El imparable avance de la criminalidad que viven las ciudades colombianas no es otra cosa que un colapso generalizado en la seguridad ciudadana. Ya no es una situación coyuntural o que afecta a un puñado de “ciudades peligrosas”. Las capitales han experimentado un incremento sin pausa en los delitos y actos violentos que afectan de manera directa a los colombianos del común. No vacilo en clasificar esta situación como una crisis social tan grave como lo son el desempleo y la COVID-19. Crisis que solo ahora, cuando no existe familia en nuestro país que no haya sido víctima de los delincuentes, despierta las alarmas tardías de un gobierno que ha sido indiferente e insensible a esta tragedia que cada día arruina la vida de miles colombianos.
La coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad ciudadana ha sido un caos absoluto. No hablan el mismo lenguaje y las rivalidades internas e inter-institucionales impiden la colaboración armónica entre ellas. La ausencia de exigencia, firmeza, y liderazgo, por parte del presidente de la República, ha creado un ambiente de desorden, desobediencia y politización en las filas de la policía y las fuerzas militares que se traduce en ineficacia y en graves fallas en el cumplimiento de sus obligaciones. Iván Duque prefiere lavarse las manos señalando a los alcaldes y gobernadores, desconociendo que la tranquilidad ciudadana es su principal obligación constitucional, como comandante en jefe de las fuerzas armadas.
El resultado que estamos viviendo tiene sus raíces en el hecho que este gobierno no tiene una verdadera política criminal. Las instancias de coordinación entre la rama judicial, la Fiscalía General, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y las autoridades locales son totalmente disfuncionales. La orientación y las directrices del Consejo Nacional de Política Criminal son un sartal de lugares comunes. En vez de estructurar una política de seguridad ciudadana integral la única idea que repiten como mantra mágico, que confirma la ausencia de innovación y profesionalismo, es la de militarizar las calles o incrementar el pie de fuerza, sin entender las verdaderas causas estructurales y sociales de lo que ocurre.
No se ha hecho ningún esfuerzo para modernizar la legislación penal para que la impunidad estructural de la justicia pueda ser superada. Mientras los jueces encuentren que la ley les permite la salida fácil de liberar implicados en vez de procesarlos, las calles estarán llenas de reincidentes, aumentando la ira y el escepticismo ciudadano. Y con un Fiscal más preocupado por su imagen y por boicotear candidatos que por darle verdadero y eficaz seguimiento a las denuncias de los ciudadanos, los crímenes que afectan a la gente de carne y hueso permanecerán en absoluta impunidad. Y lo peor es que la inseguridad a los que más golpea es a los más pobres, agravando las desigualdades sociales.
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