En una oportunidad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que abrió el caso 07 referente al reclutamiento forzado de menores por parte de la antigua guerrilla de las Farc, informó que por lo menos hay 18.677 víctimas.

A esa cifra llegó luego de cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.

Una de las conclusiones que determinó es que el Bloque Oriental, que cubría Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, concentró el 50% de los reclutamientos del país, entre 1996 y 2016.

De eso se hablaba y comentaba mucho, pero hasta ahora no se había pasado de ahí ni estas referencias, que para muchos sectores que persisten en cuestionar el acuerdo de paz alcanzado con esa guerrilla, lo señalaban como uno de los peores casos que pudiera quedar en la impunidad.

Pero ahora se acaba de abrirse una luz en el camino hacia la aplicación de justicia para los responsables por esta clase de hechos que han sido considerados violatorios del Derecho Internacional Humanitario.

La JEP acaba de tomar una determinación de carácter territorial que  imputa 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 exintegrantes de las Farc, señalándolos, entre otras cosas, por el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, que operaban en el Cauca y Valle.

Volvió a ser evidente que ese método era algo de común ocurrencia dentro de la estrategia político-militar, para lo cual dicha guerrilla promovió, ejecutó y promovió el reclutamiento y utilización de menores de edad.

En este caso, la JEP detecto que la mayoría de los ingresados eran indígenas o afrocolombianos, lo cual implicaba un proceso adicional de afectación de su cultura, pues quedaban expuestos a perder sus costumbres y a adquirir otras totalmente distintas.

Debemos esperar a futuro que para Norte de Santander y zonas aledañas también a futuro la JEP adopte unas determinaciones similares, con el propósito de sacar a flote situaciones que pareciera haber quedado en áreas grises.

Que se sigan destapando las cartas y, en especial, determinar hasta lo más cercano a la realidad las otras realidades del largo conflicto armado que ha lacerado a regiones como el Catatumbo donde las Farc también tuvieron amplia presencia, al igual que en otros lugares de Norte de Santander.

Fuera de eso, resulta  esencial que los asuntos relacionados con asesinatos, desaparición forzada, traslado forzoso de población y otros actos, así como en el Occidente del país, igualmente se haga lo mismo para el territorio nortesantandereano por parte  de la JEP, en cuanto a la actuación de las antiguas Farc, en esta región del país fronteriza con Venezuela.

Esa es la manera de continuar en el sendero de la justicia con el fin de enviar el mensaje a la comunidad de que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no serán evadidos ni dejados cubiertos por el polvillo del olvido ni por la impunidad.

Si hay reconocimiento, y después de realizada la Audiencia de Reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal de Paz para que este imponga una sanción propia, si es el caso, que debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador e implica restricciones efectivas de la libertad y otros derechos.