No es el ya legendario Estatuto de Seguridad con el que la represión se hizo política de Estado y de Gobierno, pero parece imitarlo, al menos en la intención. Por lo menos hace recordarlo.

Es una de las características del nuevo Código de Policía, que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó: se aferra a los verbos prohibir y multar, que conjuga en muchas circunstancias relacionadas con la vida ciudadana.

Se le dice nuevo, porque reemplaza a otro código, de 40 años de existencia, pero en su espíritu es igual o más viejo que el que se va a derogar, en todo lo que tiene que ver con el afán de recortar libertades y de prohibir y castigar.

Y tiene normas tan ambiguas, en las que cabe cualquier interpretación, tal como la que obliga al pago de una multa de casi 100 mil pesos a la persona que ingrese o intente ingresar a un niño o menor de edad a un evento en el que la vida o la integridad física y moral del mismo pueda estar en riesgo.

¿A qué evento se referirá? Porque hoy, hasta el acto más sencillo puede ser causa de que la integridad física o moral de los menores estén en riesgo.

Desobedecer a un policía se multará con casi 750 mil pesos, dice la norma, pero no aclara qué clase de órdenes son las que no se pueden desobedecer ni en qué circunstancias, lo cual puede prestarse a situaciones difíciles, en especial si se tiene en cuenta el nivel de arbitrariedad que a veces demuestran las autoridades.

Y este fenómeno del abuso es más preocupante cuando, sin mandato de un juez, el código autoriza a los policías a registrar personas y bienes cuando consideren que hay alguien o algo sospechoso.

También quedan autorizados los policías para ingresar a las instituciones educativas ‘cuando se produzcan conductas que afecten la convivencia’, y todo lo deja a criterio de los uniformados.

Aún falta cotejar el proyecto de la Cámara con el del Senado, pero se puede anticipar que habrá controversia cuando se llegue al punto de la autorización a los alcaldes para establecer toque de queda para los menores de edad. Aunque en el fondo puede ser una sana medida, a la crítica de esta disposición se unió incluso el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (Unicef).

¿Cuál podría ser una razón para impedirles a los niños salir a la calle? No lo dice el nuevo código. Prohíbe el nuevo código numerosas conductas que ya están prohibidas —caso de pólvora, producir ruido, pelearse en la calle, irrespetar señales de tránsito, pintar grafitos, salir con perros sin bozal, vender mercancías en los semáforos, realizar maniobras peligrosas mientras se conduce un automotor, interrumpir el tráfico…—, pero que todo el mundo ejecuta y nadie impide.

De todos modos, se trata de un intento de regulación de la vida diaria de los colombianos, que muy pronto quedará obsoleto, por el desarrollo mismo de la sociedad, que sufre cambios en todos los segmentos de la población, menos en los de la autoridad, entendida como el poder que ejerce el poder, siempre ajena a la realidad y a las necesidades de los individuos.

Desde luego, para ello, para lograr una autoridad acorde con los tiempos y las circunstancias, no se necesitan códigos sino conciencia política, cívica y de urbanidad de los ciudadanos. Y de eso hay muy poco. Casi nada, en verdad.