Pese a la política pública territorial, los casos de violencia contra las mujeres trans en Colombia siguen vigentes. El informe “Hasta que nos escuchen” presentó una radiografía de la discriminación, persecución y condiciones desiguales que vive la población LGTBIQ+ en Norte de Santander. Carlos Andrés Muñoz López, autor del escrito y profesor de la Universidad Simón Bolívar, contó de qué se trata.

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Contribuir a la construcción de la paz en Colombia desde la preservación de la memoria y la reivindicación de derechos de poblaciones vulnerables, es uno de los propósitos del informe “Hasta que nos escuchen”, liderado por Carlos Andrés Muñoz López, profesor y director del Semillero de Investigación en Prácticas Sociohumanísticas (Sipras) de la Universidad Simón Bolívar.

Parte de los resultados del estudio se encuentran en el “Informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición”, el cual “contribuye al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano, al ofrecer una explicación amplia de la complejidad de este”, según reseña la plataforma digital de esta entidad en el capítulo “Mujeres y personas LGTBIQ+, vidas en re-existencia”, sección “Mi cuerpo es la verdad”. Allí se narra bajo el título “La verdad es arcoiris”, las historias de persecución de esta población por parte de la guerrilla, los paramilitares, la fuerza pública y otros actores del territorio colombiano.

Además de la Comisión de la Verdad, el documento también fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), diferenciando las conclusiones de acuerdo con cada uno de los organismos, tomando como base las condiciones de las mujeres trans, población delimitada en Norte de Santander que ha sido víctima de múltiples formas de violencia, pese a la existencia de políticas públicas que promueven la defensa de sus derechos y el reconocimiento de la igualdad. 

Dentro de los resultados, Muñoz López, explicó que, “entre 1988 y 2017, fueron asesinadas en el centro urbano de Cúcuta 21 mujeres trans, al parecer en el marco del conflicto armado interno, por unos patrones y asesinatos muy similares enmarcados en lo que llamamos ‘violencia por prejuicio’”.  

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Este tipo de violencia puede evidenciarse desde pequeñas manifestaciones hasta asesinatos, tal como lo refiere el profesor de la Unisimón, quien añadió que “es el juzgar, señalar, oprimir o eliminar cuerpos por el hecho de simplemente ser ellas mismas; algunas han sufrido rechazo familiar, educativo, institucional, violencia y amenazas previas. Podríamos decir que fueron muertes anunciadas”. 

Una de las citas del Informe Final de la Comisión de la Verdad, señala que “en 2008, los asesinatos a causa de las mal llamadas ‘limpiezas sociales’ persistieron. La Comisión supo que en la zona urbana de Norte de Santander tuvo lugar el homicidio de una pareja homosexual, Arley Alfonso Velásquez y Marco Tulio Tagorga, quienes recibieron impactos de arma de fuego”. 

Joan Antonio Rodríguez, defensor de derechos y activista LGTBIQ+, indicó que el estudio permitió hacer seguimiento a cada uno de los asesinatos cometidos contra las mujeres trans, al establecerse contacto con las familias o conocidos para tener claridad en torno a lo que sucedió luego del hecho. Así mismo se pudo establecer en el documento, que las mujeres trans fueron estigmatizadas al estar asociadas a la prostitución y delincuencia; y en otros casos, la violación de sus derechos se produjo al obligar a las mujeres lesbianas a tener hijos con los agresores y accederlas sexualmente. 

La Defensoría del Pueblo, en un informe del 20 de noviembre de este año, señaló que “los principales hechos denunciados por la población transgénero son la violencia psicológica, con 122 registros; seguidos de 74 casos de violencia física, 21 de violencia sexual y 25 de violencia económica. Las regiones donde se han registrado las mayores atenciones son Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó, Bogotá, Magdalena y Boyacá”. 

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A Karla Torres, sus amigas de la Fundación de Personas Trans (Asotransnor) la recuerdan en un video publicado en redes sociales al conmemorarse un año más de su fallecimiento, como “una mujer trabajadora que quería cumplir sus sueños; ayudaba mucho a su mamá, porque su papá la dejó cuando eran niños y ella era la que respondía en casa por sus hermanos”. 

Fue asesinada el 1 de diciembre del 2017 en Cúcuta y con ella se fue una parte de Yamile Torres, su mamá, quien no quisiera que llegara el fin de año porque era la fecha de su cumpleaños, un 24, y al mismo tiempo, el mes de su trágica partida. En medio de su dolor, invita a las madres de mujeres trans a que las acepten como son, las escuchen y no las rechacen, “mientras que yo viva y ellas (las mujeres trans) me necesiten, yo siempre estaré ahí apoyándolas”. 

Más equilibrio entre políticas públicas y presupuesto

El informe “Hasta que nos escuchen” se realizó a través de una consultoría con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y el apoyo de la Corporación Movimiento Visibles, organización que desde el 2020 ha fortalecido su interacción con la administración pública de Norte de Santander y la sociedad, liderando el tema de la convergencia en la paz, el legado de la Comisión de la Verdad y la reivindicación de la población vulnerable, estableciendo puentes con la institucionalidad.

La política pública, entendida como el conjunto de lineamientos que se establecen entre el Estado, instituciones y sociedad, está considerada como una carta de navegación para un determinado territorio nacional, regional o municipal; “es esencial por parte del Estado en el cumplimiento de sus funciones. Pero va más allá de un simple instrumento, dado que es un canal por el que se dan interacciones entre el Estado y la sociedad”, señalaron Jaime Torres Melo y Jairo Santander, autores del libro ‘Introducción a las políticas públicas’.  

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El Plan de Desarrollo “Más oportunidades para todos” de Norte de Santander, durante el cuatrienio 2020-2023 viene implementando “Más oportunidades para la mujer y la diversidad de género”, el programa de acciones con población con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD-LGBTI), a través de seis subprogramas enfocados a la participación de esta comunidad en políticas públicas, educación incluyente, salud, cultura, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, así como en asociaciones y actividades de prevención de la violencia. 

Pese a estos esfuerzos locales y a nivel nacional, el reporte de hechos violentos contra la población LGTBIQ+ continúa. 

“La política pública se vive en la garantía efectiva de los derechos y esto implica presupuesto y planeación. Las políticas públicas no son un documento. Hace falta mirar la forma de coerción y dinamización de cada una de las entidades involucradas y, por lo tanto, garantía también en el presupuesto”, señaló Muñoz, al considerar también, con relación al acceso de la población LGTBIQ+ a los lineamientos estatales, que “se ha dificultado la materialización de éstas. Pese a que la construcción teórica de los documentos de las políticas públicas ha aumentado en su participación, aún en la implementación, hay una deuda muy grande”. 

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo aseguró que “es inaceptable que se sigan cometiendo actos de violencia y asesinato contra esta población por el solo hecho de existir. Cuando se comente un homicidio y un feminicidio en razón a la identidad y expresión de género de la víctima, no es una situación aislada, es la conclusión de toda una vida de violencia y discriminación”. 

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En Norte de Santander la realidad económica, social, política y cultural para esta población tiende a ser más compleja por la naturaleza de una frontera en la que convergen todos los aspectos. “La convivencia con el vecino país hace que cualquier panorama en Cúcuta tenga que verse también con Venezuela y la garantía de derechos a esta población en los últimos años ha aumentado; sin embargo, todavía están pendiente muchos avances en torno a la discriminación y a las oportunidades laborales y de salud”, añadió el profesor Carlos Andrés Muñoz López.

Gabriela Chacón, directora del Observatorio de Género sobre Violencia en Norte de Santander, informó a la revista Semana el 18 de agosto del 2022, que, de los 830 casos de personas víctimas de violencia basada en género, el 24% corresponde a población LGTBIQ+ con hechos como feminicidios y violencias sexuales, siendo el paso fronterizo uno de los ejes territoriales donde se evidencia la mayor crisis social que actualmente es atendida por organizaciones internacionales.

En Cúcuta, la construcción participativa de la política pública para la población LGBTIQ+ se realiza con el aporte de diferentes colectivos; uno de ellos, Asotransnor, fundación adscrita a la Secretaría Departamental de la Mujer y la Secretaría de Género de Cúcuta, brinda capacitación en “derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, orientación sexual, identidad de género, normatividad, aplicación de políticas públicas, creación y manejo de organizaciones de base comunitaria, creación de redes, prevención de ITS, VIH/SIDA, estigma y discriminación, enfoque diferencial (LGBTI), violencia basada en género”, de acuerdo a la información publicada en el portafolio de servicios, en la que también se resalta el acompañamiento en trámites legales, divulgación de campañas y fortalecimiento institucional.

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Trabajo articulado con la academia

El informe “Hasta que nos escuchen” permitió además, que los estudiantes vinculados al semillero SIPRAS participaran en el I Concurso Internacional de Ponencias para Estudiantes de Pregrado Hechos y Pruebas en el Derecho, organizado por la Universidad de Santander (UDES) y el Instituto de la Prueba y Ciencia de los Hechos en Cúcuta y obtuvieran el primer puesto con la investigación ‘Aspectos psicológicos para el desarrollo del concepto de cuerpos no identificados por prejuicios en muertes de mujeres trans: Una propuesta para dinamizar el derecho probatorio en el sistema integral para la paz, presentada por los universitarios Juan Sebastián Serna Meza, de Derecho; Ana Sofía López Contreras y Juliana Andrea Sequeda, de Psicología.

Este semillero que agrupa estudiantes de los programas Psicología, Derecho y Trabajo Social, bajo los lineamientos del Departamento de Ciencias Básicas, Humanas y Sociales, investiga desde la línea Unisimón Diversa, además de problemáticas de la población LGTBIQ+, habitantes de calle y derechos de los animales. “En temas de habitantes de calle y población LGTBIQ+ hemos gestionado alianzas con organizaciones, invitarlos a nuestro semillero y proyectar acciones; hicimos encuestas, eventos, entrevistas, presencia en redes sociales, interacción, preparación de concursos, así como estructuración de productos de investigación que se van a profundizar en el 2023 y 2024”, puntualizó el profesor Muñoz. 

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