En un laberinto sin fin ha entrado el problema carcelario en Norte de Santander que pasa necesariamente por la misma crisis del sistema en el orden nacional, que ha comenzado a desbordarse con líos de toda naturaleza que conllevan riesgo para la comunidad en los barrios donde están los CAI y estaciones de Policía convertidos en pequeñas y hacinadas cárceles.

Aquí resulta pertinente referenciar un auto de la Corte Constitucional para pedirle al Gobierno Nacional que establezca inversiones como objetivo de acción estatal, un programa de acción concreto y un esquema financiero para superar la crisis en el sistema penitenciario y los centros de detención transitoria en Colombia.

El máximo tribunal desde la sentencia T-153 de 1998  ha venido advirtiendo la existencia de un estado de cosas inconstitucional en las prisiones del país, el cual sigue evidenciándose hoy, 25 años después.

“Persisten los problemas en materia de cupos, así como las deficiencias para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”, es la afirmación que tiene un reflejo en lo que ocurre ahora en Cúcuta y Ocaña, por ejemplo.

Hay muchas lecturas a ese hecho, entre las que se encuentran aquellas que indican que fue muy poco lo que se  hizo a lo largo de ese tiempo mencionado y que hay una desconexión absoluta entre lo que se planteaba de un régimen presidiario que resocializara a los internos, quedando convertidas las cárceles en ‘escuelas del crimen’.

Al fallar lo que se ha venido haciendo  surge la diversidad de opiniones sobre lo más efectivo para tratar este aspecto, que va desde las prisiones autosuficientes que  podrían levantarse en áreas rurales, por ejemplo, donde haya granjas y hasta grandes talleres para la producción y el estudio, donde los reos cultiven en parcelas sus alimentos.

En el otro lado de la balanza aparece la iniciativa del Ministerio de Justicia que, entre otras cosas, busca la descongestión carcelaria que incluye la propuesta de la despenalización del incesto y la inasistencia alimentaria, por ejemplo.

La cárcel Modelo de Cúcuta, según los datos actualizados, registra una sobrepoblación de internos de hasta el 32 %, encontrándose en el listado nacional de los penales con serias dificultades y complicaciones.

Precisamente, la Corte Constitucional señala que la población privada de la libertad en Colombia supera  las 98.000 personas, lo cual significa  un hacinamiento global del 21,34%.

Como no se ha avanzado hacia una nueva  política penitenciaria, esto viene a dar como resultado que el mal afecte a los calabozos de la Policía y de las URI, que no están acondicionados ni mucho menos son celdas para mantener a los internos por tiempo indefinido como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos.

La notificación del Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos y Carcelarios de Colombia de no recibir en la Modelo a más internos, conllevará a que en los centros transitorios el número de detenidos llegue a los 900, generando otro problema que incidirá en la de por sí complicada situación de inseguridad en la ciudad.

Durante el tiempo de la veda declarada para la recepción en la Modelo, la policía tendrá que disponer de más personal para garantizar que estos no se vayan a fugar de dichos reclusorios temporales.

Con este marco de complicaciones en el régimen carcelario, en el cual la corrupción y otros hechos también se dan en abundancia, es indispensable que tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República avancen prontamente y con diligencia hacia el desmonte de los  problemas estructurales que tienen colapsado al sistema penitenciario en Colombia.

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