Esperaría la ciudadanía cucuteña la visita de una delegación del Ministerio de Justicia junto con integrantes de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) para que revisen lo que está ocurriendo con las estaciones y CAIs que ahora se volvieron en pequeñas cárceles.

Ese hecho se constituye en otro elemento que altera la tranquilidad y genera mayores niveles de inseguridad en los barrios y lugares en que se encuentran.

Situaciones de un pasado no muy lejano ratifican que transformar estos puestos policiales en lugares de reclusión se convierte en focos de peligro y riesgo para la comunidad vecina y circundante y además para los mismos agentes de policía.

No es sino revisar las noticias de otros meses y  semanas para observar como de allí se han fugado muchos de los detenidos que esperan ser trasladados a la Cárcel Modelo, pero que como consecuencia de la crisis, deben permanecer semanas y meses en edificaciones inadecuadas que no cumplen  las condiciones para ello.

Por ejemplo está el caso de la fuga de 11 detenidos, a finales de 2021, quienes se encontraban en la estación de Policía del barrio Kennedy, en la ciudadela Juan Atalaya. Otro caso sucedió en San Fernando del Rodeo, de la que se escaparon cuatro reclusos, en mayo del año pasado.

Con esos antecedentes y con lo que acaba de ocurrir, que en la cárcel cucuteña no están admitiendo más internos, es hora que el caso de la capital de Norte de Santander, afectada en este momento por una de las peores olas de inseguridad de los últimos años, es hora que desde las altas esferas del Gobierno Nacional se adopten determinaciones para conjurar la crisis, que es generalizada en el país.

Y no es para menos, puesto que hasta la propia Policía Metropolitana acaba  de señalar que el hacinamiento en las celdas que se tienen en las diferentes estaciones se sitúa en el 400 por ciento, al encontrarse allí 680 personas recluidas.

Recordemos que las instalaciones policiacas en los  barrios no tienen la función de cárceles, razón por la cual carecen de las capacidades adecuadas para el manejo de esa cantidad de detenidos, constituyéndose en un problema de seguridad y de salud pública.

La Personería, que ha expresado su preocupación por lo que está ocurriendo, advirtió que esa no es la función de la Policía y que de esta forma se descuidan las labores de cuadrantes en los barrios, como son las de proteger a los ciudadanos.

Debe insistirse, entonces, en que desde el Ministerio de Justicia, que está empeñado en la reforma carcelaria y penitenciaria, y desde la misma Policía Nacional, se definan las acciones para superar la crisis de los centros de reclusión temporales, que ya no es temporal sino cíclica y con tendencia a volverse permanente.

De verdad que esta clase de hechos no pueden caer en el campo del olvido gubernamental, porque aparte de ser como la metástasis del prolongado y complicado problema carcelario colombiano,  terminan poniendo en peligro la vida y los bienes de los ciudadanos, porque por un lado hay que emplear más policías para vigilar presos y, por el otro, los barrios no tienen por qué convertirse en zonas de riesgo por la presencia de improvisadas prisiones.

O sacan adelante prontamente el proyecto penitenciario y carcelario o se adoptan estrategias urgentes para solucionar estos riesgosos inconvenientes temporales de las estaciones hacinadas, porque a todas luces nuestras ciudades, entre ellas Cúcuta, no pueden seguir padeciendo este peligroso problema.  

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