El exsecretario de Desarrollo de Cúcuta, Jairo Pulecio, y su exasesor Jorge Parra, actual administrador del centro comercial Las Mercedes, serán llamados por la Procuraduría para corroborar o desvirtuar su participación en la entrega ilegal de un predio de la Alcaldía al finquero Juan José Roa.
El procurador, Alfonso Suárez, dijo además que espera los estudios de la Fiscalía sobre las firmas de los funcionarios con las cuales se entregó a un particular un terreno de 7.35 hectáreas en la vereda San José de la Vega, corregimiento de Buena Esperanza.
El martes, la alcaldía se reunió con Pulecio, Parra y Roa, para conocer el caso e iniciar un proceso de desalojo y determinar si los predios serán entregados a la Asociación de madres cabeza de hogar y a la junta de acción comunal de San José de la Vega, reclamantes de esas tierras.
Las autoridades buscan establecer cómo un finquero tiene desde 2012 invadido un terreno del municipio donde siembra arroz, sin que la Alcaldía lo impida.
Según el concejal Oliverio Castellanos, el caso demuestra que la alcaldía no sabe qué predios tiene ni en qué condiciones están ni si están invadidos o no.
Pulecio dijo que recién asumió como secretario de Desarrollo recibió una denuncia por la invasión de los terrenos desde 2012, pero que cuando se retiró en 2014 nunca más supo del predio.
La falta de presencia institucional, sobretodo en zona rural, revela que las tierras del municipio son un botín del que los avivatos han venido disfrutando.
Castellanos dijo que hace dos años le pidió al subsecretario de Medio Ambiente una relación de todos los predios del municipio, pero no recibió una información concreta.
“Ese inventario que pedí no lo hicieron llegar, allegaron un documento parcial”, dijo Castellanos. “No están cumpliendo con la ley”.
El alcalde, Donamaris Ramírez, dijo por su parte que ordenó investigar el caso, en razón a que se presume una falsedad en documentos públicos.
La investigación será adelantada por la oficina de Control Interno Disciplinario.
El alcalde dijo que él no coordina la contratación del municipio, y por lo mismo no tiene conocimiento sobre el tema ni ha dado orden alguna para arrendar un predio.