El 15 de abril del año pasado, en el marco de las medidas para atender la pandemia, el Gobierno expidió el decreto 558 de 2020, que permitía que empresas y trabajadores independientes redujeran voluntariamente los aportes correspondientes a abril y mayo al Sistema General de Pensiones, del 16 % al 3 %, buscando dar un alivio económico tras el cierre de la actividad productiva.
La medida, según cálculos de los fondos, habría generado que cerca de 3 billones de pesos se dejaran de consignar. No obstante, el lío llegó luego de que la Corte Constitucional la declarara inexequible en julio, y además, tras siete meses, no se conozca cómo se complementarán estos aportes.
Aunque el Gobierno trabaja en la norma que explicará como deberán proceder empresas y fondos para saldar el aporte de los dos meses correspondientes, la incertidumbre está a la orden del día.
En su momento, Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), propuso como una de las salidas que empresas y trabajadores tuvieran un período de entre 12 y 18 meses “para pagar dichos aportes sin ningún interés de mora”.
Pero ante la tardanza en definir la situación, fuentes desde los fondos aseguraron que es primordial resolverla, sobre todo para responder a quienes están cerca de obtener su jubilación y esperan por las cotizaciones faltantes.
Uno de los que se pronunció oficialmente fue Protección, que aseguró estar atento a las disposiciones del Ministerio de Trabajo en este sentido, para informar oportunamente a sus clientes, e igualmente resaltó que la medida no afecta solicitudes de pensión por invalidez y sobrevivencia “ya que la acumulación de semanas seguía contando a pesar del no pago del aporte”.
Preocupaciones
Andrés Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales (ISP), explicó que el riesgo es muy alto y lo ejemplificó en el hecho de que los afiliados al Régimen de Prima Media (Colpensiones) “con edad para pensión y que les falten ocho semanas para cumplir las 1.300 exigidas por ley, no podrán pensionarse (así se les haya cotizado el 3 % de su aporte para abril y mayo) hasta que el empleador no se ponga al día o el Gobierno no reglamente la situación”.
Igualmente, destacó que se afectarían los afiliados al régimen de ahorro individual “que no alcancen a reunir el capital suficiente para pensión o les falten ocho semanas para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM)”.
Según Izquierdo, se debe pensar en un mecanismo de pago que contemple “cero intereses moratorios, inmediato cargue de semanas en historias laborales de ambos regímenes de quienes hayan realizado el pago sobre el 3 % del aporte y un plazo prudencial de pago para los aportantes”.
Para Lucas Solano, gerente de Gestión Patrimonial de Credicorp Capital, para quienes están en una encrucijada por la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con los aportes pendientes, es ideal que antes de iniciar un proceso legal dialoguen con su empresa sobre qué hacer, pues, al final de cuentas, esta es la que deberá responder.
De su lado, Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la U Rosario, recordó que la medida solo impactó a quienes se acogieron y que, incluso, existe un borrador de decreto publicado por el MinTrabajo que tendría las llaves para solventar la situación.
Dicho texto establece, entre otras cosas, que las cotizaciones complementarias podrían ejecutarse hasta antes del 1 de diciembre de 2023 sin que se genere mora, aunque el plazo se reduciría a seis meses para el caso de trabajadores que estén a dos años o menos de la edad de pensión.
Por lo pronto queda por ver qué medidas tomará el Gobierno para solventar esta dificultad que tiene pensando, sobre todo, a los cotizantes.
