Marulanda, Guillermo Rivera, entre otros.
