Las tutelas que buscan tumbar el inicio del proceso de liquidación judicial del Cúcuta Deportivo se han vuelto protagonistas en este caso que tiene en vilo a miles de hinchas rojinegros que aún esperan el regreso de la institución fronteriza. 

Tres han sido instauradas en contra de la Superintendencia de Sociedades, entidad que decretó el inicio del proceso, y en las tres le han dado la razón. 

Dos acciones constitucionales fueron interpuestas por Iván Abreo, un socio minoritario del equipo por medio del jurista Édgar Cortés, bajo el reclamo de violación al debido proceso y tanto el Tribunal Superior de Bogotá como el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá decidieron negarlas al no hallar violaciones en el auto del 11 de noviembre, en el que se decretó el paso del proceso de reorganización empresarial al de liquidación judicial. 

Ahora el turno fue para José Augusto Cadena, expresidente de club, quien delegó al abogado Iván Acuña para presentar una tutela con el mismo fin que las otras dos anteriores: parar el proceso. En ella, reclamaban que no se concedió otra instancia a la hora de tomar la decisión, que se vulneraba el debido proceso, la seguridad jurídica y la defensa. 

Esta vez, el Tribunal Superior de Bucaramanga volvió a darle la razón a la Supersociedades y decidió negarla. 

¿Vulneración al debido proceso?

En la tutela de Cadena, los tres magistrados del Tribunal Superior de Bucaramanga descartaron que el auto de 11 de noviembre fuera “producto de un acto arbitrario o caprichoso”. 

A su vez, argumentaron este veredicto en que la Supersociedades actuó “de acuerdo a criterios completamente razonables”. Con ello, se refieren a que Cadena incumplió lo estipulado en el proceso de reorganización empresarial en el que el Cúcuta estaba inmerso desde 2013. 

¿Cómo lo incumplió? Al no pagar sus obligaciones a los distintos acreedores del proceso, demostrado en las diferentes quejas y denuncias instauradas ante la misma Superintendencia.

Con esto y como lo estipula la Ley 1116, era razón de peso y articulada, para dar por terminado el acuerdo de reorganización y dar la apertura al de la liquidación.

“El deudor no acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los acreedores en la forma convenida”, reza un aparto de la sentencia subrayando que “las decisiones acusadas no merecen ningún reproche”. 

¿Por qué no se concedió la doble instancia? 

Acuña reclamaba en su tutela que la Supersociedades no le permitió una segunda instancia al proceso, incumpliendo algunos tratados internacionales en los que está inmiscuidos Colombia. 

El Tribunal respondió que no en todos los casos ocurre la doble instancia, puesto que “en la propia Constitución consagra excepciones” dentro de algunos procesos en el cual está incluido los de la reorganización empresarial. 

Por consiguiente, resolvió “Negar la acción de tutela formulada a través de apoderado por José Augusto Cadena en representación del CÚCUTA DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. contra la Superintendencia de Sociedades, asunto al que se vinculó de oficio a todos los intervinientes del proceso de reorganización empresarial que adelanta la sociedad aquí accionante”.

Es necesario recordar que antes de ir al Tribunal Superior de Bucaramanga, la tutela estuvo en el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá quien le recordó a Cadena que el único representante legal de la institución deportiva es el liquidador Arturo Acosta Villaveces.

En las pretensiones, le había pedido al Juzgado aplazar el campeonato nacional para evitar un daño irremediable, medida que fue igualmente negada.

¿Ruptura entre Cadena y Acuña? 

Curiosamente Iván Acuña borró una publicación en su cuenta de Twitter en la que afirma que “Decidí asumir defensa Cúcuta Deportivo ante liquidación judicial ordenada por la Superintendecia de Sociedades y suspensión de derechos deportivos decretados por el Ministerio del Deporte. Espero justicia nos dé la razón por el bien del fútbol y de la ciudadanía cucuteña”.

Este hecho, juntado a la pérdida de la tutela, abrió las posibilidades de una ruptura entre el jurista y Cadena, que en sus redes sociales asegura estar trabajando en revertir la situación que vive hoy la empresa de la que fue accionista mayoritario desde finales de 2013. 

“Yo soy el más perjudicado con esta incautación que se le hizo al CD”, calificó en sus redes. 

 ¿ Y ahora?

Desde el 29 de octubre del 2020, el Cúcuta Deportivo se encuentra sin reconocimiento deportivo por el no pago de las obligaciones laborales con algunos empleados entre el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de agosto del 2019. 

Para levantar esta suspensión ante el Ministerio del Deporte, el liquidador Arturo Acosta Villaveces tendrá que pagar una suma cercana a los 130 millones de pesos. 

“Eso no asusta a los empresarios cucuteños. Van a ser unos dineros fáciles de conseguir”, dijo el liquidador a inicios de diciembre en su visita a Cúcuta. 

Ya con tres fallos a favor de la Supersociedades, los hinchas motilones esperan recibir noticias positivas que vayan esclareciendo el camino para para retornar al Fútbol Profesional Colombiano (FPC). 

Con reconocimiento en su poder, el liquidador tendrá que ir ante la Dimayor para que lo afilien nuevamente tras haber sido expulsado el 25 de noviembre, a pesar de sus 95 años de historia y ser un socio fundador. Situación con un panorama complejo. 

“A la Dimayor no podemos mirarla como un enemigo. Tendremos que saber venderle al Cúcuta, con un gran activo que son los más de 30 mil aficionados. En el mundo empresarial, los hinchas son un mercado”, expresó el representante legal del equipo a finales de 2020. 

“Esto no es de la noche a la mañana. Tenemos que darle un espacio de tiempo. Le pido a la afición mucha, mucha paciencia”, añadió.