Treinta años se cumplen hoy del asesinato del director emérito de La Opinión,  Eustorgio Colmenares Baptista, quien el viernes 12 de marzo de 1993 murió a manos de pistoleros al servicio de la guerrilla del Eln que lo atacaron en su casa, hecho que fue declarado posteriormente como delito de lesa humanidad.

Nadie está detenido o condenado, pero en la mesa de negociaciones de paz que el Gobierno Nacional reactivó, en la delegación de ese grupo se encuentran Antonio García y Pablo Beltrán, quienes tienen orden de captura por este crimen, en su calidad de  miembros del Comando Central.

A manera de reflexión, queda el sinsabor de que pareciéramos condenados en Colombia y Norte de Santander a padecer un conflicto armado sin fin, que sigue manteniendo como protagonista al Ejército de Liberación Nacional, que es señalado de financiarse con economías ilegales como el narcotráfico.

En estas tres décadas, desde el homicidio del fundador de La Opinión, esta guerrilla de 2.350 combatientes ha persistido en un plan dirigido contra la población civil con acciones de control territorial, expansión de sus frentes y estableciendo fuerte presencia a lo largo de la frontera colombo-venezolana, en especial en Norte de Santander-Táchira y Arauca-Apure, por ejemplo.

La persistencia de la lucha armada por parte de este grupo que también se encuentra en el Catatumbo y que en el área metropolitana de Cúcuta ha estado enfrascado en ‘guerras’ con la banda criminal el Tren de Aragua, ha marcado a varias generaciones que esperarían o un ‘volantazo’ en esa forma de actuar de este grupo para encaminarse hacia la paz, o de una acción frontal del Estado para derrotarlo militarmente y llevar ante la justicia a sus miembros.

Uno de los oasis para la búsqueda de acuerdos con el Eln empezó en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y se ‘secó’ durante el mandato  del expresidente Iván Duque, luego del atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander y la negativa de la guerrilla de no liberar secuestrados.

No podemos esperar ni otros diez, veinte o treinta años más para que sigamos referenciando muertes de policías o soldados por francotiradores del Eln o detonación de carros-bomba en las carreteras o desplazamientos, asesinatos, reclutamiento forzado y confinamiento de poblaciones por los mal llamados ‘paros armados’.

Ya que el Gobierno Nacional le acaba de reconocer al Eln como “organización política armada rebelde”, ha llegado el momento de retribuirles eso a  los colombianos con una intención real de negociación y no de simplemente ‘dialogar por dialogar’.

¡Ya está bueno de tanta violencia! Está comprobado que esa no es la vía ni para llegar al poder ni para lograr las reivindicaciones sociales. El Eln  tiene que entender que ante el mundo está quedando como un violador del Derecho Internacional Humanitario y por tal motivo, más allá de la buena intención o de las declaraciones, debe confirmar con hechos la cesación inmediata de hostilidades.

Casos como el asesinato de Eustorgio Colmenares, las numerosas masacres, el atentado en que murieron 21 cadetes en la Escuela General Santander y los múltiples atentados contra la infraestructura petrolera que causaron graves y millones daños, entre otros, deben tener  un trato especial dentro de la agenda en los aspectos de víctimas y transformaciones para la paz, porque indudablemente hacen parte de un ataque sistemático contra la sociedad colombiana y sus instituciones y la libertad de prensa.

La justicia debe de estar por encima de todo en esta negociación, porque la impunidad o los atisbos de que no hay una real reparación, reconocimiento o condena dentro de  los procedimientos de una jurisdicción restaurativa fuerte, solo producen frustraciones y más ciclos de violencia.

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