El Tribunal Administrativo de Norte de Santander le dio la razón al municipio en su defensa contra 2 mil 36 demandas  interpuestas  por igual número de maestros del sector público, con las que se pretendía que se les pagara una prima de servicios.

Esto quiere decir que el municipio quedó exento de cubrir, con recursos del presupuesto general de rentas y gastos, dichas pretensiones que estaban calculadas en unos $25.000 millones.

El director de la oficina jurídica del municipio, Mauricio Quintero Gélvez, al ser notificado del fallo señaló que se había dado la lógica trazada por la defensa, tras considerar que no le correspondía al municipio proceder con el pago de la mencionada prima de servicios.

Las demandas se  interpusieron en 2014 y un año después el Tribunal Administrativo de Norte de Santander confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, que negó las súplicas de la demanda.

“Saludamos que el tribunal en su buen saber y entender reconoció la tesis planteada por el municipio, en el sentido de que el régimen impetrado por los docentes para reclamar sus derechos no era aplicable a los organismos de la rama ejecutiva”, dijo Quintero Gélvez.

Según se desprende del fallo, los maestros  habían solicitado la revocatoria de la sentencia de primera instancia en lo que tiene que ver única y exclusivamente con el reconocimiento de la prima de servicios, dejando de lado las demás pretensiones relacionadas con la bonificación por servicios prestados, incremento por antigüedad y la bonificación por servicios.

Asimismo, el apoderado de los maestros José Trinidad Rozo Blanco consideró que está claro que cuando se expidió el decreto nacional 1042 de 1978 fue exceptuado el sector docente de su aplicación, pero en la ley 91 de 1989 se ordenó a la Nación, como entidad nominadora, la continuación del pago de esta prestación.

Ayer, al ser indagado sobre el fallo del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort), Hugo Cárdenas, dijo que aún no conocía información oficial al respecto.

No obstante, señaló que el proceso no culmina ahí, “dado que ahora se enfocará (la pretensión) contra los ministerios de Educación y Hacienda”.

Quintero Gélvez señaló que contra el municipio pesan en la actualidad unas 5 mil 500 demandas, de las cuales 2 mil 36 son por pretensiones de pago de prima de servicio a los docentes.

De mantenerse esta línea de defensa acogida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, “estaríamos hablando en que prácticamente entregaríamos al próximo mandatario casi un 50 por ciento de contingencias saneadas por parte del municipio”, dijo Quintero Gélvez.

Al ser indagado sobre por qué otros conceptos o pretensiones está demandado el municipio, el funcionario enumeró que por nulidad y restablecimiento y acciones contractuales.