Parte de los efectos del denominado ‘cambio climático’ tienen que ver, según especialistas en la materia, con todos los cambios en los regímenes de lluvia y de calor, el calentamiento global, los deshielos progresivos y demás fenómenos –incluidos los que se conocen como los fenómenos del niño y de la niña-.  

Pero muchos de los desastres y riesgos ambientales que se viven en países como el nuestro, están relacionados con los procesos de poblamiento y ordenamiento del territorio, deforestación desordenada y por supuesto la incapacidad de autoridades de distintos niveles –nacional, regional y local- de lograr que se imponga un orden, ojalá concertado, que tenga como centralidad la protección de la vida.

Con toda esta crisis ambiental que estamos viviendo, pero que es una reiteración agravada de lo sucedido en años anteriores: una parte del año por las lluvias y sus efectos de inundaciones, salidas de sus cauces de ríos y quebradas, daños en las unidades productivas agropecuarias, derrumbes, daños y afectación de vías, destrucción de viviendas, pérdida de vidas humanas; otra parte del año por sequías intensas y los efectos de allí derivados. Y esto lo hemos visto y lo han vivido –sufrido- especialmente los sectores más desfavorecidos del mundo rural, pero también quienes habitan y mal viven en las áreas periféricas de las grandes y medianas ciudades. El Presidente Petro habló esta semana de setecientos mil damnificados, pero seguramente la cifra es superior.

¿Y cuál ha sido la respuesta de los distintos gobiernos?

Tradicionalmente atacar las consecuencias del problema. Atención de emergencia a los damnificados y sus familias –alimentos, kit de sanidad, solución de urgente de viviendas transitorias, etc.-, que por supuesto hay que hacerlo. Pero el gran interrogante es ¿cuándo se va en serio a tratar de trabajar sobre las causas? Es decir, cuando va a existir una política de Seguridad Ambiental, no sólo en documentos de política pública, sino como planes y programas de implementación de los gobiernos a los diversos niveles territoriales.

Que se requiere un ordenamiento territorial tomando como base el agua y los cauces de los ríos, dicen unos, bueno hay especialistas que saben del tema o como dirían hace un tiempo ‘doctores tiene la Santa Madre Iglesia’, pero lo que es impostergable es que se haga y en serio, más allá de las discusiones teóricas. Tampoco es útil iniciar con una atribución de culpas, porque es evidente que en esto han tenido responsabilidades los distintos gobiernos, pero lo real es que el actual gobierno, si bien no tiene responsabilidades por el pasado, sí la tiene de prevención hoy formulando y ejecutando buenas políticas públicas y liderar con los gobiernos territoriales, los actuales y los que se elijan el próximo año, para que haya una acción coordinada de los distintos niveles de la administración pública.

Así como es fundamental que se diseñe, dentro de las políticas de seguridad del actual gobierno, un componente importante de Seguridad Ambiental –dentro de lo que debe concebirse como una Seguridad Integral- y destinar de manera permanente unidades de la Fuerza Pública, quizá una brigada de la misma, para colaborar en la atención y apoyo a las poblaciónes que sean afectadas por los efectos de estas crisis ambientales –sin pretender por supuesto, que esto supla la necesaria tarea de mediano plazo de atender a las causas estructurales del problema- y tratar que una parte sustancial del denominado ‘servicio social’ de estudiantes universitarios se oriente a la atención en terreno de la población afectada –esto a su vez sería la mejor educación ambiental posible, en terreno-.

Ojalá este gobierno del cambio, realmente empiece a ponerlo en marcha en este importante frente.