Un nuevo capítulo podría empezar a escribirse esta semana en la historia de la zona franca de Cúcuta, que desde hace varios años afronta una fuerte crisis económica y comercial.

El nuevo personaje en esta larga novela sería la Cámara de Comercio de Cúcuta, organismo interesado en tomar en arriendo el inmueble, que pertenece al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La Opinión pudo conocer que las negociaciones entre estas dos últimas corporaciones van bastante adelantadas. Tras una primera propuesta hecha por la Cámara a Mincomercio, esta dependencia del Gobierno hizo una contrapropuesta que será presentada y discutida hoy formalmente por la junta directiva del organismo gremial.

La decisión de la junta será conocida el próximo viernes, cuando representantes de las dos entidades se vuelvan a reunir. Mientras esto sucede, se sabe que uno de los puntos en discusión corresponde al costo del contrato durante los primeros meses, teniendo en cuenta que, según los cálculos realizados, la zona franca tiene más gastos que ingresos, por lo que la entidad cameral estaría solicitando una reducción de los pagos mientras se llega a un punto de autosostenimiento económico.

La normalización operacional de la zona económica especial se lograría a través de varias situaciones.

La primera, quizá la más importante, es la facultad que tendría la Cámara de Comercio de Cúcuta de arrendar las bodegas a nuevos usuarios (comerciales, industriales y de servicios), un hecho que no se da desde hace más  de dos años. Al respecto, también se logró establecer que ya hay cuatro inversionistas calificados para ingresar al parque industrial.

Ante este panorama, Sandra Guzmán, directora regional de Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC), resaltó que con la gestión de la Cámara se lograría un trabajo conjunto para la solución de los diferentes problemas que hoy le restan competitividad a la zona franca.

“El problema es que no hemos tenido un usuario desarrollador, que trabaje por el mejoramiento de la infraestructura y que facilite la llegada de nuevos usuarios”, aseguró Guzmán.

Teresa Patiño, uno de los ocho empresarios que están en el régimen franco, explicó que este cambio resultaría muy benéfico para transformar la zona empresarial en un motor de desarrollo “como lo fue hace muchos años”, y facilitaría la discusión “que se tiene que dar en temas como el reajuste de los costos al interior del lugar”, refirió.

El contrato, inicialmente, tendría una duración de dos años.

*Jorge Ríos | jorge.rios@laopinion.com.co