Las medidas de salud pública en el mundo para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 provocaron efectos indeseados en la economía y en el empleo, Colombia no fue la excepción.

Ante esta situación el gobierno nacional creó en 2020, el Fondo de Mitigación de Emergencias y definió fuentes y montos de recursos orientados a financiar el sistema de salud con la dotación de equipos, salas de cuidados intensivos, insumos, asignaciones salariales para el personal hospitalario y la compra de vacunas que paulatinamente se ha ido avanzando en el cubrimiento de la población.

De igual forma, el gobierno central creó una línea de crédito con garantías para la financiación del sector privado, unido a un subsidio a la nómina por medio del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Como medida complementaria el gobierno hizo las asignaciones presupuestales recurrentes y transitorias para financiar los programas sociales, incluyendo las transferencias por devolución del IVA e Ingreso Solidario.

Como complemento el Banco de la República redujo sus tasas de intervención y usó otros instrumentos de política monetaria para inyectar mayor liquidez a la economía.

Sin embargo, tales medidas de políticas expansivas en el frente fiscal y monetario aunque necesarias, fueron insuficientes.

Los expertos y los estudios evidencian que sin tales medidas remediales, la situación hubiese sido peor.

Un análisis ex post muestra que la parálisis y el posterior deterioro de la economía generaron serios problemas de liquidez y de sostenibilidad empresarial, que se transmitió a los mercados laborales de Colombia, mediante una combinación de alto desempleo con un crecimiento de la informalidad.

A nivel general, las empresas medianas y grandes dada sus fortalezas financieras y con el apoyo del PAEF salieron avante, mientras los efectos más dolorosos lo sintieron las micro y las pequeñas empresas; muchas de ellas, sobrevivieron o quebraron llevando consigo a una pérdida irrecuperable de ingresos y del patrimonio de muchas familias colombianas.

Los datos del DANE evidencian que en 2020, la pobreza monetaria se desbordó junto con la desigualdad y hoy presenciamos un estallido social en el país que moviliza a la gente, especialmente, jóvenes, mujeres, comunidades étnicas y diversas. El detonante fue el proyecto de reforma tributaria y una retórica gubernamental desconectada de la realidad.

En este contexto, en 2021 el gobierno central ha perdido capital político y sobre todo legitimidad. En medio de esto, surgen las protestas y las movilizaciones pacíficas; la gente reclama oportunidades económicas y sociales. En su mayoría son familias, jóvenes y mujeres que lo perdieron todo, hasta la salud mental, algo incomprendido en Colombia.

A esto se suman las movilizaciones de estudiantes, profesores, sindicatos, las organizaciones sociales, campesinas e indígenas, dado el estado de cosas.

No menciono los hechos violentos y actos vandálicos porque hay que diferenciar entre éstos y las protestas ciudadanas, luego, su tratamiento debe ser distinto.

Luego, el gobierno central tiene la obligación constitucional de preservar la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Para ello, es necesario, el dialogo asertivo, escuchar no para responder, ni para calificar y muchos menos para dividir, sino para comprender, para ceder, acordar y actuar de forma legal, sobre todo para actuar legítimamente, lo que implica responder a las necesidades y solucionar los problemas económicos, sociales y de salud mental que enfrentan las familias colombianas.

Muchas veces la legitimidad de un gobierno se socava sin mayor esfuerzo, cuando en el discurso se dice una cosa (en campaña) y en la práctica (gobernando) se hace lo contrario.

Finalmente, esto no es solo una incoherencia, sino el inicio y el desarrollo de su propio fracaso, ya que la gente se cansa.

*Docente e investigador de la Universidad Libre (Seccional Cúcuta), en Twitter: @jramiz17